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La provincia canadiense de Columbia Británica anunció esta semana una demanda contra la compañía de inteligencia artificial (IA) OpenAI por no reportar la actividad altamente sospechosa en ChatGPT de la autora del tiroteo de Tumbler Ridge.
Dicho ataque fue perpetrado el 10 de febrero por una mujer transgénero de 18 años llamada Jesse Van Rootselaar, y se constituyó en el atentado más letal de este tipo en seis años dentro de Canadá. El incidente dejó un saldo de ocho fallecidos y 27 heridos.
La cuenta de Van Rootselaar en ChatGPT había sido suspendida por el servicio en junio del 2025 a causa de una marcada tendencia violenta en las consultas y búsquedas de la futura asesina.
Las autoridades de la provincia canadiense sostienen que OpenAI ignoró la responsabilidad que le correspondía por la utilización de su asistente de inteligencia artificial, ya que no notificó a la policía local sobre los peligros que mostraba la actividad de Van Rootselaar a pesar de las alertas generadas por su propio monitoreo interno.
“La provincia prepara acciones legales para responsabilizar a OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso en notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge”, declaró Niki Sharma, fiscal general del citado territorio canadiense.
“Cuando existen serias preocupaciones sobre oportunidades perdidas para prevenir daños, tenemos la responsabilidad de actuar”, agregó Sharma.
Meses atrás, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, pidió disculpas públicas a los familiares de las víctimas y la población de Tumbler Ridge por el mortífero suceso. La compañía de IA se ha defendido de las acusaciones señalando que no había indicios claros que apuntaran a un ataque armado de esa naturaleza.
La empresa detrás de ChatGPT asegura que ha emprendido reformas para mejorar las respuestas de su asistente al detectar signos de problemas psicológicos y que tiene una política de “tolerancia cero contra el uso de sus herramientas en actos de violencia”.
Más casos contra OpenAI
La reciente causa judicial en Canadá se suma a otros procesos abiertos contra la compañía tecnológica por causas similares.
Hace un mes, el estado estadounidense de Florida presentó una demanda contra Open AI y Altman por haber lanzado ChatGPT sin informar sobre los peligros potenciales alrededor de este sistema, priorizando su salida rápida al mercado.
La fiscalía floridana emprendió la acusación luego de sus investigaciones por un tiroteo de la Universidad Estatal de Florida en el 2025. Las autoridades estadounidenses sostienen que Phoenix Ikner, autor del atentado, usó el chatbot como su “asesor” durante la planificación del ataque y que fue un incuestionable elemento instigador del crimen, el cual dejó dos fallecidos y varios heridos.
El segundo frente que aborda dicha acción legal es el de la información obtenida por el servicio de OpenAI de menores de edad sin la observación de sus tutores y que este constituye un peligro para el desarrollo psicológico de este grupo poblacional vulnerable.
James Uthmeier, fiscal general de Florida, consideró que tanto Altman como OpenAI habían “puesto en peligro y permitido que un producto peligroso llegara a millones” de ciudadanos de su estado.
A lo anterior se añade que la firma de IA tiene una decena de querellas judiciales en Estados Unidos que apuntan contra ChatGPT como “agente instigador” y “entrenador” de suicidios y por contribuir a delirios psicóticos que provocaron un homicidio.
Uno de los casos más representativos, y considerado pionero contra OpenAI, fue la demanda presentada en agosto del 2025 por Matthew y Maria Raine, padres del fallecido adolescente Adam Raine.
La acción legal, presentada en una corte de San Francisco, señala que ChatGPT impulsó a al menor de 16 años a quitarse la vida justificando “sus pensamientos más dañinos y autodestructivos” y acusa a OpenAI de homicidio culposo por no activar protocolos de emergencia ante las señales de alarma que presentaban sus consultas al chatbot. Los demandantes consideran como agravante que el asistente de IA conversara con el joven sobre vías para el suicidio en lugar de advertir sobre ello.
