Es julio, “el mes de la patria”. El del aniversario de la independencia. “Independencia” remite al sentido fundacional de la soberanía nacional, pero hoy suena hueco. Porque, mientras este 28 conmemoramos un año más de que nuestros antepasados juraron “sostener y defender con su opinión, persona y propiedades, la independencia del Perú del gobierno español y de cualquiera otra dominación extranjera”, asumirá la presidencia K. Fujimori, a quien no es fácil asociar con los valores de este juramento. El juramento de la independencia fue un ritual cívico que realizaron muchos pueblos del Perú antes de que San Martín proclamara la independencia en Lima; muchos otros pueblos lo continuaron haciendo después. Y aunque se trata de un juramento olvidado, para San Martín fue crucial: era lo que validaba su proclama independentista, que se realizaba por “la voluntad general de los pueblos ”. Una versión del juramento pasó a ser parte de nuestra segunda Constitución republicana, la de 1834, cuyo artículo primero dice: “La nación peruana es independiente; y no puede ser patrimonio de persona o familia alguna”.
En anteriores oportunidades he planteado (siempre fuera de moda…), que la independencia del Perú debe entenderse como una revolución, tal como la experimentaron sus contemporáneos y artífices. Una revolución política y jurídica, radical para su tiempo y —temo decirlo— más aún para el nuestro, en que el propio término revolución no está más en el horizonte de lo pensable.
La incongruencia entre el país (¿post?)neoliberal de hoy y el ideal de su fundación republicana no puede ser mayor. En tres décadas de neoliberalismo, el mercado desplazó a la historia como fuente de identidad colectiva y el país se convirtió en una marca. Pero es necesario incidir en la historia que tuvimos, que tenemos, porque en el intento de reescribirla se librarán muchas batallas políticas. Por ello, creo más necesario que nunca rescatar de la historia lo que el dogma neoliberal prefirió que olvidáramos: la historia de nuestros derechos políticos y ciudadanos… Por ejemplo, el que nuestra primera constitución republicana, de 1823, ya incorporaba la igualdad ante la ley en el capítulo de garantías constitucionales, en clara ruptura con la legislación colonial.
Dictadura parlamentaria
Si bien estos principios han sido burlados sistemáticamente a lo largo de dos siglos de vida republicana, creo que el régimen que se inicia con la vacancia irregular de Castillo el 7 de diciembre de 2022 y llega a su fin en unos días, será considerado uno de los más corrosivos a este respecto. Y no será fácil para la señora Fujimori desvincularse de él, ni de su origen espurio, porque fue su propio vicepresidente, 'Miki' Torres, quien confesó, a modo de alarde, que el Congreso, la Fiscalía y medios, conjuntamente depusieron a Castillo. En sus palabras: “Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”. Es decir, si bien Castillo quiso dar un golpe, el golpe se lo terminó dando a él un Congreso dominado por el fujimorismo, que desde entonces ha gobernado el país vía presidentes títere.
Tampoco le será fácil a Fujimori desasociarse de la masacre de 50 peruanos con la que se inauguró el régimen parlamentario que tuvo en Boluarte a su primera presidenta títere, porque, siendo la responsable política de estos crímenes, su bancada la Fuerza Popular blindó siete veces de la vacancia; ni de la captura de los poderes del Estado e instituciones claves para el sistema de justicia, como Fiscalía, TC, JNJ, Defensoría del Pueblo, de las que Fujimori y sus coacusados se beneficiaron directamente cuando el TC anuló inconstitucionalmente su juicio en curso por lavado de activos. Luego vinieron el hostigamiento, acusaciones y remoción arbitraria de jueces y fiscales que investigaban casos que involucraban al fujimorismo y aliados, mientras los organismos tomados reponían a jueces y fiscales comprometidos con la red criminal Los Cuellos Blancos. ¡Un verdadero mundo al revés!
Más allá del ámbito judicial, la nueva arquitectura legal creada por el régimen, con sus 12 leyes pro-impunidad, persiguió un control político cerrado a futuro. Arrogándose poderes constituyentes para los que no fue elegido, el Congreso alteró, a puerta cerrada, el 57%, de la Constitución, modificando la propia estructura del sistema representativo y las reglas de juego del sistema electoral, sobrepasando sus atribuciones. Llamarlo dictadura parlamentaria no es hipérbole.
Y siendo su obra reprensible, la más alarmante de todas las leyes que urdió es la que permite que policías y militares puedan ser juzgados por crímenes comunes en tribunales militares y policiales, lo que nos revierte al tiempo de los fueros coloniales y la “sociedad de castas”, donde las penas no se daban tanto en función del delito, sino de quién lo cometía. Una reversión de más 200 años del principio de igualdad jurídica con el que se fundó la república.
Cabe entonces preguntarse ¿por qué, si más del 90 % de peruanxs desaprobaba a un Congreso que perpetró las iniquidades que conocemos, el país terminó llevando a la presidencia a quien estuvo detrás de todo esto? ¿Qué le hace a un país elegir a su propio verdugo de presidente?
¿Cómo perder un país?
No tengo la respuesta. Solo tristeza, y la sensación de “estar perdiendo un país”, como lo expresó la escritora turca Ece Temelkuran en 'How do lose a country? The siete Steps from Democracy to Fascism' (The Canons, 2024). Porque aunque a muchos les incomode el término fascismo y minimicen el grado de descomposición moral y política que vivimos, el Perú no es una isla y exhibe varios de los signos que Temelkuran asocia con la pérdida de la democracia, camino al fascismo. La impunidad estructural y la instrumentalización de las fuerzas de seguridad para ejercer violencia contra los ciudadanos en virtual calidad de inimputables, es uno de los más, si no el más, preocupante.
En una reciente entrevista con el periodista Chris Hedges, Temelkuran dijo que cuando perdemos la democracia “perdemos muchas otras cosas, sobre todo la dignidad humana, y ese es el principal problema de la política de este siglo. Creo que tenemos que volver a situar la dignidad humana en el centro”, afirmó. Coincido, y pienso en ese otro artículo olvidado, esta vez, el 1 de la Constitución vigente: “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. El Congreso no lo tocó, tal vez porque pensó que era letra muerta. De seguirse ignorando, “democracia” seguirá siendo una palabra hueca.
Fuente: larepublica.pe
