El nuevo gobierno recibirá el país con varios desafíos: inseguridad ciudadana, preocupante desnutrición materno-infantil, y alta informalidad laboral; y en adición deberá enfrentar de inmediato tareas de prevención ante el Fenómeno del Niño. Sin embargo, cuenta con una ventaja inmejorable: una industria minera con una base geológica de escala mundial, alta demanda por cobre y oro, y un sector capaz de invertir sumas significativas y generar exportaciones, empleo formal, canon, compras locales e infraestructura. Pero toda esta fuerza de tracción no se convertirá automáticamente en desarrollo. Requiere dirección política, continuidad institucional y gestión pública de alto nivel.
Nuestro problema central es la falta de gestión estratégica. En los últimos diez años, el Perú ha tenido 22 ministros de Energía y Minas; Chile, solo 8. Esa diferencia no es anecdótica: expresa dos formas de gobernar un sector decisivo. Sin continuidad, se pierde memoria institucional, se interrumpen políticas, se debilita la coordinación entre sectores y se reduce la credibilidad del Estado ante comunidades, inversionistas y regiones.
La primera tarea del nuevo gobierno debe ser reconstruir institucionalidad. La minería no puede seguir tratándose como un asunto sectorial. Debe estar en el centro de Gobierno, articulando Presidencia, PCM, MEF, gobiernos regionales, empresas y sociedad civil. Se requiere una gobernanza multiactor con metas claras, reglas previsibles, seguimiento público y capacidad de destrabar decisiones donde convergen Estado, ciudadanía e inversión.
La segunda tarea será conectar minería con desarrollo territorial. Ello ocurre cuando la inversión minera, el canon y las compras locales se encadenan con agua, infraestructura, educación, salud, conectividad, empleo y diversificación productiva. Ese es el verdadero círculo virtuoso que el país debe activar. En algunos territorios ese vínculo avanza; en otros está trabado por baja capacidad institucional, conflictividad, falta de proyectos de calidad y ausencia de una visión compartida. La minería será más legítima cuando el progreso sea visible, medible y sostenido.
La tercera tarea será recuperar competitividad. La inversión minera está creciendo en el Perú, pero crece a tasas mayores en otros países mineros de la región. Contamos con geología y talento humano; falta predictibilidad, seguridad jurídica, permisos razonables y diálogo territorial temprano. Al mismo tiempo, la formalización de la minería de pequeña escala exige ordenar toda la cadena productiva con contratos de largo plazo, asistencia técnica, control en plantas de beneficio, trazabilidad plena y comercialización transparente.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. No se trata de administrar conflictos, permisos o urgencias aisladas. Se trata de liderar un sector que puede financiar el desarrollo, fortalecer regiones y convertir la minería en la gran fuerza de tracción que ayude al Perú a transitar hacia la condición de país desarrollado. El Perú debe dejar atrás la administración de la precariedad minera y pasar, de una vez, a una auténtica gestión estratégica del sector.
Fuente: elcomercio.pe