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La apertura comercial ha sido uno de los pilares más importantes del modelo económico peruano. Se refleja en la red de acuerdos comerciales —26 tratados vigentes con economías que concentran cerca del 90% del comercio exterior peruano—, en la estructura arancelaria —el arancel promedio es hoy 2,2%, cuando a finales de los ochenta llegaba al 70%—, y en un marco que promueve las exportaciones y atrae inversión extranjera. En esta campaña electoral, ese pilar ha estado bajo ataque: se propuso renegociar los TLC “lesivos”, impulsar una “soberanía productiva”, sustituir importaciones estratégicas y prohibir exportar minerales sin procesamiento. Como es usual, los planes ahora se moderan, apenas unos días antes de la segunda vuelta, pero vale la pena recordar por qué es tan importante mantener y fortalecer la apertura comercial, con convicción y política de estado, más allá de promesas electorales.
¿Por qué funciona y para quién? Se suele decir que la apertura comercial solo beneficia a las grandes empresas. Pero eso es falso. La apertura comercial genera empleo y reduce la pobreza principalmente a través de dos canales. Primero, el crecimiento de las exportaciones crea nuevas empresas y puestos de trabajo de manera descentralizada. Segundo, la competencia de importaciones reduce los precios de bienes esenciales de la canasta básica, beneficiando directamente a los hogares más pobres.
Los datos lo confirman. Las Mipymes exportadoras de productos no tradicionales crecieron de cerca de 3.000 a más de 6.600 entre 1995 y 2024 —y la canasta exportadora se diversificó de aproximadamente 2.500 a 4.681 productos y los destinos de 146 a 178 países—. Hoy, las Mipymes representan el 90,9% del total de exportadores. Entre 2002 y 2017, el 81% del crecimiento de las exportaciones no tradicionales vino del ingreso de nuevas empresas o del envío de nuevos productos hacia nuevos destinos y no de que las empresas grandes exportaran más de lo mismo. Desde el 2000, el volumen de las exportaciones ha crecido sistemáticamente más que el PBI total, lo que refleja que estas han sido un motor importante de crecimiento económico, de empleo y de recaudación para el Estado.
El caso más elocuente es la agroexportación. Entre el 2000 y el 2024, las exportaciones agropecuarias no tradicionales pasaron de US$400 millones a US$11.100 millones —28 veces más en 25 años—. El arándano peruano pasó de cero a explicar el 32% del mercado mundial en 14 años. Como consecuencia, actualmente el sector agroexportador crea más de 400.000 empleos formales y es el principal creador de empleo formal para trabajadores no calificados fuera de Lima. Entre 2004 y 2017, la generación de empleo y el aumento de salarios en el sector agrícola explicaron alrededor del 45% de toda la reducción de pobreza del país según estimaciones del BCRP. Los impactos negativos que algunos anticipaban —destrucción de empleo industrial, quiebra de la pequeña agricultura— no se materializaron.
La trampa de cerrar la economía. Proponer sustituir importaciones o renegociar TLC suena a defensa del trabajador. En la práctica produce el efecto contrario: encarece los insumos de quienes producen aquí, destruye empleo en los sectores exportadores y reduce el ingreso real de los hogares. La apertura también beneficia a los consumidores en silencio: más opciones, mejor calidad y precios más bajos en ropa, electrodomésticos y tecnología. El proteccionismo es un subsidio oculto al productor ineficiente que paga el consumidor. Es posible que algunas importaciones causen daño real a una industria local. Para estos casos ya existe el sistema antidumping de Indecopi, que actúa con criterio técnico sin necesidad de aranceles generalizados, y cuya independencia debe mantenerse aislada de la interferencia política. Sin embargo, la sustitución de importaciones como modelo, que fue aplicado en América Latina en los años sesenta y setenta, generó industrias ineficientes sostenidas con subsidios y terminó en crisis. Los países que se desarrollaron en las últimas décadas lo hicieron exportando e integrándose.
Sobre los recursos naturales, quienes proponen prohibir exportar minerales sin procesar confunden el concepto de valor agregado. El valor agregado en economía es la diferencia entre el valor de venta de un producto y el costo de los insumos intermedios utilizados para producirlo. Es decir, la suma de salarios, ganancias, impuestos y depreciación que genera en el proceso productivo. En la minería, el grueso del valor agregado se genera en la extracción misma: convertir mineral disperso bajo tierra en concentrado comercializable requiere inversión masiva en tecnología, ingeniería y capital humano. El valor agregado adicional generado por pasar de concentrado de cobre a cobre refinado es bastante menor. En la agroexportación ocurre algo similar: el valor agregado que genera llevar un arándano fresco desde Ica hasta Shanghai —con tecnología de frío, logística de precisión, variedades genéticas desarrolladas para resistir el viaje y certificaciones fitosanitarias internacionales— es mayor que el valor adicional que se generaría al convertir esa misma fruta en mermelada. Prohibir exportar sin procesar no tiene sentido.
El reto pendiente. La apertura es condición necesaria pero no suficiente para transitar hacia el desarrollo económico. Los aranceles son solo una parte de la competitividad. Igual o más importantes son tener reglas de juego claras y estables, bajos costos logísticos, acceso a talento, un marco laboral y tributario eficiente y trámites que cumplan su rol sin trabar negocios. Tener el paquete completo para la competitividad es lo que nos permitirá aprovechar plenamente los acuerdos comerciales que ya tenemos.
Lamentablemente, en lugar de avanzar en la dirección correcta, estamos ante propuestas que, de implementarse, destruirían uno de los pilares que más ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú. La apertura comercial conecta al productor peruano con millones de consumidores en el mundo. Cerrarla no
Fuente: elcomercio.pe