El próximo jueves, 9 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá el Proyecto de Ley 14337, iniciativa fujimorista que busca modificar el Código Penal peruano para incorporar, bajo los términos del Parlamento, los delitos de lesa humanidad.
A pesar de que el proyecto de ley contradice el Estatuto de Roma, la iniciativa de Fernando Rospigliosi llega a esta instancia con el respaldo de la mayoría política.
El proyecto fue aprobado en primera votación el pasado 23 de junio, con 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones.
Durante esa sesión, los congresistas Ruth Luque, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Flor Pablo cuestionaron el proyecto de ley y advirtieron que la verdadera intención no es ordenar el Código Penal, sino introducir restricciones que buscan archivar investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
“Esta ley va a obstaculizar que las familias encuentren justicia y que los procesos sean revisados. (…) El fujimorismo va a hacer gobierno y debe ser el primero en garantizar justicia para todos y no promover estas leyes de última hora que benefician la impunidad”, dijo Pablo.
Aunque presentaron reconsideraciones para frenar y revisar el texto, estas fueron rechazadas en bloque por 56 votos en contra.
En diálogo con La República, la abogada y especialista en derechos humanos Julissa Mantilla advirtió que la propuesta legislativa no solo atenta contra el orden constitucional, sino que está diseñada con una redacción deficiente adrede para blindar a los acusados.
“La norma está muy mal hecha. Más allá de que su objetivo es evidentemente contra la Constitución y contra los principios del debido proceso, está muy mal escrita, muy mal elaborada”, manifestó.
Mantilla explicó que el texto plantea una definición "tan recargada" del delito que termina desnaturalizando el acceso a la justicia al exigir requisitos que no demanda la normativa internacional.
En esa misma línea, explicó que el Estatuto de Roma define con claridad que un crimen de lesa humanidad ocurre cuando se ataca a una población civil, de forma generalizada o sistemática, y con conocimiento de dicho ataque. Sin embargo, advirtió que la propuesta del Congreso distorsiona esta norma al exigir que la agresión se dirija contra una población civil "determinada", un concepto que no existe en el marco global y que abre la puerta a la ambigüedad.
“Lo que está haciendo esta definición es poner tantos elementos que va a dejar de lado el objetivo mismo de tipificar la lesa humanidad, que es obtener justicia”, denunció.
Además, advirtió que el proyecto exige probar toda una estructura de planificación —como planes estratégicos, tácticos y de operaciones firmados— para calificar un ataque como sistemático.
Explicó que estos nuevos lineamientos ignoran la forma en que operaban destacamentos como el grupo Colina, donde las órdenes eran clasificadas.
“Quiere decir que si no se logra probar todos estos elementos no habrá delito de lesa humanidad, cuando bien se sabe que en el caso de los crímenes del grupo Colina toda la planificación fue interna; no es que era de fácil acceso. Lo que está tratando de hacer el proyecto es poner tantas trabas a la investigación para que no se pueda probar el delito”, dijo Mantilla para este medio.
Adicionalmente, recordó que esta iniciativa no puede ser analizada como un hecho aislado, sino como parte de un paquete de impunidad que viene desde el Parlamento.
“Esta ley no hay que leerla sola, hay que leerla en el marco de la Ley de Amnistía, de la ley que establecía los crímenes de lesa humanidad, de la ley de fuero militar-policial. Hay una serie de leyes que lo que están tratando de hacer es garantizar la impunidad”.
Mantilla también indicó que estas leyes contradicen al Tribunal Constitucional y a la justicia internacional.
“El TC estableció que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad era una norma imperativa (jus cogens), que nunca prescribe. (…) No importa cuándo se cometió ni cómo se cometió. Es imprescriptible”.
Por su parte, Germán Vargas, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), coincidió con los cuestionamientos y advirtió que el proyecto de ley introduce distorsiones técnicas al apartarse de lo establecido por la justicia internacional.
“Hay problemas muy serios que están incluidos en esta propuesta que amenaza ser ley. Uno en particular tiene que ver con las tipificaciones (…) lo que preocupa es que se haga una distorsión que se aparta de lo que establece el Estatuto de Roma”, señaló.
En la práctica, estas modificaciones normativas imponen trabas legales adicionales para calificar un crimen como de lesa humanidad.
Al obligar a los fiscales a demostrar requisitos que no están dentro del derecho internacional —como que las víctimas compartan una misma condición de raza o religión, o imponer que las matanzas ocurran de manera consecutiva en el tiempo para ser consideradas masivas—, el proyecto debilita la persecución del delito.
Para los expertos, estas nuevas condiciones legales actuarán como un filtro que dificultará el trabajo de las fiscalías y facilitará que los acusados por graves violaciones a los derechos humanos apelen a la prescripción de sus delitos.
Respecto del impacto directo en los procesos vigentes, el representante de la CNDDHH alertó sobre el riesgo de archivamiento de casos antiguos bajo el pretexto de que ocurrieron antes de la vigencia del Estatuto de Roma.
Asimismo, Vargas denunció que este proyecto forma parte de una estrategia del Parlamento para debilitar la separación de poderes, al recortar la autonomía de los magistrados bajo la premisa de evitar interpretaciones libres.
“Lo que ha hecho el Congreso en los últimos años es evitar la independencia judicial. Y lo ha hecho recortando la prerrogativa que tienen los jueces de, por ejemplo, hacer el control difuso. Hay un atentado permanente del Congreso contra la autonomía de los magistrados, a quienes se les pretende reducir el marco de interpretación. Eso es sumamente peligroso”, advirtió.
De oficializarse la norma este jueves, la organización adelantó que apelará a todos los mecanismos legítimos posibles, incluidos los tribunales internacionales. Asimismo, hizo un llamado a los magistrados para que defiendan su institucionalidad frente a este proyecto.
“Esperamos que también los jueces sigan aplicando el control difuso, no se sientan obligados a aplicar leyes que son, desde todo punto de vista, inconstitucionales”, concluyó Vargas.
Fuente: larepublica.pe
