Keiko Fujimori ha sido proclamada presidenta del Perú. En materia de derechos humanos, el fujimorismo y su lideresa han dejado clara su posición respecto de los organismos y tratados internacionales. "Dejar la CIDH me parece importantísimo", escribió Fujimori en uno de los mensajes filtrados del chat ‘La Botica’ en 2018. Si bien su plan de gobierno no plantea esa posibilidad, la ahora presidenta no parece haber cambiado de postura. "Si hay que salir de la Corte IDH, lo haremos", afirmó durante el debate presidencial.
De acuerdo con información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Perú es el Estado con mayor cantidad de sentencias dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El país acumula más de 60 fallos y solo tres han sido archivados por cumplimiento total, es decir, menos del 5%. Asimismo, nueve casos permanecen actualmente en trámite ante la Corte IDH, aún sin sentencia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que solo en 2025 recibió 233 peticiones relacionadas con el Perú. Además, ese mismo año remitió dos casos a la Corte IDH. El país mantiene una participación constante dentro del sistema interamericano y continúa entre los Estados con mayor cantidad de denuncias.
A ello se suma que Fujimori no llega sola al poder. Detrás de la figura presidencial se encuentran dirigentes y congresistas cuestionados por su postura frente a los derechos humanos. Entre discursos centrados en el endurecimiento de la seguridad ciudadana e iniciativas que han sido observadas por contravenir estándares internacionales, Fuerza Popular arrastra un historial que ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la protección de los derechos fundamentales.
Para Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el fujimorismo no mantiene una agenda saludable para el tratamiento de los derechos humanos en el país: "Estamos viviendo un momento político en el cual hay varios asuntos de derechos humanos que no están resueltos. No es admisible que alguien que haya llegado al poder no tenga una posición al respecto. Me refiero a su plan de gobierno y a su discurso en debates. Creo que el fujimorismo tiene un discurso práctico y quien la representa mejor es Rospigliosi."
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La Corte IDH: el laberinto de Fujimori
Entre los casos que permanecen en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia se encuentran procesos emblemáticos como los de La Cantuta y Barrios Altos. Ambos, originados durante la dictadura de Alberto Fujimori, figuran entre los expedientes más representativos del Perú ante el tribunal internacional.
En relación con ambas matanzas ocurridas en la década de 1990, la Corte IDH publicó el 3 de septiembre de 2025 una resolución en la que exhortó a jueces y autoridades peruanas a abstenerse de aplicar la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, con excepción de los casos de terrorismo y corrupción. Esta legislación —la Ley N.° 32419— contó con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.
Al igual que en este caso, durante 2025 la Corte IDH emitió más de 20 resoluciones relacionadas con la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado peruano.
Además de los casos La Cantuta y Barrios Altos, la supervisión comprende procesos vinculados con las esterilizaciones forzadas de la década de 1990, como el caso Celia Ramos vs. Perú, así como casos sobre derechos de las personas LGBTI, entre ellos Azul Rojas Marín vs. Perú.
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Una salida complicada y poco efectiva
El principal antecedente para Keiko Fujimori sobre un intento de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra en la dictadura de su padre. En 1999, Alberto Fujimori intentó retirar al país de la competencia de la Corte IDH con "efectos inmediatos". La decisión se produjo mientras el tribunal internacional evaluaba los casos La Cantuta y Barrios Altos, que ya comprometían seriamente a su régimen. Sin embargo, el intento fue cuestionado por diversos vicios legales y no prosperó.
¿Qué tendría que hacer un gobierno fujimorista para concretar la salida del Perú del Sistema Interamericano? El artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —también conocida como Pacto de San José— establece que la denuncia del tratado requiere un preaviso de un año.
Por otro lado, la Constitución peruana dispone que, cuando un tratado afecta disposiciones constitucionales, su aprobación debe seguir el mismo procedimiento previsto para una reforma constitucional. Si se opta por la vía que prescinde del referéndum, la reforma debe ser aprobada por cada cámara en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los dos tercios del número legal de sus integrantes en ambas oportunidades.
Fuerza Popular contará con 41 diputados de un total de 130 y 22 senadores de 60. En ambos casos, el partido de Fujimori necesitaría el respaldo de otras bancadas que, hasta el momento, no se han pronunciado a favor de una eventual salida del sistema interamericano. El escenario se presenta complejo. Además, aun cuando el Perú denunciara la Convención Americana, las sentencias emitidas previamente por la Corte IDH seguirían siendo obligatorias para el Estado. Del mismo modo, el tribunal conservaría competencia para conocer hechos ocurridos antes de la denuncia del tratado.
