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España ha recibido más de un millón de solicitudes de inmigrantes que buscan acogerse al proceso de regularización extraordinaria que ha emprendido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos dos meses.
Dos tercios de los pedidos proceden de personas de origen latinoamericano y el país con más solicitantes fue Colombia, con el 26%. Según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) de España, otros países con gran participación en los papeleos fueron Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).
Participación masiva
Un estudio del centro de análisis Funcas publicado a inicios de este año calculó que los inmigrantes en situación irregular dentro de España serían cerca de 840.000 individuos hasta enero de 2025, lo que representaba cerca del 17,2% de la población extranjera. El informe indicaba que había un crecimiento sostenido de la irregularidad migratoria, que se incrementaba en unas 90.000 personas cada año.
Las autoridades españolas habían estimado originalmente que medio millón de personas participarían en el procedimiento de normalización legal, pero las cifras terminaron superando largamente dichas previsiones.
El proceso de regularización inició a mediados de abril y culminó el 30 de junio, presentándose un total de 1.17 millones de pedidos, de los cuales 608.000 ya fueron aprobados para su tramitación.
El MISSM indicaba que para plegarse a la regularización migratoria era necesario haberse encontrado en territorio español antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida por al menos cinco meses y demostrar no tener antecedentes penales. Todos estos requerimientos debían estar respaldados por documentación.
Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, indicó en conversación con este Diario que anteriormente se han registrado otros grandes procesos de regulación en España, “pero no fueron tan masivos” como el actual.
Una de las campañas más importantes se produjo durante el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que tuvo el récord previo con casi 700.000 solicitudes.
Banús señala que, a pesar de sus actuales críticas a la medida, el Partido Popular no ha sido ajeno a estos proyectos, siendo un ejemplo de ello el proceso de 2001 bajo la presidencia de José María Aznar, en la que se gestionaron 351.000 pedidos y se terminaron otorgando 239.000 permisos de residencia.
No obstante, el internacionalista explica que los trámites actuales representarán una enorme carga de trabajo para el aparato estatal español, debido al corto margen de tiempo para dar respuesta.
“El plazo de tres meses para responder las solicitudes hace que los trabajadores estén un poco desbordados y se viene un desafío importante en un verano que está siendo muy caluroso. El desafío para la administración pública es extraordinario, sobre todo donde se han presentado más casos como en Cataluña, Madrid y Valencia”, señala el especialista.
El origen del proceso
El origen del trámite migratorio vigente se encontró en la actividad ciudadana y fue impulsado por el colectivo “Regularización Ya”. Este último inició operaciones en 2020 y llegó a recaudar 600.000 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) para que el gobierno lleve a cabo un proceso de regularización extraordinaria, con la finalidad garantizar los derechos de los extranjeros residentes en España.
En septiembre de 2024 el Congreso español aprobó tomar en consideración la ILP, aunque la implementación del proyecto quedó trunca por falta de unanimidad. No obstante, en noviembre de ese mismo año el Consejo de Ministros del país ibérico dio luz verde a un decreto para la reforma del marco ordinario de extranjería, siendo este un paso paralelo importante para la futura agilización de los trámites.
Finalmente, el 27 de enero del presente año el Poder Ejecutivo decidió dar inicio al proceso de regularización, que quedaría oficializado en abril a través del Real Decreto 316/2026. Desde el día 16 de ese mes comenzaron a recibirse las solicitudes por vía digital y pocos días después se activó el trámite presencial.
El gobierno español indicó que los extranjeros que se acogían al proceso podrían ser asesorados por abogados, licenciados en estudios sociales y otros gestores administrativos que podían actuar en representación de los solicitantes durante las diligencias.
Tal como se indicaba antes, tras el cierre de las aplicaciones, los funcionarios españoles tendrán un periodo estimado de tres meses para la resolución de cada expediente y las personas que realizaron el papeleo cuentan con un permiso provisional de residencia mientras sus casos son revisados. Aquellos extranjeros que contaban con procesos de protección internacional paralelos deberán renunciar a estos si sus solicitudes terminan siendo aprobadas.
