Keiko Fujimori arma sus equipos de transferencia de gobierno con un patrón que se repite ministerio tras ministerio: operadores con pasado en el fujimorismo, el partido de César Acuña y la gestión de Dina Boluarte. Así lo documentó el programa La Encerrona en una investigación difundida este miércoles, que identificó a varios integrantes de estos equipos con procesos judiciales, acusaciones de corrupción y vínculos familiares con figuras del poder saliente.
La lista no se limita a un par de nombres sueltos. En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Keiko colocó a su abogada personal, Juliana Losa, y a otro abogado de su entorno cercano, César Candela, exasesor del fallecido Alan García. A ellos se suma Shirley Montenegro, señalada por el equipo especial Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas de lavado de activos vinculadas a la propia Keiko Fujimori.
El alcance de estos nombramientos llega a por lo menos siete carteras: Defensa, Cultura, Salud, Energía, Producción, Mujer e Interior figuran entre los ministerios donde La Encerrona identificó a operadores con historiales cuestionados. El común denominador es la reincidencia: personas que ya pasaron por el Estado en gestiones marcadas por denuncias, ceses cuestionados o investigaciones fiscales regresan ahora con la etiqueta de "transferencia".
El operador de Alberto Fujimori: el hombre de los Vladivideos
El nombre con mayor peso histórico en esta lista es José Luis Tantaleán Ratri, conocido como "Pepe" Tantaleán. Fue edecán de Alberto Fujimori y hoy integra el equipo que recibirá información del Ministerio de Defensa. Su hoja de vida no es cualquiera: según archivos de la Procuraduría y versiones de testigos, participó en el operativo del año 2000 que Fujimori lideró bajo el pretexto de buscar a Vladimiro Montesinos, ya prófugo tras la difusión del primer Vladivideo.
Ese operativo terminó en el allanamiento irregular de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Según la Procuraduría, una persona se hizo pasar por fiscal para ingresar a la propiedad y sustraer los videos que comprometían al régimen. Este episodio no quedó en la memoria colectiva como una simple anécdota: es el primer caso por el que Alberto Fujimori recibió una sentencia judicial firme.
Veinticinco años después, Tantaleán vuelve a tener acceso a información sensible del Estado, esta vez desde el equipo de transferencia de Keiko en el sector Defensa.
El operador de César Acuña: el sobrino con pedido fiscal de nueve años
En el Ministerio de Salud aparece Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. Su nombre no es nuevo en la función pública. Fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar al cargo después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por hechos ocurridos cuando trabajaba en la municipalidad de Tumbes. El caso terminó archivado, pero el pedido fiscal quedó registrado.
Su cercanía con el clan Acuña no se limita al parentesco político. González fue militante de Alianza para el Progreso, estudió una maestría en la Universidad César Vallejo y ocupó el cargo de director de gestión del talento humano en la Universidad Señor de Sipán, ambas instituciones ligadas a la familia Acuña. Hace un par de años, un reportaje de Latina reveló que Boluarte había colocado a varios familiares de Acuña en cargos altos de su gobierno. González, nombrado entonces secretario general de la Defensoría del Pueblo, fue uno de esos casos.
El dato más reciente añade otra capa al historial: este año, la Defensoría del Pueblo, entidad en la que González ya no trabaja, aprobó financiarle la defensa legal en una investigación fiscal por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Los detalles de ese proceso todavía no se conocen públicamente. Con ese expediente abierto, González integra hoy el equipo que revisará la transferencia de uno de los ministerios más sensibles del país.
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El operador de Dina Boluarte: el funcionario despedido por corrupción
La herencia del gobierno de Dina Boluarte en los equipos de Keiko tiene varios nombres, pero uno destaca por la forma en que salió del cargo. Iván Pereira Villanueva fue gerente general de Salud y se hizo conocido no por su gestión, sino por su salida: fue despedido en medio de tres presuntos casos de corrupción. Hoy está a cargo, precisamente, de la transferencia del Ministerio de Cultura.
Quien lo cesó fue la entonces jefa del sector, Rosa Gutiérrez. Ella misma denunció que, tras el despido, Pereira la amenazó con una frase directa: "Usted se va antes de que yo me vaya." La amenaza se cumplió. Boluarte insistió en mantener a Pereira en el cargo y, al no lograr que Gutiérrez lo repusiera, terminó por sacar a su propia ministra. Pereira, por su parte, negó las acusaciones y anunció una querella por difamación contra Gutiérrez, además de pedir a varios medios que retiraran las notas publicadas sobre el caso.
El patrón se repite con otros dos nombres del entorno de Boluarte. Sergio González, quien fue ministro de Producción durante su gobierno, y Tabata Vivanco, exsecretaria general del Ministerio del Interior con una gestión marcada por la creación de una agencia de compras interna calificada como irregular, también integran comités de transferencia bajo el ala de Keiko. Vivanco terminó, además, ascendida por Boluarte hasta la jefatura de ProInversión antes de este nuevo nombramiento en el sector Energía.
Fuente: larepublica.pe
