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A través de uno de sus personeros, el partido Juntos por el Perú (JP), que encabeza el candidato presidencial Roberto Sánchez, formuló una denuncia constitucional ante el Congreso contra el actual canciller Carlos Pareja por presuntas infracciones a la Carta Magna y supuesto fraude electoral, solicitando, entre otras medidas, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años. Todo ello en medio de las sombras lanzadas por el partido respecto al balotaje. Sin embargo, especialistas consultados para este informe advierten que la denuncia carece de sustento frente a la magnitud de las acusaciones planteadas.
La denuncia, de más de 50 páginas, fue presentada este lunes 22 de junio por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de JP. En ella se asegura que Pareja incurrió en una “flagrante” y “deliberada” vulneración de más de una decena de artículos de la Constitución, cuestionando la custodia de los sufragios emitidos por los Peruanos en el Exterior. Incluso, se le atribuye la posible comisión de delitos como fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de actos funcionales.
Aunque abultada en cuanto a publicaciones en redes sociales, enlaces y referencias a hechos ocurridos incluso antes de la segunda vuelta presidencial, la denuncia no presenta elementos para sostener las graves imputaciones formuladas en este tramo de la contienda electoral. El propio candidato señaló este martes que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y ha anunciado una nueva movilización para este sábado.
En la denuncia se menciona, entre otros aspectos, una supuesta “variación radical” en el sistema de traslado de las actas del exterior, una presunta injerencia del embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en el Perú, Bernie Navarro, el incremento salarial de embajadores y cónsules, así como el cese de embajadores políticos dispuesto por el gobierno de José María Balcázar. Incluso se cuestionan los orificios del ánfora electoral.
Según se refiere en la denuncia, “el poder ministerial no es absoluto ni inmune al control” y que, por el contrario, “está limitado por el principio de legalidad”. En esa línea, la agrupación cuestiona que se hayan modificado los lineamientos de custodia a escasos días de la segunda vuelta electoral, entre otros hechos.
“[Pareja] Intentó moldear las reglas del proceso a conveniencia, arrogándose de forma indirecta el control del resultado electoral en el extranjero, hecho que vulnera la prohibición taxativa de ejercer el poder fuera de los límites constitucionales”, expresó el denunciante en el documento.
La denuncia planteada ya llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC). Según explicó a El Comercio la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, “es posible” que se dé cuenta de la denuncia en la sesión de este viernes 26 de junio. Se trata del primer paso de toda denuncia constitucional en esta instancia.
Formalmente, la legislatura —la última de este quinquenio y del actual Congreso unicameral— culmina este miércoles 24 de junio. Sin embargo, la SAC depende de la Comisión Permanente, por lo que aún podría continuar sesionando hasta julio.
Camones comentó que, luego de darse cuenta de una denuncia, corresponde emitir en un plazo de 10 días hábiles la propuesta de informe de calificación para su debate y acuerdo en la SAC, tal como lo dispone el reglamento. Si se declara improcedente, se archiva; y si se admite, el trámite continúa.
Consultada sobre qué ocurriría si la subcomisión no llegara a adoptar una decisión antes del 26 de julio, la legisladora indicó que todas las denuncias “que no se tramitó o están en trámite pasarán a la Cámara de Diputados”, conforme lo dispone el nuevo reglamento.
En esta última instancia, la bancada de Juntos por el Perú será la segunda fuerza con más escaños (32), solo detrás de Fuerza Popular (41), que tendrá la primera minoría. Camones evitó pronunciarse sobre los hechos o elementos de convicción planteados, pues ello constituiría un adelanto de opinión.
Sin embargo, especialistas consultados por El Comercio consideran inviable la denuncia al carecer de sustento. Más allá de hechos puntuales, el documento no se apoya en evidencia sustancial que permita sostener —como se afirma— la existencia de un “fraude electoral” ni acredita una manipulación sistemática de los resultados.
Según explicó a este Diario Heber Joel Campos, abogado constitucionalista, la denuncia no presenta, desde su punto de vista, “ningún elemento de juicio sólido que sustente sus afirmaciones”.
