Una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción permitió desarticular una presunta organización criminal integrada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que operaba en Ate Vitarte. El caso salió a la luz tras una serie de diligencias que revelaron cómo un grupo de agentes habría utilizado recursos institucionales para obtener dinero de conductores a cambio de no aplicar sanciones por infracciones vehiculares.
Como resultado de las acciones de inteligencia y control interno, diez policías fueron detenidos por su presunta participación en estos hechos. De acuerdo con las pesquisas, los implicados realizaban intervenciones en la vía pública simulando operativos de fiscalización con el objetivo de exigir pagos a choferes que presentaban observaciones en su documentación o automóviles.
Fiscalía revela cómo estaba organizada la presunta red de corrupción dentro de una comisaría de Ate
Las indagaciones fiscales señalan que la estructura investigada habría estado encabezada por el comisario de Ate Vitarte, José Humberto Velásquez Céspedes. Junto a él habrían participado un alférez perteneciente al área de patrullaje y varios suboficiales, quienes desarrollaban intervenciones en la Carretera Central pese a no formar parte de unidades especializadas en tránsito.
Según la información recopilada por el Ministerio Público, los agentes utilizaban implementos asociados a labores de control vehicular para detener conductores y solicitar pagos irregulares. La investigación sostiene que existía un esquema de recaudación interna mediante el cual cada suboficial debía entregar S/20 por hora al comisario por participar en los operativos. El dinero era reunido por un alférez señalado en el caso, mientras que los depósitos diarios atribuidos al presunto cabecilla fluctuaban entre S/80 y S/800, de acuerdo con los registros analizados por la Fiscalía.
Chats y depósitos exponen el funcionamiento de los cobros ilegales a conductores
Los expedientes revisados por la Fiscalía incluyen casos en los que los conductores habrían sido obligados a entregar entre S/300 y S/500 para evitar sanciones relacionadas con revisiones técnicas vencidas u otras observaciones vehiculares. En algunos casos, los autos permanecían retenidos mientras se concretaba el pago exigido por los agentes investigados. Las pesquisas también identificaron distintas formas de recibir el dinero, desde entregas directas hasta depósitos realizados mediante agentes bancarios cercanos.
Asimismo, registros de depósitos y conversaciones obtenidas durante la investigación permitieron reconstruir el presunto funcionamiento de la organización. Entre los elementos analizados aparecen mensajes que alertaban sobre posibles operativos de control interno en la zona. De acuerdo con la tesis fiscal, esta información habría sido utilizada para suspender temporalmente las acciones irregulares y evitar que los involucrados fueran descubiertos durante las labores de supervisión desarrolladas por las autoridades competentes.
Fuente: larepublica.pe
