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La playa Agua Dulce, en Chorrillos, una de las más populares de la Costa Verde, fue escenario de un ataque a balazos la madrugada del 23 de junio, que dejó un herido de bala y dos lesionados. El crimen ocurrió en los exteriores de la playa, específicamente en la vía peatonal aledaña a la avenida principal del Circuito de Playas. Pese a que desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre la presencia de parqueadores informales en la zona, el problema se ha intensificado hasta derivar en una investigación por un presunto cobro de cupos.
Las víctimas se encontraban parqueando vehículos en este estacionamiento improvisado cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Uno de los criminales descendió del vehículo y persiguió a los tres trabajadores mientras efectuaba una ráfaga de disparos en su contra.
En la escena se encontraron hasta ocho casquillos de bala, así como bebidas y alimentos que las víctimas compartían momentos antes del ataque. Los heridos fueron identificados como Carlos Jesús Coria Páucar, a quien una bala le rozó el cuello; Leonardo Guillén Zavala, quien saltó el muro que divide la playa de la zona peatonal y se fracturó el tobillo; y Alejandro Herrera, quien al intentar escapar corriendo se fracturó el pie derecho. Los tres fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.
¿Qué causó la balacera?
Las investigaciones preliminares apuntan a que el tiroteo responde a un conflicto por el control del espacio destinado al estacionamiento vehicular. Comerciantes que trabajan de madrugada en la zona confirmaron que actualmente el área de parqueo —que debería ser pública y administrada por la Municipalidad de Chorrillos— es escenario de una constante disputa entre dos agrupaciones que buscan tomar el control.
Los trabajadores independientes del balneario aseguran que este ataque criminal es el resultado directo de una pelea física ocurrida la mañana anterior. Dicho enfrentamiento involucró a los dos bandos que buscan monopolizar los cobros a los conductores que acuden a la Costa Verde.
La Policía acordonó la zona del crimen para que los peritos de Criminalística realizaran las diligencias correspondientes.
Las acciones que se tomarán
Comerciantes y vecinos solicitaron a la Municipalidad de Chorrillos aclarar la situación legal del cobro por estacionamientos y la presunta presencia de mafias en la zona. Además, pidieron mayor resguardo policial ante un posible incremento de amenazas.
Antecedentes
Desde el verano de este año, se venía advirtiendo que los exteriores de las playas de la Costa Verde —sobre todo las ubicadas en Chorrillos— se habían transformado en improvisados y lucrativos estacionamientos informales durante el día, pese a la presencia policial.
Algunos vehículos incluso ingresaban a áreas verdes subiendo por las veredas, poniendo en riesgo a los transeúntes y llegando a pagar hasta 20 soles a parqueadores informales para acceder a estos espacios prohibidos. Estos autos permanecían estacionados tanto de día como de noche, incluso después de la medianoche.
En su momento, la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Chorrillos comunicó que esta situación excedía sus posibilidades de acción y que “estas zonas no deberían utilizarse para el estacionamiento”. “La labor disuasiva de la Policía es sancionar con multas, pero muchas veces eso no soluciona el problema. Imponen la sanción, pero el retiro inmediato del vehículo no se concreta”, informó la comuna. Por su parte, la Policía sostiene que sí interviene mediante la imposición de fotopapeletas, aunque reconoce que estas acciones no son suficientes.
Prácticas ilegales
Expertos consultados por El Comercio sostuvieron que la práctica de estacionar vehículos en espacios públicos deteriora el entorno, normaliza el desorden y refuerza la informalidad. Uno de ellos fue el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana Sebastián Flores Martín.
“La actividad de cuidar vehículos en espacios públicos no es, en sí misma, delictiva, pero sí es informal, ya que personas se autodenominan cuidadores y actúan como si fueran propietarios de la vía pública, tratando de generar ingresos mediante estas prácticas. Esto refleja impunidad y una falta de control sobre los espacios dentro de la metrópoli”, señaló.
“Lo que comienza como una práctica informal termina en situaciones como la que vemos ahora. Los criminales identifican la vulnerabilidad de estas personas y ejercen presión sobre ellas, por lo que terminan siendo víctimas de extorsión. Los parqueadores entran en una encrucijada porque no pueden abandonar su espacio, ya que constituye su centro de trabajo, pero al mismo tiempo están desamparados por las autoridades debido a que se trata de una actividad no regulada”, añadió.
Sebastián Flores considera que esta problemática evidencia fallas en la fiscalización y la prevención por parte de la municipalidad distrital. “Los espacios públicos deben utilizarse adecuadamente. Para ello, las entidades públicas, como la municipalidad, deben realizar una recuperación efectiva de estos espacios”, sostuvo.
“El primer responsable para la opinión pública suele ser la Policía, pero en este tipo de casos la responsabilidad recae principalmente en las unidades de fiscalización de la municipalidad distrital. Es necesario generar programas de formalización con respaldo institucional y filtros rigurosos. Eso ayudaría a promover una mayor organización social y urbana”, expresó.
Por su parte, el experto en derecho municipal Andrés Devoto Ykeho sostuvo que, si bien las municipalidades distritales pueden cobrar tasas por estacionamiento en determinados lugares, estos deben ser espacios cerrados.
“Si se trata de un espacio público, solo las municipalidades distritales pueden cobrar, y siempre con la ratificación de la municipalidad provincial. En un espacio público, de ninguna manera puede cobrar un privado. Eso es tremendamente ilegal. La municipalidad debe actuar frente a ello”, declaró.
“La Municipalidad de Chorrillos tiene plena potestad para retirar a estas personas. Sin embargo, es importante no limitar el análisis al ámbito distrital, sino observar la gestión integral del espacio público en la Costa Verde. No existen suficientes buses que cubran la demanda de quienes desean acudir a las playas. Si no hay un servicio público que permita a los bañistas llegar de manera cómoda y económica, es evidente que optarán por utilizar sus vehículos particulares”, opinó.
El experto propuso dotar a la zona de mejores accesos peatonales, infraestructura para micromovilidad y un mejor servicio de transporte público. Asimismo, destacó la importancia de impulsar cambios legislativos que permitan a las municipalidades retirar vehículos mal estacionados, ya que, según señaló, “la Policía no se da abasto”.
Este Diario se comunicó con la Municipalidad de Chorrillos para conocer las acciones que viene implementando frente a estas prácticas. Sin embargo, pese a que su equipo de comunicaciones derivó la consulta al área correspondiente, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fuente: elcomercio.pe