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Con el fin de dejar constancia y supervisar cualquier actividad de “control migratorio” que ocurra en las instalaciones de grandes cadenas de mejoras para el hogar (como Home Depot), la senadora Sasha Pérez presentó el proyecto de ley SB 1103 para obligar a estas empresas a rendir cuentas sobre sus posibles vínculos con ICE. La propuesta surge en respuesta a denuncias y reportes de operativos migratorios en estacionamientos y tiendas donde suelen concentrarse trabajadores inmigrantes, muchas veces sin que quede claro qué papel jugaron las compañías en esos procedimientos. ¿Qué señala exactamente esta iniciativa legislativa que se aplicará en California? A continuación, lo desarrollamos.
Cabe señalar que la propuesta busca enviar un mensaje político: que el Estado Dorado no permanecerá indiferente si grandes corporaciones facilitan, encubren o simplemente no registran adecuadamente la presencia de agentes migratorios en sus locales. Al colocar a estas cadenas bajo un escrutinio mayor, la senadora y sus aliados pretenden ofrecer más herramientas a defensores de derechos de migrantes, autoridades estatales y la opinión pública para entender qué ocurre puertas adentro cuando ICE aparece en estos espacios.
¿QUÉ REVELA EL PROYECTO SB 1103?
El proyecto de ley SB 1103 quiere que las grandes tiendas de mejoras para el hogar cuenten qué pasa cuando hay operativos de inmigración en sus locales. Tendrían que guardar pruebas (como videos y documentos) de esas acciones y entregarlas al fiscal del estado si se las piden, aunque esos papeles no se harían públicos. Además, el fiscal o cualquier persona que represente el “interés público” podría pedirle a un juez que obligue a las empresas a cumplir estas reglas si no lo hacen por las buenas.
Los principales puntos de SB 1103
- Obliga a todo “gran minorista de mejoras para el hogar” que opere en California (large home improvement retailer) a entregar al Fiscal General copias de documentación específica relacionada con actividad de control migratorio (immigration enforcement) que se lleve a cabo en sus instalaciones, cuando reciba una citación administrativa.
- Esa documentación incluye, entre otras cosas, copias de cualquier grabación de video vinculada con dichas acciones, reportes internos y otros documentos relevantes.
- Los documentos que se entreguen al Fiscal General quedan expresamente exentos de la Ley de Registros Públicos de California (Public Records Act), es decir, no se pueden pedir vía “public records request”, lo que busca proteger la investigación y, probablemente, a personas afectadas.
- El proyecto exige también que estas empresas conserven (no destruyan) toda esa documentación durante el tiempo que marque la ley.
Transparencia hacia el público
El SB 1103 obliga a las grandes cadenas a divulgar en su sitio web cierta información sobre sus políticas y prácticas internas relacionadas con actividades de control migratorio en sus locales. Eso incluye, por ejemplo, qué hacen cuando agentes migratorios se presentan en sus tiendas o estacionamientos, si cooperan con solicitudes de información y cómo manejan la presencia de ICE en sus instalaciones.
Mecanismos de cumplimiento
El proyecto autoriza al Fiscal General o a una persona que actúe “en interés público” a presentar una demanda para obtener medidas cautelares cuando la cadena incumpla estas obligaciones.
Declara que sus disposiciones son divisibles (si una parte es invalidada, el resto puede seguir vigente) y que el tema es de “interés estatal”, de modo que se aplica a todas las ciudades, incluidas las “charter cities” (ciudades autónomas).
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Fuente: elcomercio.pe