Sobre todo, precisó, porque varias de estas responsabilidades corresponden a otras entidades y no a la Cancillería y porque, además, se basa en hechos que ya han sido expuestos ante la autoridad electoral “sin que esta les haya otorgado mérito”.
“Veo improbable que esta denuncia constitucional prospere”, remarcó Campos.
En símil, el abogado constitucionalista Erick Urbina sostuvo que “no hay motivo” para que proceda una denuncia constitucional contra el titular de la Cancillería.
En principio, recordó que es a través de los consulados que se organiza el proceso electoral en los distintos países donde residen peruanos habilitados para votar, pero que ello se realiza en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, sobre todo, bajo un esquema que se viene aplicando desde hace años.
“No hay motivo para iniciar una denuncia constitucional porque no se ha configurado ninguna infracción a la Constitución. El Canciller ha actuado en el marco de lo que la Constitución le ordena y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio”, remarcó Urbina.
Urbina agregó que toda responsabilidad penal es personalísima y debe ser probada. Asimismo, sostuvo que “no hay ninguna prueba” que vincule a Pareja o a la Cancillería con una intención de “pretender fraguar un fraude electoral”.
Incidió en que el propio Jurado Nacional de Elecciones ya se ha pronunciado y que es —según enfatizó— el órgano competente para abordar estos asuntos y no el Congreso. “Son palabras mayores y tampoco hay motivo por el cual se pueda anular los votos del extranjero”, remarcó.
“No hay, a mi juicio, motivo no sólo para iniciar una denuncia constitucional, sino tampoco para encontrar responsabilidad penal, a menos que se demuestre que ha habido un acuerdo bajo la mesa, etcétera. Pero eso se tiene que probar, si es que no, estamos meramente especulando y generando mayor zozobra de la que actualmente ya hay”, aseveró Urbina.
El abogado constitucionalista añadió que no ve “posibilidades reales” de que esta denuncia constitucional “prospere”. Y que, si bien el próximo Congreso podría abordar el tema, ello tendría que sujetarse a las nuevas reglas del sistema bicameral, en un proceso “mucho más largo aún”.
Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada sostuvo que se trata de “una denuncia producto de una rabieta” y que Sánchez y su entorno siquiera deberían de informarse de que los votos en el exterior están a cargo de los cónsules, no de los embajadores y mucho menos del canciller.
Añadió que, en realidad, lo que ha indignado al candidato de Juntos por el Perú es la abismal diferencia de votos frente a su contendora —más de 80 mil, según el último reporte de la ONPE—. Ante ello, señaló que “ha tratado de ensuciar la labor del servicio diplomático, realizada a través de sus cónsules, sin ninguna prueba, sin ningún indicio, sin ninguna razón”.
“Y ahora quiere interpelar al canciller Pareja que ha actuado profesionalmente. Lo que hay que decir es que ese señor no tiene ningún derecho de ensuciar el prestigio de Torre Tagle en su desesperación por no perder el proceso electoral”, remarcó Gonzales Posada a El Comercio.
También cuestionó que se presente como prueba del supuesto fraude el cambio del canciller, lo que calificó como “un disparate mayúsculo”. Del mismo modo, criticó que se cuestione la publicación de las resoluciones de cambio de embajadores, ignorando que es la propia ley la que dispone que todos los embajadores políticos cesan al culminar las funciones del gobierno que los nombró.
En esa línea, consideró que se está “disparando balas de fogueo con tal de buscar pretextos que de alguna manera expliquen su derrota electoral”.
“Lo que tratan es de hacer ruidos, de crear bochinches, preparando el ambiente para sus manifestaciones. Yo lo que lamento mucho es la insólita demora de los organismos electorales para dar finalmente los resultados de los comicios. En Colombia, por ejemplo, ya se tenía en concreto en la noche el resultado; acá pasamos semanas. Y todo eso precariza, crea angustias y da paso a que demagogos como Sánchez aprovechen las circunstancias para seguir insistiendo en el fraude electoral como bandera política”, aseveró.
Fuente: elcomercio.pe