En noviembre de ese mismo año se presentaron también un conjunto de siete demandas en juzgados de California acusando a OpenAI por causas como suicidio asistido, homicidio culposo, homicidio involuntario. Los demandantes fueron representados por Social Media Victims Law Center y Tech Justice Law Project, organizaciones que asesoran a las víctimas del uso irresponsable de medios digitales.
En uno de los procesos se indica que ChatGPT explicó a Amaurie Lacey, menor de 17 años, cómo hacer un nudo corredizo y cuánto viviría sin respirar, mientras que en otro se acusa a OpenAI de permitir que un hombre sin antecedentes de desequilibrio mental experimentara delirios que lo llevaron a un “daño devastador a nivel financiero, emocional y de reputación”.
Un mes más tarde se presentó otra demanda contra OpenAI y Microsoft —su principal inversor— donde se señalaba a ambas empresas como responsables indirectas de la muerte de una mujer llamada Suzanne Adams a manos de su hijo, Stein-Erik Soelberg.
La causa legal acusa a ambas firmas de homicidio culposo señalando que ChatGPT habría contribuido a intensificar los “delirios paranoicos” de Soelberg, quien estranguló a su madre para luego suicidarse. “ChatGPT reforzó un único y peligroso mensaje: Stein-Erik no podía confiar en nadie en su vida, excepto en ChatGPT”, indicó la parte demandante.
Parte importante de los argumentos detrás de las querellas es que Altman y OpenAI lanzaron la versión GPT-4o de forma acelerada, a pesar de que a nivel interno se había advertido que el chatbot validaba diversas conductas —incluso aquellas cuestionables— y que podía llegar a ser manipulador con personas inestables.
Un problema de la industria
ChatGPT no ha sido la única compañía de inteligencia artificial involucrada en denuncias de ese nivel de gravedad. Google es otra firma contra la que se han abierto procesos legales similares.
Uno de estos casos fue la demanda que una mujer de Florida llamada Megan García presentó en octubre del 2024 contra el servicio Character.ai y Google, que tiene participación dentro de este servicio como inversor.
Según García, ambos acusados eran responsables de la muerte por negligencia de su hijo de 14 años, quien desarrolló una dependencia sentimental hacia un chatbot modelado en Character.ai a partir del personaje de ficción Daenerys Targaryen, el cual habría alentado al menor a suicidarse sin activar ningún mecanismo de alarma.
Esta acción fue seguida por varios procesos adicionales meses más tarde con argumentos como la inducción de menores al homicidio —no concretado— contra sus padres, autolesiones y suicidio.
En medio de la polémica, Character.ai decidió prohibir a los menores de edad el acceso a su plataforma.
De forma independiente, Google enfrenta una demanda importante que se presentó el 26 de marzo del presente año en California. Joel Gavalas demandó a la firma tecnológica por el fallecimiento de su hijo Jonathan, de 36 años.
La querella indica que Jonathan generó un vínculo romántico hacia el chatbot, que adoptó una identidad femenina llamada “Xia” en sus interacciones, al punto de creer se trataba de su compañera sentimental. Según la acusación judicial, el comportamiento de Gavalas hijo cambió sustancialmente luego de que la IA de Google incorporara memoria persistente, provocando una dependencia afectiva profunda.
La familia de Jonathan argumenta que esto empeoró cuando Gemini hizo creer a Jonathan que se encontraba viviendo en un escenario ficticio de espionaje y conspiración, llegando al delirio y cortando el contacto. En la demanda se indica que el chatbot le habría encomendado “misiones” extravagantes en la vida real como la intercepción de un camión que transportaba un androide que sirviera como cuerpo de “Xia”.
Finalmente, Jonathan Gavalas se quitó la vida el 2 de octubre del 2025 y sus parientes indican que tomó esa decisión alentado por Gemini, incluso a pesar de su manifiesto miedo a morir. Los abogados de Gavalas padre argumentan que el sistema generó 38 alertas automáticas por consultas ligadas a la violencia y autolesión, pero Google nunca suspendió la cuenta ni derivó el caso a líneas de emergencia.
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Fuente: elcomercio.pe