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El Hospital Nacional Dos de Mayo, fundado en 1875 y considerado el establecimiento de salud más antiguo del Perú aún en funcionamiento, enfrenta serios cuestionamientos sobre la forma en que se habrían manejado las contrataciones de algunos de sus servicios más costosos. Una investigación de El Comercio revela que, durante casi diez años, un reducido grupo de empresas concentró los principales contratos de seguridad privada y, de acuerdo con testimonios de funcionarios del propio hospital, esta permanencia habría estado acompañada por la presunta influencia de dirigentes sindicales y personas con poder informal dentro del establecimiento.
La investigación se sustenta en la revisión de expedientes de contratación pública, documentos oficiales del Estado, testimonios de trabajadores y altos funcionarios del hospital, así como en registros que muestran la reiterada participación de las mismas compañías en los procesos de selección para los servicios de vigilancia y limpieza. Si bien las adjudicaciones fueron realizadas mediante procedimientos contemplados por la normativa vigente, diversas fuentes consultadas sostienen que detrás de esos procesos existiría una estructura de influencia que habría favorecido reiteradamente a determinados proveedores.
Los testimonios recogidos por El Comercio describen un ambiente en el que las decisiones relacionadas con algunos de los contratos de mayor valor económico del hospital dependerían únicamente de la estructura administrativa formal y estarían condicionadas por actores con capacidad de presión sobre funcionarios y áreas encargadas de las contrataciones.
La investigación de El Comercio identificó que tres empresas —Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C.— aparecen de manera reiterada como adjudicatarias de los principales contratos de vigilancia del Hospital Nacional Dos de Mayo desde 2017. En varios procesos, incluso participaron conformando consorcios entre ellas o junto con otras empresas del mismo entorno empresarial.
Los registros revisados muestran una secuencia de adjudicaciones que evidencia la continuidad de estas compañías en el hospital:
- En 2017, Optimus Security S.A.C. integró el consorcio ganador de un contrato por S/ 2,903,965.70 para brindar el servicio de vigilancia privada.
- En 2018, la misma empresa volvió a resultar adjudicataria mediante un nuevo consorcio, esta vez por S/ 3,510,674.63.
- En 2020, Optimus Security S.A.C. volvió a obtener el servicio de seguridad por S/ 4,470,000.00.
- En 2022, el contrato fue adjudicado al consorcio integrado por Corporación Varum S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C. por S/ 4,500,000.00.
- En 2023, Guardia Civil Company S.A.C. obtuvo un nuevo contrato cercano a S/ 10 millones, nuevamente junto con Optimus Security S.A.C.
Solo durante 2026, el hospital firmó tres nuevos contratos vinculados al servicio de vigilancia: uno por S/ 1,5 millones, otro por S/1,7 millones y un tercero por más de S /13 millones, este último con vigencia hasta junio de 2028.
En conjunto, estos procesos representan decenas de millones de soles destinados al servicio de vigilancia del principal hospital del Ministerio de Salud y reflejan una continuidad empresarial que llamó la atención de las fuentes consultadas durante esta investigación.
La documentación revisada por El Comercio también muestra que, lejos de competir entre sí, varias de estas empresas participaron asociadas en diferentes consorcios, alternando porcentajes de participación según el proceso de contratación.
La reiterada presencia de este mismo grupo empresarial constituye uno de los principales ejes de la investigación, debido a que coincide con los testimonios de funcionarios que sostienen que determinados proveedores habrían contado con respaldo interno para mantenerse durante años como contratistas del establecimiento.
La continuidad de estas empresas en el hospital no solo aparece reflejada en los expedientes de contratación. Durante esta investigación, El Comercio recogió testimonios de funcionarios con conocimiento directo del funcionamiento administrativo del establecimiento que describen una presunta influencia del sindicato sobre las decisiones relacionadas con los principales proveedores del hospital.
Según una de las fuentes consultadas, el reciente contrato adjudicado a Optimus Security S.A.C. no representó una sorpresa dentro del establecimiento debido a que la empresa mantiene presencia desde hace varios años.
“Ya firmaron (un nuevo contrato que ganó Optimus), ya iniciaron la ejecución también”, señaló uno de los funcionarios entrevistados por El Comercio.
La misma fuente sostuvo que la permanencia de esta empresa estaría relacionada con el respaldo que recibiría desde el sindicato del hospital.
“Tiene años acá… muchos años están. Cuando los intentamos sacar vinieron acá todos los del sindicato”, afirmó.
Otro de los testimonios recogidos durante esta investigación va incluso más allá al sostener que las empresas Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C. formarían parte de un mismo entorno empresarial que habría mantenido una presencia sostenida dentro del hospital.
“Tú sabes que Optimus y Guardia Civil son lo mismo. Varum también”, manifestó la fuente consultada.
De acuerdo con los funcionarios entrevistados, la influencia atribuida al sindicato alcanzaría decisiones relacionadas con proveedores y procesos administrativos.
Los testimonios recogidos por El Comercio coinciden en que la permanencia de las empresas que obtuvieron los principales contratos de seguridad y limpieza del Hospital Nacional Dos de Mayo no respondería únicamente a los procesos administrativos. Diversos funcionarios atribuyen un rol determinante a dirigentes sindicales y a funcionarios con capacidad de influencia dentro del establecimiento.
