En las últimas horas, agentes de la Policía y del Ministerio Público lograron la captura de 25 presuntos integrantes de la red criminal 'La Red del Silencio', señalados de extorsionar a conductores de vehículos de transporte público en Lima y Callao. Más de 190 unidades fueron afectadas por esta banda, según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao.
De acuerdo con la tesis fiscal, el grupo criminal operaba desde años anteriores y registró una mayor incidencia en el 2025.
“Su ámbito de acción se habría concentrado en el sector de Oquendo, en el Callao, así como en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y otros puntos de Lima Metropolitana”, informó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor).
El hecho se conoció gracias a la información proporcionada por los mismos conductores, la cual alertó a nuestras unidades de investigación sobre un posible caso de extorsión, indicó un oficial a cargo de las pesquisas.
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Y resaltó que la acción de los agentes evitó que decenas de conductores fueran víctimas de un delito que les venía ocasionando un daño económico significativo.
La medida también incluyó el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho.
Los principales agraviados, explicó Chávez Cotrina, eran empresas de transporte público formal e informal, entre ellas Translima y Holding Real Express S.A., así como propietarios, conductores, cobradores y otros trabajadores del sector.
“Se estima que alrededor de 190 unidades vehiculares que cubren diversas rutas, incluida la avenida Izaguirre, habrían resultado afectadas”, indicó el magistrado.
De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal exigía pagos diarios que fluctuaban entre S/10 y S/40 por unidad vehicular, llegando incluso hasta S/70 diarios. Para ello, sus integrantes utilizaban grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde los cuales enviaban mensajes extorsivos y amenazas dirigidas a los transportistas.
La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao sostiene que los mensajes contenían amenazas contra la vida, integridad y patrimonio de las víctimas, e incluso incluían imágenes de armas de fuego, explosivos y advertencias intimidatorias.
Asimismo, se investiga su presunta participación en atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros actos de violencia destinados a reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.
Con la ejecución de esta medida judicial de detención preliminar por 15 días, el Ministerio Público continuará ejecutando diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Fuente: larepublica.pe
