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El control sobre los datos vehiculares retorna al centro de debate en California con el resurgimiento de un polémica propuesta de ley. Tras un primer intento bloqueado por el gobernador Gavin Newson, el proyecto SB 1013 (2025-2026) pretende brindar un equilibrio entre la seguridad del estado y la privacidad del estado. ¿Realmente resultará beneficioso para los conductores? Conoce los detalles completos en los siguientes párrafos.
Se trata del proyecto de ley “Automated License Plate Recognition Systems”, conocido como SB 1013, el cual fue planteada por la senadora Sabrina Cervantes en febrero del 2026. El propósito es regular el uso de sistemas automatizados de lectura de matrículas mediante reglas sobre cuánto tiempo se podían conservar los datos y con quiénes se podían compartir.
Esta iniciativa representa el segundo esfuerzo de la funcionaria Cervantes, luego de que su propuesta anterior (SB 274) fuera rechazada por gobiernos locales y agencias policiales. Dicho proyecto planteaba lo siguiente:
- Las agencias públicas no podrían vender, compartir ni transferir información de ALPR, salvo a otros organismos públicos y solo en casos permitidos por la ley.
- Las agencias policiales solo podrían usar información ALPR para localizar vehículos o personas cuando exista sospecha de delito.
- Se prohibía conservar datos ALPR por más de 60 días si no coinciden con una “lista de personas autorizadas”.
- Cada acceso a datos ALPR debía quedar registrado, incluyendo el número de expediente o el nombre del grupo de trabaja que justifica la búsqueda.
En ese sentido, el gobernador Newson usó su facultad de veto contra esta propuesta legislativa al considerar que provocaría problemas operativos y de seguridad pública; además de posibles costos y complejidades administrativas para las agencias locales, según lo señalado por el portal CalMatters.
Qué se plantea en esta nueva versión del proyecto de ley SB 1013
La actual propuesta de la senadora Cervantes cuenta con importantes cambios a comparación del SB 274. Según lo señalado en Digital Democracy CalMatters, estos son algunos de los puntos más importantes en este proyecto de ley:
- Se restringe el uso y la circulación de datos ALPR por agencias públicas, salvo a otro organismo público y únicamente en los casos permitidos por la ley.
- Desde el 1 de enero de 2027, los contratos con proveedores deberán impedir el acceso automático a bases de datos nacionales.
- La policía de California solo podrá usar estos datos para investigar una sospecha razonable de delito o localizar a una persona desaparecida.
- Los datos que no coincidan con una lista autoriza se conservarán máximo 30 días y eliminarse en los 14 días siguientes, salvo en casos de investigación activa, proceso penal o lista autorizada.
- Se exigirán controles sobre qué empleados pueden acceder a los datos.
- Agencias de transporte, operadores de transporte público, departamentos locales de transporte/obras públicas y aeropuertos quedan excluidos de ciertas definiciones y reglas aplicables a operadores y usuarios de ALPR.
Es importante mencionar que el pasado 5 de agosto se realizó la primera audiencia del proyecto de ley SB 1013. Aún se encuentra en debate legislativo para determinar si contará con el aval del gobernador Newsom para que entre en vigor formalmente.
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Fuente: elcomercio.pe