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La política migratoria se ha convertido en uno de los ejes más visibles de la administración del gobernador Ron DeSantis en Florida, y sus decisiones han tenido efectos directos en la vida cotidiana de familias, maestros y pequeñas empresas en ciudades, por ejemplo, con grandes comunidades hispanas como Miami, Hialeah, Kissimmee y Westchester. En los últimos años, el gobernador defendió una postura dura frente a la inmigración irregular, alineándose con propuestas impulsadas a nivel nacional por líderes conservadores; pero más allá del debate político, hay una pregunta que hoy preocupa a residentes y legisladores: ¿cuánto le está costando realmente a la jurisdicción esta estrategia y qué alternativas dejaron de financiarse por ese gasto? Nuevos datos periodísticos muestran contratos millonarios por la construcción, operación y mantenimiento de centros de detención, y plantean si esos recursos hubieran servido mejor para aliviar el alto costo de la vivienda, mejorar la atención médica o aumentar los salarios ya tensionados.
Los datos que han salido a la luz en los últimos días revelan cifras que muchos consideran sorprendentes. Un análisis del Miami Herald indica que la administración de DeSantis firmó al menos 55 contratos relacionados con centros estatales de detención para inmigrantes, por un valor cercano a los US$1,000 millones. La magnitud del gasto abrió un debate sobre el uso de recursos públicos en un estado donde millones de residentes enfrentan dificultades con el alquiler, las pólizas de seguro de vivienda y el acceso a cuidados médicos básicos.
UN GASTO QUE SE ACERCA A LOS US$1,000 MILLONES
Según la investigación del citado medio, el gobierno estatal suscribió contratos valorados en aproximadamente US$991 millones destinados a la construcción, mantenimiento y operación de dos grandes instalaciones de detención migratoria.
Las instalaciones involucradas son:
- Alligator Alcatraz, un complejo levantado en los Everglades.
- Deportation Depot, una antigua cárcel ubicada en Baker County adaptada para funciones de detención migratoria.
La mayor parte del dinero comprometido se concentró en Alligator Alcatraz.
Distribución estimada de los contratos (fuente: Miami Herald, registros estatales):
| Centro de detención | Monto aproximado |
|---|---|
| Alligator Alcatraz | US$824 millones |
| Deportation Depot | US$167 millones |
| Total | US$991 millones |
REEMBOLSO FEDERAL ESPERADO Y MONTO RECIBIDO
Florida informó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que operar ambos centros durante dos años podría costar más de US$1,700 millones. FEMA acordó reembolsar un máximo de US$608 millones, pero hasta ahora el estado habría recibido apenas US$58 millones.
Comparación financiera:
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Costo proyectado de operación | US$1,700 millones |
| Reembolso máximo autorizado por FEMA | US$608 millones |
| Dinero recibido hasta ahora | US$58 millones |
Esta diferencia ha generado inquietud porque podría implicar que los contribuyentes de Florida asuman una parte significativa de los costos, en un momento en que familias e inmigrantes recurren a redes comunitarias, iglesias y comedores para cubrir necesidades básicas.
¿DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO?
Registros estatales indican que al menos US$335 millones ya fueron desembolsados para cubrir contratos vinculados con estos centros. Esos fondos provinieron de una reserva de emergencia administrada por la oficina del gobernador. Desde 2022, Florida ha destinado alrededor de US$4,800 millones a ese fondo especial, pero documentos legislativos muestran que para marzo de este año gran parte del mismo ya se había agotado.
Además, la administración habría utilizado otros US$90 millones para gastos ligados a la política migratoria, entre ellos honorarios legales, reparaciones de aeronaves, alimentación de empleados estatales y otros costos operativos.
EL IMPACTO PARA LOS CIUDADANOS DE FLORIDA
Cuando se habla de cifras tan elevadas surge la pregunta: ¿qué otras necesidades podrían haberse atendido con ese dinero? Analistas y líderes comunitarios comparan el monto comprometido con partidas que afectan la vida diaria:
- Sería suficiente para otorgar aproximadamente un bono de US$6,000 a cada maestro de escuela pública del estado.
- Equivale a montos destinados a responder varios desastres naturales recientes, incluidos los huracanes Nicole (2022), Idalia (2023) y Debby (2024).
