Tras el fallo judicial que rechazó su demanda de amparo contra Ositrán, Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Megapuerto de Chancay, confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional. La empresa sostiene que la decisión afecta el marco jurídico bajo el cual realizó su inversión y, por ello, buscará que el máximo intérprete de la Constitución revise el caso.
En un comunicado, Cosco aclaró que la controversia no busca impedir la supervisión del Estado dentro del puerto. Según explicó, la disputa se centra únicamente en las facultades que ejerce Ositrán, mientras que las demás entidades públicas continúan desempeñando sus funciones con normalidad.
"CSPCP ha recurrido a instancias judiciales para hacer valer sus derechos específicamente en relación con la supervisión de Ositrán. Esto no afecta en modo alguno a la plena autoridad del Estado para ejercer supervisión e inspección en todos los aspectos operativos, ambientales, tributarios, entre otros", señaló la empresa.
La operadora recordó que en el terminal mantienen presencia instituciones como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección Antidrogas (Dirandro), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Policía Fiscal, Migraciones y las autoridades sanitarias, cada una dentro de sus respectivas competencias.
Megapuerto de Chancay: Cosco sostiene que la supervisión excede lo previsto en la ley
En el documento, la empresa reiteró que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay tiene una naturaleza completamente privada y opera bajo un esquema de libre competencia. Desde esa posición, considera que la supervisión planteada por Ositrán va más allá de las atribuciones que le otorga la Ley del Sistema Portuario Nacional.
Asimismo, advirtió que la decisión judicial podría tener implicancias que trascienden el caso en particular, al modificar las reglas bajo las cuales se concretó la inversión del proyecto.
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"Una sentencia de esta naturaleza afecta no solo aspectos funcionales y financieros, sino también el marco jurídico en el que los inversionistas confían", sostuvo Cosco en el comunicado.
La compañía consideró que la sentencia no abordó el fondo de la controversia. A su juicio, quedaron sin analizar aspectos como el marco legal vigente cuando se realizó la inversión y las funciones que corresponden a las distintas entidades del Estado en el terminal.
El caso continuará en el Tribunal Constitucional
Con este pronunciamiento, Cosco ratificó que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, donde espera que la controversia sea revisada de manera integral.
La disputa comenzó cuando la empresa cuestionó las facultades de supervisión de Ositrán sobre el Megapuerto de Chancay. No obstante, la Segunda Sala Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo, decisión que ahora buscará revertir en esa instancia. Mientras el proceso continúa, Cosco reiteró su compromiso de cumplir la normativa peruana y mantener la operación del terminal bajo estándares internacionales, pues considera que el puerto contribuirá a impulsar el comercio exterior del país.
Fuente: larepublica.pe
