Durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ratificó que no asistirá a la ceremonia del próximo 7 de agosto, lo que dejará al país sin la foto oficial de la entrega de poder ni el saludo entre mandatarios.
Amparado en el Decreto 770 de 1982, el protocolo dicta que el jefe de Estado saliente debe imponer al sucesor las condecoraciones de la Orden de Boyacá en grado de gran collar, la Orden de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito; sin embargo, Petro invalidó el acto al reiterar sus acusaciones de presuntas irregularidades en la segunda vuelta.
"Él sabe por qué, porque eso es un fraude", declaró el aún mandatario frente a sus funcionarios en una intervención publicada por Revista Semana. Sin presentar pruebas ante las autoridades judiciales ni la opinión pública, el mandatario insistió en que no se trata de un "fraude monumental de cuatro o cinco millones", sino de una manipulación específica de "848.000 votos".
Esta postura radical agudiza el deterioro de la transición con el equipo de Abelardo de la Espriella, que ya venía denunciando la falta de garantías institucionales y se vio obligado a solicitar información gubernamental mediante derechos de petición.
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Abelardo de la Espriella insiste en juramentar en una guarnición militar
De forma paralela a la inasistencia presidencial, el segundo pulso de la transición se libra en el Congreso de la República por la intención de De la Espriella de juramentar en una guarnición militar del sur del país.
Mientras el partido Salvación Nacional —único en avalar al presidente electo— respalda la iniciativa a través de un borrador de ponencia de la representante electa Carol Borda, con el argumento de que la Constitución faculta a las cámaras a trasladar su sede a otro lugar físico, el Pacto Histórico rechaza de plano la propuesta.
El representante Gabriel Becerra lidera la oposición de la bancada oficialista y sostiene que, para preservar el carácter subordinado de las Fuerzas Militares, la posesión debe realizarse estrictamente ante el poder civil en el Capitolio.
La última palabra de este conflicto de sedes no dependerá de la autonomía legislativa, sino del propio Ejecutivo saliente. El secretario del Congreso, Diego González, aclaró que, aunque los congresistas aprueben una proposición para sesionar fuera de Bogotá, se requiere obligatoriamente el visto bueno del actual jefe de Estado para ingresar a instalaciones de las Fuerzas Militares.
Ante esto, Petro ya emitió una orden tajante que prohíbe que cualquier establecimiento militar sirva de escenario para la ceremonia, lo que reduce el margen de maniobra del mandatario electo. El desenlace institucional de este choque ideológico y procedimental se definirá el próximo 20 de julio, fecha en la que el Congreso determinará formalmente la sede de la disputada investidura.
Fuente: larepublica.pe
