El Ministerio de Justicia adjudicó una obra de S/192 millones para la ampliación del penal de Arequipa a un consorcio que no contaba con RUC activo al momento del proceso, según reveló un reportaje de Cuarto Poder. De acuerdo con la investigación, el Consorcio Infra Penal Arequipa recién formalizó su inscripción ante la Sunat el mismo día en que fue declarado ganador del proyecto financiado por el Estado.
La obra busca ampliar la capacidad del establecimiento penitenciario para albergar a 1.600 internos y reducir los niveles de hacinamiento. Sin embargo, la adjudicación ha despertado cuestionamientos debido a la situación registral del consorcio beneficiado y a la forma en que se desarrolló el proceso de selección impulsado por el sector Justicia.
El reportaje también señala que el presupuesto destinado a este proyecto aumentó de manera significativa durante los últimos años. Mientras que en 2011 la iniciativa contemplaba una inversión de S/65 millones, para enero de 2026 el costo total estimado alcanzó los S/366 millones, cifra que supera ampliamente el monto inicial previsto para la infraestructura penitenciaria.
Otro aspecto que llamó la atención es que la adjudicación no se realizó mediante una licitación pública abierta. Según la investigación periodística, el procedimiento se realizó a través de invitaciones directas gestionadas desde el Ministerio de Justicia, modalidad que ahora se encuentra bajo escrutinio debido a las características del consorcio favorecido.
Empresas del consorcio acumulan antecedentes de sanciones
El Consorcio Infra Penal Arequipa está conformado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC. De acuerdo con Cuarto Poder, varias de estas compañías registran antecedentes de inhabilitación por presentar documentación falsa o información inexacta en anteriores procesos de contratación pública.
Ahren Contratistas Generales SAC recibió una sanción de 40 meses que concluyó en julio de 2024. Posteriormente, afrontó una nueva inhabilitación de cuatro meses. Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados durante la evaluación de los participantes convocados para la obra.
Por su parte, Constructora M&J SAC cumplió una sanción de 37 meses que venció pocos meses antes de la adjudicación. La empresa también recibió una nueva suspensión de tres meses por incumplimientos relacionados con normas de contratación estatal.
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Representante legal del consorcio trabajó en estudio de Juan José Santiváñez
La investigación periodística identificó como representante legal del consorcio al abogado Pierre Escobar Otoya. Según el reportaje, él reconoció que llegó al cargo por recomendación y admitió no contar con experiencia previa en contratación pública vinculada a proyectos de esta magnitud.
Cuarto Poder también informó que Escobar Otoya trabajó anteriormente en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El proyecto de ampliación del penal de Arequipa fue promovido desde la gestión de Santiváñez antes de su salida del cargo, hecho que ha incrementado las interrogantes sobre la adjudicación.
A ello se suman comunicaciones y mensajes de felicitación entre Escobar Otoya y el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. El reportaje sostiene que incluso se anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el procedimiento aún no aparecía registrado en los sistemas oficiales.
Fuente: larepublica.pe
