Tras cuernos, palos. Como si no bastara con crecer a un ritmo bajo y de manera poco inclusiva, la inflación vuelve a amenazar el bienestar de los hogares peruanos. Tras un 2025 con la menor inflación de las últimas décadas (1,5 %), el panorama para 2026 luce preocupante. Según el INEI, la inflación anualizada promedio nacional alcanzó 3,53 % en mayo, superando el rango meta fijado por el Banco Central de Reserva (entre 1 % y 3 %).
El principal detonante de esta nueva ola inflacionaria es el conflicto en el Golfo Pérsico, iniciado hace tres meses. La producción de petróleo en la región y su transporte hacia los mercados internacionales se encuentran prácticamente paralizados. Cientos de buques petroleros permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita alrededor del 35 % de la oferta mundial de petróleo y entre el 20 % y el 30 % de los fertilizantes. Como resultado, los precios internacionales se han disparado: en lo que va del año, el petróleo acumula un alza de 74 %. En Lima, durante los últimos doce meses, el transporte se encareció 15,5 % y los combustibles 31,4 %. Según la Sociedad Nacional de Industrias, el 37 % de los industriales prevé nuevos incrementos de costos y el 30 % planea trasladarlos a sus precios de venta, por lo que una parte importante de estas alzas terminará siendo absorbida por los consumidores, alimentando las presiones y expectativas inflacionarias.
El impacto no se limita a los combustibles. Los precios de los derivados del petróleo, especialmente de la urea —fertilizante clave para la agricultura—, han aumentado en 33 %. Esto reducirá su uso y la productividad por hectárea cultivada. Menor productividad implica menor oferta agrícola y, por tanto, mayores precios para los consumidores y menores ingresos para los productores. La inflación se propaga por toda la economía mediante efectos encadenados. El primer canal es el transporte. El aumento de los combustibles encarece el traslado de mercancías, elevando los precios de los bienes que llegan a los mercados, y también incrementa el costo de los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. Según la ENAHO, en 2025 el 31 % de los trabajadores urbanos y el 25 % de los estudiantes realizaban sus actividades en un distrito distinto al de residencia, por lo que el encarecimiento del transporte afecta directamente sus presupuestos.
La inflación erosiona el poder adquisitivo de los ingresos y deja a los hogares con pocas alternativas: recurrir a sus ahorros, endeudarse o reducir el consumo. Sin embargo, sus efectos son desiguales. Los hogares de menores ingresos son más vulnerables porque destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos. Si estos aumentan más que el resto de bienes y servicios, el deterioro de su bienestar será proporcionalmente mayor. Además, los hogares pobres cuentan con menos mecanismos para amortiguar el golpe. Carecen de ingresos indexados a la inflación y de capacidad suficiente de ahorro o endeudamiento para enfrentar aumentos persistentes de precios. La respuesta suele ser inmediata: ajustar el cinturón. Primero se sustituyen alimentos más nutritivos por otros más baratos; luego se reducen las cantidades consumidas y, en los casos más extremos, incluso el número de comidas diarias. Las consecuencias sobre la salud son severas, especialmente para niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Por ello, suele afirmarse que la inflación es un impuesto ciego. Sin embargo, dada la desigual distribución de sus efectos, sería más preciso decir que se trata de un impuesto regresivo. No golpea a todos por igual.
La evidencia lo confirma. Céspedes y Huarancca, en un estudio publicado por el BCR, muestran que la inflación entre 2018 y 2023 tuvo efectos contractivos y regresivos sobre los hogares pobres, cuyos gastos se redujeron en alrededor de 8,6 %, mientras que los hogares de mayores ingresos lograron amortiguar mejor el impacto. Durante el episodio inflacionario asociado al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2023, el costo de la canasta básica aumentó en 7 % y el de los alimentos en 11 %. Según nuestras estimaciones, ese proceso añadió 2,7 puntos porcentuales a la tasa de pobreza nacional, 2 puntos en las zonas urbanas y 5 puntos en las rurales, contribuyendo al incremento de la pobreza extrema en estas últimas. La inflación, lejos de ser neutral, profundiza las brechas sociales y amplía la desigualdad.
Y como si ello no fuera suficiente, un nuevo riesgo se cierne sobre la economía peruana. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido sobre una elevada probabilidad de desarrollo del fenómeno El Niño a partir de mediados de 2026, tras observar un rápido incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico. En la misma línea, el ENFEN mantiene vigente la alerta de El Niño costero debido al calentamiento del mar frente al litoral norte y centro del país. La experiencia histórica muestra que los costos económicos pueden ser enormes. Callahan y Mankin (2023) estiman que, de no haber ocurrido el fenómeno El Niño de 1997-1998, el ingreso promedio habría sido cerca de 19 % mayor en 2003. Otros estudios calculan pérdidas directas de alrededor de US$ 1.000 millones, principalmente en la costa norte. Según el BCR, dicho evento ocasionó pérdidas equivalentes al 2,9 % del PBI y daños en infraestructura por otro 2,2 %.
De repetirse un episodio severo en 2026-2027, las presiones inflacionarias se intensificarán. La producción de alimentos podría verse afectada por inundaciones, sequías y otros eventos extremos, mientras que los daños en carreteras y vías de comunicación interrumpirían los circuitos de abastecimiento. Es una historia conocida: inundaciones en el norte, sequías y friajes en el sur, escasez de productos y aumento de precios.
Por ahora, apenas observamos las primeras señales de un año marcado por el encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y los costos de transporte. El verdadero impacto del choque externo de precios y del eventual choque climático se sentirá con mayor intensidad durante el segundo semestre de este año y a lo largo de 2027. Nos enfrentamos a un problema de oferta en un contexto de demanda interna débil. En estas circunstancias, la respuesta no pasa por enfriar aún más la economía mediante políticas fiscales y monetarias restrictivas. Se requiere una estrategia integral de corto y mediano plazo para mitigar ambos choques.
La buena noticia es que los instrumentos existen. Como ha advertido el ENFEN, resulta urgente reactivar y fortalecer los fondos de contingencia. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), constituido precisamente para enfrentar situaciones adversas, permanece prácticamente inalterado desde hace tres años, con recursos cercanos a los US$ 3.200 millones. Por su parte, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) enfrenta serias limitaciones: la deuda con los distribuidores aumentó 9 % durante el primer trimestre de 2026 y su capacidad para contener el alza de los combustibles es cada vez más reducida.
La inflación golpeará con fuerza a los hogares peruanos. Si a ello se suma un nuevo episodio de El Niño, el país enfrentará una combinación adversa de presiones externas y riesgos climáticos. Para millones de familias, literalmente, lloverá sobre mojado.
Ampliados
La combinación de inflación y el muy probable fenómeno El Niño amenazan con elevar la pobreza y profundizar la desigualdad en el país.
El Gobierno dispone de fondos e instrumentos para enfrentar la inflación y el riesgo de El Niño; la clave es actuar ahora, porque prevenir cuesta mucho menos que mitigar y reconstruir.
Fuente: larepublica.pe
