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Existen dos formas de ver la gestión pública en el Perú a lo largo de los últimos 20 años, en medio de la inestabilidad política que se concentró principalmente en la última década. Por un lado, tenemos a un Julio Velarde que se ha mantenido, a lo largo de todo este tiempo, frente al Banco Central de Reserva (BCR) y que acaba de aceptar un período más debido a la garantía institucional que ofrece su gestión; y por otro lado, 10 presidentes de la República y más de 500 ministros que reflejan las consecuencias de las crisis políticas de los últimos años.
En los últimos 20 años, el Perú cambió de ministro, en promedio, cada 15 días; y para Martín Cabrera, abogado especialista en gestión pública, esto representa el resultado de que los ministerios han comprometido su estabilidad a compromisos políticos de alguna índole. “Se han convertido en estamentos públicos susceptibles del copamiento por cuoteo o clientelismo político”, anotó.
Cabrera sostuvo que uno de los aciertos de la Constitución de 1993 fue otorgar autonomía constitucional a una institución como el BCR, lo que ha permitido alejar a la institución de los vaivenes políticos, lo que se complementa con la política de meritocracia implementada por el mismo BCR.
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En el 2022, en una entrevista concedida a El Comercio, el propio Velarde explicó cómo los profesionales que ingresan al BCR pasan por cursos de economía y finanzas, bajo un sistema meritocrático.
“El que alguien haya entrado al banco siendo primero en el curso no garantiza que vaya a ascender si después no muestra sus calidades a lo largo de su carrera. Hay gente que entró hace 30 años que no ha ascendido porque no ha mostrado las condiciones para seguir ascendiendo. A diferencia de lo que pasa en otras instituciones –y no voy a mencionarlas para no ofender– en las que se asciende, muchas veces, por años transcurridos”, dijo en aquella entrevista.
Martín Cabrera consideró que es momento de evaluar y sincerar el modelo de la Ley de Servicio Civil. “Servir se creó como el ente rector que suponía la formalización de los trabajadores, pero no cubre a todos las instituciones ni a todo el personal de las instituciones”, dijo.
Mayen Ugarte, docente del Departamento de Ciencias de la Gestión de la PUCP, apuntó que debería ingresar progresivamente todo el personal a la Ley Servir –sin concursos de por medio– y partir de esa base para determinar –a través de evaluaciones– los ascensos, remuneraciones y otros factores.
“De esta manera, se puede ir eliminando los regímenes creados por el Congreso. El nuevo gerente de Recursos Humanos del Estado es el Congreso, porque decide posiciones de nombramiento, determina aumentos de salarios, y esto terminó generando incentivos para que el personal se quede en otros regímenes y no pase a la Ley Servir”, explicó.
Fuente: elcomercio.pe