- Podría haber reforzado programas de vivienda asequible en condados con gran población latina, como Miami-Dade o Broward, donde el alquiler y las pólizas de seguro ponen en jaque a muchas familias trabajadoras.
Para muchos residentes, la controversia es palpable: familias que asisten a misas en parroquias latinas, pequeños negocios de la Calle Ocho y padres que llevan a sus hijos a escuelas públicas ven estos contratos como una decisión que prioriza centros de detención por encima de servicios esenciales.
CRÍTICAS CONTRA DESANTIS
Las críticas han llegado desde distintos sectores. Jeff Brandes, exlegislador republicano y presidente del Florida Policy Institute, cuestionó la rentabilidad del proyecto: “Van a presentarlo como un éxito, por supuesto, pero todo es propaganda. Nadie puede decir que el dinero de los contribuyentes fue bien gastado”. El congresista demócrata Maxwell Frost, tras visitar las instalaciones, fue más tajante: “Es un proyecto para canalizar el dinero de los contribuyentes hacia corporaciones”. Frost añadió que muchos residentes siguen con dificultades para pagar vivienda, salud y seguros mientras el estado destina cientos de millones a estos centros.
LOS CONTRATOS MÁS GRANDES
La investigación identificó varias empresas privadas que recibieron contratos cuantiosos.
| Empresa | Contrato aproximado |
|---|---|
| Doodie Calls | US$219 millones |
| Empresas afiliadas a CDR Companies | US$210 millones |
| IRG Global Management | US$112 millones |
| CDR-GEO Joint Venture | US$99 millones |
| Garner Environmental Services | US$83 millones |
| GardaWorld | US$79 millones |
| Critical Response Strategies | US$70 millones |
Especial atención ha recibido CDR Companies; ejecutivos como Carlos Duart y Tina Vidal-Duart son aliados políticos conocidos de DeSantis. Documentos revisados por el Miami Herald muestran contratos con firmas vinculadas a ese grupo para preparación del sitio, instalaciones médicas y personal operativo.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA CONTRATACIÓN
Parte de la polémica surge porque muchos contratos no habrían pasado por procesos competitivos tradicionales. DeSantis suspendió temporalmente normas estatales para acelerar la construcción y puesta en marcha de los centros. Críticos sostienen que la ausencia de licitaciones públicas dificulta verificar si el estado obtuvo precios competitivos. La administración, en cambio, argumenta que la rapidez era necesaria para responder a lo que percibían como una situación migratoria urgente.
LA DEFENSA DEL GOBERNADOR
El gobernador Ron DeSantis ha sostenido que los centros eran indispensables para apoyar operaciones federales de detención y deportación, y ha dicho: “Lo estoy haciendo por necesidad. No lo hago porque piense que debería hacerse para obtener un titular”. También afirmó que los costos incluyen factores complejos, como la gestión diaria de residuos en zonas protegidas de los Everglades.
EXPERTOS CUESTIONAN LA NECESIDAD DEL PROYECTO
No todos coinciden con la justificación oficial. Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del ICE, señaló que existían alternativas menos costosas, como ampliar la capacidad en centros ya operativos o firmar acuerdos con cárceles locales. Según la experta, esas opciones podrían haber reducido el impacto fiscal sobre los contribuyentes.
UN DEBATE QUE SEGUIRÁ CRECIENDO
La controversia en torno a Alligator Alcatraz y Deportation Depot parece lejos de cerrar. Mientras la administración insiste en que los centros refuerzan la seguridad y la aplicación de la ley, críticos y líderes comunitarios ven en el proyecto un ejemplo de gasto público cuestionable en un contexto de necesidades sociales urgentes. Para la comunidad hispana de Florida —que sigue organizando campañas de apoyo mutuo en iglesias, centros comunitarios y radioemisoras en español— la discusión se concentra en prioridades: ¿invertir en detención o en servicios que alivien la presión sobre familias trabajadoras?
Si bien los casi US$1,000 millones ya forman parte del registro oficial de contratos, quedan preguntas abiertas sobre reembolsos federales, pagos pendientes y el costo final para los contribuyentes. En barrios como Little Havana, Hialeah Gardens o las zonas agrícolas del interior del estado, la gente sigue evaluando en la práctica si esos recursos habrían mejorado su día a día.
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Fuente: elcomercio.pe