La Defensoría del Pueblo exigió a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín desarrollar una investigación célere, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias en que un adolescente de 17 años falleció mientras permanecía retenido en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, al sur de Lima.
Tras reunirse con los padres del menor, el organismo también exigió determinar todas las responsabilidades posibles en este caso y que se esclarezcan las denuncias de presuntos actos de corrupción, malos tratos y aparentes tratos crueles e inhumanos contra la víctima, quien fue intervenido por las autoridades el 13 de junio tras ser acusado de presunto robo.
Solicitan información clave
A través de un comunicado, la institución informó que solicitó formalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP) información detallada sobre las circunstancias en las que el adolescente permaneció bajo custodia estatal. El pedido incluye los registros de detenidos y ocurrencias, la identificación del personal policial responsable de su custodia y los protocolos aplicados para resguardar su integridad.
Asimismo, la Defensoría requiere conocer las acciones adoptadas por el personal policial frente a las lesiones que presentaba el menor antes de fallecer, los procedimientos de emergencia y traslado, así como las grabaciones de videovigilancia correspondientes a los días en que permaneció retenido.
Piden hallar responsabilidades
En otra parte de su escrito, el organismo demanda a la Inspectoría General de la PNP iniciar una investigación profunda en el ámbito administrativo disciplinario para determinar posibles responsabilidades funcionales y verificar el cumplimiento de los protocolos aplicables a la custodia de personas menores de edad.
La PNP sostiene que el menor murió por “asfixia mécanica por ahorcamiento”, pero el padre de la víctima rechaza esta versión y afirma que su hijo habría sido víctima de maltratos mientras permanecía bajo custodia policial. Asimismo, el hombre denunció que efectivos policiales le pidieron S/2.000 y un pollo a la brasa para dejar libre al menor.
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Fuente: larepublica.pe
