El reciente desastre natural ocurrido en Venezuela, con sus lamentables consecuencias, vuelve a poner en agenda una realidad que el Perú no puede seguir ignorando: la prevención continúa siendo la gran ausente de nuestras políticas públicas. Lima ha crecido durante décadas de manera desordenada. La autoconstrucción, la expansión urbana sin planificación y la escasa inversión en gestión del riesgo han incrementado la vulnerabilidad de millones de personas frente a sismos, deslizamientos e inundaciones. Lo más preocupante es que conocemos los riesgos, pero seguimos actuando como si las tragedias siempre les ocurrieran a otros. Nuestra capital tiene un privilegio que pocas ciudades del mundo poseen: vivir frente al océano Pacífico.
Sin embargo, la Costa Verde continúa siendo una deuda pendiente en materia de prevención. Miles de vehículos y peatones transitan diariamente por una vía rodeada de acantilados donde el desprendimiento de rocas representa un riesgo permanente, peligro que podría agravarse significativamente durante un movimiento sísmico de gran intensidad. La Costa Verde se ha convertido, en muchos aspectos, en un corredor de la suerte. Quien la recorre depende, muchas veces, de que la naturaleza decida concederle un día más sin incidentes. Ninguna ciudad moderna puede conformarse con que la seguridad de sus ciudadanos dependa de la buena fortuna. La prevención no consiste únicamente en construir muros de contención o instalar mallas de protección. También exige garantizar accesos y salidas adecuados para una evacuación ordenada, contar con protocolos claros y preparar a la población para responder durante las primeras horas posteriores a una emergencia. La experiencia demuestra que sí es posible actuar antes de lamentar. En agosto de 2019, durante los Juegos Panamericanos, un importante desprendimiento de rocas se produjo a la altura del malecón Castagnola, en Magdalena del Mar. Afortunadamente no hubo víctimas, pero el hecho puso en evidencia años de abandono.
Posteriormente, mediante un trabajo conjunto entre las municipalidades de Magdalena del Mar y Lima Metropolitana, se ejecutaron estudios geotécnicos y obras de estabilización de taludes que permitieron recuperar un espacio público hoy mucho más seguro. Aquella intervención confirmó que cuando existe voluntad política, respaldo técnico y coordinación institucional, la prevención deja de ser un discurso para convertirse en una política pública eficaz. Pero la infraestructura, por sí sola, no basta. Cada municipalidad debería contar con un padrón actualizado de vecinos voluntarios, previamente capacitados y organizados en cuadrillas de primera respuesta.
Ante un terremoto de gran magnitud, es natural que muchos trabajadores municipales, médicos, policías, bomberos y demás servidores públicos deban verificar primero la situación de sus propias familias antes de reincorporarse plenamente a sus labores. Esa realidad debe formar parte de toda planificación seria y responsable. Mientras las instituciones recuperan su capacidad operativa, serán los propios vecinos quienes, en muchos casos, representen la primera ayuda disponible. Por ello, esas redes comunitarias deben existir antes de la emergencia y no improvisarse cuando ya sea demasiado tarde. Esa organización debe ser liderada por el alcalde. No basta con administrar el distrito o ejecutar obras; también corresponde preparar a la comunidad para afrontar las crisis. Un alcalde que organiza, capacita y articula a sus vecinos fortalece la resiliencia de su distrito y protege lo más valioso que tiene una ciudad: la vida de sus habitantes. Resulta preocupante que aún existan municipalidades donde la Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil no ocupen un lugar estratégico dentro de su estructura organizacional. San Isidro, por ejemplo, reúne todas las condiciones para convertirse en un referente nacional en esta materia y tiene la obligación de asumir ese liderazgo.
Los fenómenos naturales son inevitables. Las tragedias humanas, muchas veces, no lo son. La diferencia entre ambas suele estar en la calidad de las decisiones que se toman antes de que ocurra la emergencia. Porque, al final, la prevención quizá no dé votos. Pero cuando llega el momento de la verdad, es la única política pública capaz de salvar vidas.
Fuente: elcomercio.pe