Alcance y política
La medida de España ha sido vista como una excepción a la gestión migratoria del resto de Europa, que en otros territorios se ha mostrado progresivamente más restrictiva con la llegada de extranjeros.
Pedro Sánchez, presidente del país ibérico, ha definido el proceso como “una necesidad” y “un acto de justicia” que permite la inclusión de personas que ya son parte de la sociedad española.
“Las más de un millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros y que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y con todos sus deberes”, dijo el mandatario.
Desde la parcela opositora la noticia del millón de solicitudes de normalización migratoria ha sido vista con rechazo, con el Partido Popular (PP) y Vox criticando al gobierno socialista por lo que consideran que podría ser un “efecto llamado” a más inmigrantes en condición ilegal. Las voces críticas también señalan que el proceso puede llevar al colapso de los servicios públicos y la seguridad, además del incumplimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, había considerado como una “absoluta irresponsabilidad” que la gestión de Sánchez “actúe al margen de Europa”.
“Las regularizaciones masivas e indiscriminadas pertenecen al pasado y lo único que consiguen es alimentar el negocio de las mafias que trafican con personas”, indicó el líder del Partido Popular.
En una línea similar se mantuvo Santiago Abascal, presidente de Vox, calificando el hecho como una “capitulación total del Estado de derecho”.
“El Gobierno de Sánchez premia la ilegalidad frente a los miles de inmigrantes que cumplen las leyes y esperan su turno de forma honrada. Regularizar de golpe a más de un millón de personas es una traición a los trabajadores españoles, un golpe a la seguridad de nuestros barrios y una llamada directa a que sigan llegando embarcaciones ilegales a nuestras costas”, comentaba Abascal.
A juicio de Enrique Banús, la medida del Ejecutivo español es inevitablemente política, pero se produce en un contexto de inevitable crisis para Sánchez, que es duramente cuestionado por las causas judiciales de corrupción que enfrentan su entorno político y familiar. El movimiento actual obedecería a una necesidad del presidente de complacer a sectores de interés para él a fin de mantener legitimidad.
“Es una medida que ha contado con apoyo de muchas organizaciones, ONG, el ámbito eclesiástico e incluso empresarios, claro que eso le suma puntos a Sánchez”, señala el docente de la Universidad de Piura.
Banús precisa que la decisión de Sánchez no estaría únicamente fundamentada en el beneficio propio a nivel político, sino que también podría responder a una necesidad estratégica de España ante un futuro contexto social y económico difícil.
El envejecimiento de la población y un escenario en el que no se puedan mantener el sistema de pensiones y otros servicios sociales hace que la inmigración sea vista como una solución como mínimo parcial
“No es solo una razón humanitaria. Si bien esta posiblemente también juega algún papel, también hay necesidades internas de cara al mercado laboral, de cara a los pagos a la Seguridad Social, es una respuesta a una situación que exige una respuesta política. En algunos sectores hay una escasez de mano de obra porque la demografía en España y muchos otros países europeos está decayendo”, indica el especialista.
Más allá de esto, el analista internacional aclara que es difícil decir que lo anterior es una preocupación de la ciudadanía, pero es claro que diversos sectores de la política y la economía son conscientes de estas problemáticas futuras.
Adicionalmente, Banús explica que en cualquier escenario es esperable que la oposición se muestre crítica con la medida desde sus propias particularidades.
“Vox lo hará por convicción y los otros por política de cara a las elecciones. El PP ya ha realizado regularizaciones de inmigrantes y para ellos el asunto es más sobre dónde se pone la valla”, apunta Banús.
Finalmente, el analista descarta que Pedro Sánchez haya aprobado la normalización migratoria masiva para buscar una masa electoral, debido a que los procesos de naturalización son demasiado largos como para favorecer al partido de gobierno incluso en el mediano plazo.
“Estamos hablando de regularización, no de nacionalización. Esas personas no adquieren el derecho a voto (…) No le da una bolsa de voto así de inmediato”, remata el experto.
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Fuente: elcomercio.pe