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Francesca Chocano, especialista legal de la Universidad de Palermo, anota que esta salida traería consecuencias negativas incluso fuera del terreno de los derechos humanos: "El mensaje es el de alinearse con estados que ya han roto el sistema: Venezuela y Nicaragua. Esto tiene un costo reputacional, inclusive más allá de los derechos humanos: afecta a la credibilidad del país en materia de seguridad jurídica frente a empresas, inversores y socios comerciales que pueden leer la salida del tribunal internacional como algo propio de un país impredecible."
Para Chocano, la tensión entre las iniciativas impulsadas por Fuerza Popular y la necesidad de preservar la legitimidad internacional del Perú podría traducirse en un dilema especialmente sensible para el gobierno entrante: "Fuerza Popular votó a favor de las leyes de amnistía y prescripción, y su plan de gobierno enfatiza el respaldo irrestricto a policías y FF.AA. Eso configura un incentivo objetivo, no una predicción. Fujimori también llega con interés en legitimidad internacional y estabilidad económica, que juegan en sentido contrario. A lo que debemos estar atentos hacia dónde se mueve esa tensión entre el incentivo familiar-partidario y el costo internacional-económico. Esperemos que se mueva hacia un lugar que genere predictibilidad jurídica y que proteja los derechos humanos de los peruanos y peruanas"
Por su parte, Rivera señala que los efectos perjudiciales serían mucho mayores ante esta eventual salida: "Puede que eso sirva para lograr cierta legitimidad en la base social y para que a nivel internacional parezca que se marca una pauta en medidas de esta índole. Pero de darse la iniciativa, se plantea un conjunto de escenarios que, en suma, son negativos para los derechos humanos en el Perú y la institucionalidad democrática".
El abogado recuerda que, si bien las sentencias seguirán siendo vinculantes, millones de ciudadanos perderían un fuero al que acudir en casos de total injusticia nacional: "El escenario más grave es que la gente no tendrá un mecanismo de protección de sus derechos y eso generará una situación de indefensión en millones de personas."
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Alfiles e iniciativas
En declaraciones a la prensa, Marco Miyashiro, virtual senador de Fuerza Popular y uno de los nombres mencionados para asumir el Ministerio del Interior en un gobierno de Keiko Fujimori, reveló que la presidenta le ha encargado trabajar junto con figuras como Fernando Rospigliosi.
Rospigliosi, actual presidente del Congreso, no solo comparte la posición de Fujimori respecto de una eventual salida del Perú de la Corte IDH. El virtual senador también ha sido uno de los principales impulsores de iniciativas cuestionadas por su posible impacto sobre los derechos humanos, entre ellas la ley de amnistía para policías y militares y la reciente norma que permite que efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no sean juzgados por la justicia ordinaria en determinados casos.
Como referente en materia de seguridad, Rospigliosi también ha promovido proyectos orientados a ampliar la protección legal de los agentes del orden. Figura entre los autores del Proyecto de Ley 13084, actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que propone eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que hayan causado lesiones o muertes durante el ejercicio de sus funciones, siempre que se acredite que actuaban en servicio. Asimismo, la iniciativa plantea extender ese beneficio a los efectivos investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023.
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Otro de los nombres mencionados por Miyashiro fue el virtual senador Carlos Tubino, quien integró el Congreso entre 2011 y 2019 por Fuerza Popular. Más allá de su trayectoria en temas de seguridad, Tubino fue identificado como una de las figuras más conservadoras del Parlamento durante la década de 2010. En 2013 fue duramente cuestionado por difundir mensajes considerados ofensivos y discriminatorios contra la población LGBTI. Con su regreso al Congreso, la agenda conservadora en materia de diversidad vuelve a perfilarse como uno de los temas que marcarán el próximo quinquenio.
Rivera señala que la actuación de estas figuras se enmarca en un espiral de irrespeto a la memoria y a la justicia nacional: "Ha habido una estrategia de parte del fujimorismo. Es algo que ha tenido un desarrollo paulatino cuando en agosto de 2024 se dio la ley de prescripción, en agosto de 2025, la de amnistía y esto, junto a otras disposiciones, como la toma del Lugar de la Memoria (LUM), apunta de manera directa a disolver el asunto relacionado al tema de DD.HH. y sobre todo, al asunto de justicia. Me parece que eso es un tema sustancial en la agenda fujimorista."
Fuente: larepublica.pe
