Si se cumple la promesa contenida en el nuevo gobierno, el país será otro en 2031. El Estado y la sociedad se habrán transformado. La exclusión del mercado formal y de los servicios públicos que sufre hoy la mayor parte de la población habrá disminuido apreciablemente. El Estado y la formalidad se habrán vuelto más inclusivos. La población podrá prosperar en el mercado formal y atenderse en servicios más eficientes. Y habrá más seguridad, por supuesto.
Pero el cumplimiento de esa promesa no será fácil: requiere ideas claras y convicción para ejecutarlas, porque demandará una ardua batalla por introducir cambios que no serán del agrado de los intereses parasitarios. Necesitará entonces apoyo de la opinión pública.
Por eso es importante que la presidenta haya revelado que sus equipos han encontrado un Estado en situación catastrófica y que eso no haya sido una declaración en el vacío sino la conclusión objetiva luego de un diagnóstico sector por sector, cuyos detalles van a ser difundidos por los nuevos ministros. Muy bien. La acción comienza por la toma de conciencia. La población tiene que estar enterada del estado de situación de los servicios públicos y se le deben explicar las reformas que se ejecutarán para volverlos eficientes, para que las apoye.
Pero la profundidad de los cambios requerirá también apoyo político y legislativo del Congreso. En realidad, siempre es conveniente que el Ejecutivo tenga mayoría en el Congreso. Esa es la gran ventaja de los sistemas parlamentaristas, donde el Ejecutivo tiene mayoría por definición en el Parlamento porque nace de esa mayoría. En sentido contrario, el problema de los sistemas presidencialistas es que la gobernabilidad queda muy comprometida cuando el gobierno carece de mayoría. Keiko Fujimori no la tendrá, pero deberá buscar el apoyo de bancadas relativamente afines para la aprobación de las reformas, en la esperanza de que ese apoyo no disminuya su profundidad.
Pero, si no tiene mayoría, lo mínimo es presidir las mesas directivas del Congreso, que juegan un papel decisivo en la definición de qué proyectos se ponen en la agenda del pleno. Por eso, lo que no tiene sentido es plantearle que entregue las mesas directivas a una oposición integrada por tres bancadas de izquierda que con seguridad se opondrían a cambios que afectan el statu quo del que se benefician.
La democracia tiene que ser funcional; tiene que entregar resultados. No puede quedar atrapada en un juego de ideas platónicas acerca de una supuesta naturaleza autoritaria de Keiko Fujimori que hay que controlar dándole a la oposición más poder del que tiene. Es absurdo. Es claro que Keiko no es su padre. A diferencia de él, creó un partido e impulsó la bicameralidad, que controla mejor el poder. El Tribunal Constitucional fue resultado de una determinada correlación política como ocurre en cualquier democracia, y en 2027 se elegirá uno nuevo. Y la Junta Nacional de Justicia no fue elegida por el Congreso.
Los desafíos y problemas que enfrenta el Perú son demasiado grandes para disminuir de arranque el poder del Ejecutivo. Dejemos gobernar. Más aún: apoyemos los cambios y vigilemos que se ejecuten y se ejecuten bien.
Fuente: elcomercio.pe