Si bien las contrataciones son formalmente conducidas por las áreas administrativas del hospital, las fuentes consultadas sostienen que determinadas decisiones serían objeto de presiones internas para favorecer siempre a un mismo grupo de proveedores.
Uno de los nombres que aparece de manera reiterada es el de Marco Antonio Cumpa Carrera, dirigente del sindicato del Hospital Nacional Dos de Mayo.
De acuerdo con la documentación revisada por El Comercio, Cumpa registra una investigación fiscal por el presunto delito de falsedad.
Las fuentes consultadas describen que la influencia del sindicato habría trascendido las funciones propias de representación laboral para extenderse, presuntamente, hacia procesos relacionados con la contratación de servicios tercerizados.
“Tienen como 20 años aquí, manejan todo en el sindicato”, sostuvo uno de los funcionarios entrevistados por El Comercio, al referirse al respaldo que —según afirmó— recibirían las empresas que vienen obteniendo contratos de manera reiterada.
De acuerdo con la misma fuente, cualquier intento por modificar esa situación generaría conflictos inmediatos dentro del hospital.
“Si tú los mueves o los intentas mover… te denuncian. Es un terreno recontra minado”, añadió.
Los testimonios recogidos durante esta investigación sostienen que esa capacidad de presión habría permitido que determinados proveedores permanezcan durante años brindando servicios al hospital.
Otro de los personajes que aparece de manera recurrente en los testimonios es Johnny Ernesto Sánchez Taboada, actual jefe de Servicios Generales del Hospital Nacional Dos de Mayo.
La relevancia de este cargo radica en que el área de Servicios Generales participa directamente en la gestión y supervisión de diversos servicios tercerizados del hospital, entre ellos los relacionados con seguridad y limpieza.
De acuerdo con la documentación revisada por El Comercio, Johnny Sánchez registra una imputación fiscal por el presunto delito de concusión, además de una segunda investigación penal por el mismo delito.
Según los testimonios obtenidos durante esta investigación, el respaldo que presuntamente recibirían determinadas empresas cae en manos de funcionarios que ocuparían posiciones estratégicas dentro de la administración del hospital.
En medio de las contrataciones reiteradas y de las denuncias sobre una presunta influencia del sindicato, las fuentes consultadas por El Comercio incorporan otro nombre cuya presencia resulta constante en los testimonios, Jorge Casanova Rodríguez.
Aunque no ocupa formalmente el cargo de director del Hospital Nacional Dos de Mayo, diversos funcionarios entrevistados lo describen como una persona con capacidad de intervenir en decisiones relevantes dentro del establecimiento.
Uno de los testimonios recogidos durante esta investigación resume así el papel que, según afirma, desempeñaría Casanova:
“Jorge Casanova coordina todo”, sostuvo una de las fuentes entrevistadas.
La misma fuente añade, refiriéndose a supuestas colocaciones de funcionarios y empresas por influencia de Casanova:
“Él me dice ‘este procede, este no procede’. Él es el que patea la pelota.”
De acuerdo con los testimonios obtenidos, Jorge Casanova sería una persona con capacidad de influir en la permanencia de determinados funcionarios y proveedores dentro del hospital, pese a no integrar oficialmente la estructura directiva de la institución.
Las fuentes también lo vinculan con la continuidad de empresas como Campitos S.A.C., dedicada al servicio de limpieza, además de Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., compañías que concentran la mayor parte de los contratos de vigilancia identificados durante esta investigación.
El Comercio se comunicó con las personas mencionadas en esta investigación para recoger su versión sobre las contrataciones del Hospital Nacional Dos de Mayo y las denuncias formuladas por trabajadores y funcionarios.
El director del Hospital Nacional Dos de Mayo, Víctor Gonzales Pérez, evitó responder las consultas sobre la continuidad de las empresas investigadas y la presunta influencia del sindicato en las contrataciones. Señaló que no contaba con la documentación necesaria para pronunciarse y afirmó que las preguntas se sustentaban en “información con falsedades”. Asimismo, invitó a El Comercio a acudir al hospital para revisar la documentación.
Por su parte, el jefe de Servicios Generales, Johnny Ernesto Sánchez Taboada, negó mantener vínculos con las empresas mencionadas en esta investigación y sostuvo que las adjudicaciones son resultado de procesos regulares llevados a cabo por los comités de selección. También aseguró desconocer que el sindicato influya en la elección de proveedores y señaló que las investigaciones fiscales que registra corresponden a un caso por el que viene ejerciendo su defensa.
Luciano Hinostroza, miembro sindical, rechazó que la agrupación intervenga en las contrataciones del hospital y afirmó que esta no participa en las comisiones encargadas de seleccionar proveedores. Calificó como “erradas” y “calumniosas” las versiones que atribuyen al sindicato el control de los servicios de seguridad y limpieza, y sostuvo que cualquier irregularidad debe ser investigada por la Contraloría General de la República.
Consultado por El Comercio, Jorge Casanova Rodríguez negó haber trabajado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, mantener relación con sus funcionarios o con las empresas mencionadas en esta investigación. También rechazó tener influencia en decisiones administrativas y pidió conocer la identidad de las personas que lo señalan para responder a las acusaciones.
Fuente: elcomercio.pe