Si algo está claro este miércoles, es que esta elección está muy reñida. Dos conteos rápidos del último domingo, de IPSOS y DATUM, colocaron a Roberto Sánchez ligeramente por encima de Keiko Fujimori. En ambos casos, el margen de error no permitía hablar de un triunfo, sino de un empate técnico. Pero, en la historia electoral contemporánea, al menos en el caso de IPSOS, el orden de los candidatos no ha cambiado, y esto lleva a muchas personas a sostener que el triunfo de Sánchez es posible.
Otros modelos y corridas estadísticas sobre la base de las actas ya contabilizadas, que circulan en algunas redes sociales como X, plantean un orden diferente. Colocan a la señora Fujimori con una muy ligera ventaja, y eso lleva a otras personas a afirmar que Fujimori sería ya la ganadora.
Lo cierto es que será el conteo final de actas, una vez resueltas las observaciones e impugnaciones, lo que determine a ciencia cierta quién ganó la elección. Es absolutamente entendible que muchos queramos esperar el desenlace final.
Pero hay un sector, cada vez más grande, de líderes de opinión y periodistas que parecen exigir que Juntos por el Perú (JPP) y sus votantes acepten anticipadamente una derrota. Lo hacen a la par que se cuidan de decir que, finalmente, dado lo apretado de la distancia entre los candidatos, hay que esperar el conteo final de la ONPE. Si hay que esperar, ¿por qué la exigencia e insistencia?
Muchos de quienes votamos por JPP lo hicimos por el inmenso riesgo que supone para el país que la señora Fujimori controle también el Poder Ejecutivo. Recalco el “también” porque varios parecen olvidar que actualmente controla el Parlamento pese a ser solo la primera minoría. Han colocado personas afines en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo y en la Junta Nacional de Justicia, desde donde buscan incidir en la acción del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Su alianza con lo que se ha llamado el “pacto mafioso” le permite mover la ley a su conveniencia. Veamos solo lo que pasó este miércoles: entre Renovación Popular —los que serán explícitamente sus aliados en el próximo Parlamento—, APP, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular han aprobado en primera votación una nueva ley de impunidad para transformar cualquier delito común cometido por un militar o policía en delito de función y, por tanto, objeto de juzgamiento en el fuero militar o policial. Un grave atentado contra el derecho a la justicia de cualquier ciudadano que pueda ser víctima de violencia física o asesinato. La muerte de las más de 50 personas asesinadas por la represión del gobierno de Boluarte debería dejar el fuero civil y pasar al fuero policial.
El riesgo es inmenso. Veamos solo cómo ha cambiado el comportamiento de algunas instituciones, de líderes de opinión y de periodistas tras el rumor del posible triunfo de Fujimori. En un canal de señal abierta, los señores Álvarez Rodrich y Tafur han dicho que el principal riesgo de un próximo gobierno de Keiko Fujimori sería que se desate una convulsión “provocada por la izquierda radical que ha perdido las elecciones” que querría “colocar muertes y manchar la gestión de Keiko Fujimori desde un inicio”, según dicen, “convertir a Keiko Fujimori en Boluarte desde la entrada, poniéndole 10 muertos o más”.
Estos comentarios, además de irresponsables e indolentes, son una muestra de la sumisión casi espontánea en la que entrarán muchas más personas al ver en el sillón presidencial a la señora Fujimori. Son graves porque colocan la responsabilidad de las muertes en conflictos sociales en la ciudadanía que decidió ejercer su legítimo derecho a protestar. Quienes llevan armas y reprimen violentamente son las fuerzas del orden. No hay país democrático que termine con decenas de muertos en protestas sociales. Miren las últimas protestas en París, con incendios y saqueos incluidos: terminaron con muchos detenidos, sí, pero sin ningún ciudadano muerto.
También es grave que algún funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, por exceso de sumisión, haya querido “avanzar” en su trabajo y colgar en la página web de la institución los nombres de Fujimori, Galarreta y Torres como autoridades ya electas. Luego del escándalo montado en redes, tuvieron que retirar la publicación. No creo que esta actitud sea señal de complot o fraude dentro del JNE, pero sí de la manera en que se comportan las instituciones ante la posibilidad de triunfo de Fujimori. La reacción ciudadana era necesaria y diré que hasta saludable, pues es central poner en evidencia actitudes de sumisión.
Dudas e irregularidades
En los procesos electorales hay irregularidades siempre. Lo saludable es identificarlas y subsanarlas, para evitar que se tuerza la voluntad popular. Señalar estas irregularidades y plantear dudas sobre algunos de los procesos en curso —como el envío de actas de mesas de peruanos en el exterior sin ser escaneadas previamente— no es equivalente a señalar fraude. Tener una actitud vigilante tampoco es equivalente a tener una actitud fraudista. Es decidir no resignarse y esperar que se resuelvan todas las observaciones previamente, porque es fundamental que haya confianza de la ciudadanía en los resultados.
Juan Carbajal en X ha colocado, por ejemplo, la resolución del JEE de Lambayeque tras el reconteo de votos del acta #035749, que daba un triunfo de Fujimori sobre Sánchez por 45 votos y que corrige el resultado al darle una ventaja de solo 18 votos. Dado que la distancia entre ambos candidatos ahora es menor a 2.000 votos, sí es fundamental resolver con claridad las dudas existentes en las más de 1.500 actas observadas. Pedir esto no es ser fraudista, es simplemente no bajar los brazos hasta el final de la contienda en un escenario de empate técnico.
Insumisas, insumisos
Si eventualmente la señora Fujimori resultara ganadora, lo que aún depende de la revisión final de las actas observadas, que nos encuentre vigilantes, de pie, en comunidad y, sobre todo, que nos encuentre insumisas e insumisos.
Fuente: larepublica.pe
