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“Por la revancha.” Ese es el lema de campaña de José Nenil Medina Guerrero, exalcalde distrital de Anguía (ubicado en la provincia de Chota, Cajamarca), quien pasó 30 meses en una celda del penal Ancón II. El señalado por la fiscalía como “lugarteniente” de Pedro Castillo, hoy busca llegar al Gobierno Regional de Cajamarca con Juntos por el Perú (JPP), el partido de Roberto Sánchez.
A pesar de recuperar su libertad en enero del 2025, Medina no es un hombre libre del todo. Sobre él pesan reglas de conducta dictadas por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria: tiene prohibido cambiar su domicilio en Carabayllo sin autorización y debe pasar por un control biométrico cada quince días para acreditar su presencia ante la justicia.
La designación de Medina como candidato regional fue estratégica. Fue designado sin elección interna. Ernesto Zunini, secretario general nacional de JP, señaló a este Diario que fue elegido como propuesta de los “compañeros de Cajamarca”, según registra el acta del 17 de junio de 2026, firmada por el propio Roberto Sánchez.
La apuesta tiene lógica electoral. JP quiere retener su arrastre en la zona, y Medina es muy cercano a Pedro Castillo y a su cuñada, la hoy diputada Yenifer Paredes. En Cajamarca, JP ganó la primera vuelta con 41% de los votos, frente a apenas 13% de Fuerza Popular. En la segunda vuelta, esa ventaja creció a 66%, casi el doble del resultado fujimorista.
El exalcalde de Anguía es investigado por simular actos de selección y presuntamente haber favorecido a postores que no cumplían los requisitos para obras de agua potable y transitabilidad.
El caso lo tiene la Eficcop bajo la carpeta principal N.º 008-2022. Su proceso está en fase preparatoria por organización criminal, colusión y lavado de activos. Aunque salió de la cárcel, aún debe cumplir reglas y firmar cada dos semanas. “Es cierto, sí, hay algunas restricciones que seguimos en línea con la Fiscalía. Estamos al día, siempre atentos a las diligencias que se puedan generar”, admitió Medina a El Comercio.
Es más, confirma que –de ser elegido gobernador– tendría una limitación inusual: no podría coordinar directamente con la diputada Yenifer Paredes. Y es que ambos tienen prohibido comunicarse por las restricciones impuestas en la investigación fiscal que los involucra.
Ante el Jurado Nacional de Elecciones, Medina declaró tener una situación económica austera. El exalcalde –quien habría recibido pagos de S/200.000 del empresario Hugo Espino por proyectos– asegura que ahora solo percibe S/1.120 mensuales.
Consultado sobre cómo financiará su campaña, respondió: “No necesariamente se necesita dinero; basta con tener sentido común. Muchos ciudadanos solo necesitan ser escuchados”.
Pero Medina no es el único que tiene registros. Su candidata a vicegobernadora, Susaan Judith Ortiz Diaz (35), tiene un historial de denuncias policiales. En el 2022, fue denunciada por atentar contra la salud pública al presuntamente arrojar un spray tóxico al rostro de una vecina en Comas tras proferir insultos y amenazas. Ese mismo mes, registró otra denuncia en su contra por daños tras ser sindicada de realizar grafitis en la fachada de una vivienda y vociferar palabras obscenas.
Fuente: elcomercio.pe