Un capitán de la Policía Nacional del Perú, quien además es abogado, fue condenado a 16 años de prisión por estafar a varios jóvenes al prometerles recurrir a sus contactos para ingresar a esa institución del Estado, dependiente del Ministerio del Interior. Vladimir Ramírez Moore fue internado en la cárcel de Ayacucho.
No se sabe cuántas fueron las personas engañadas, ya que muchas de ellas prefirieron no denunciar el caso. Sin embargo, la fiscalía logró sustentar con pruebas el delito de tráfico de influencias por supuestos cobros ilegales a nueve postulantes a la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Ayacucho y Chorrillos, durante el 2022.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el oficial solicitó mediante engaños y en diferentes oportunidades dinero a distintas personas, con el supuesto fin de destinarlo a funcionarios superiores. Según el capitán, serían ellos quienes facilitarían el proceso de ingreso de distintos familiares de las víctimas a la institución policial.
Germán Oré Sulca denunció, por ejemplo, que su hijo Joel pagó S/22.000 con la esperanza de ser admitido. Este hecho fue calificado como estafa, dado que se demostró la intención de obtener beneficios económicos mediante engaños.
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Asimismo, Daysi Sucso denunció tráfico de influencias para el ingreso de su hijo y pagó S/17.000; Virgilio Rojas abonó S/15.000; Kenny Bellido, S/12.000; Zebedeo Durand pagó S/30.000 para que ingresaran sus dos hijos; Edgar Tambracc depositó S/18.000 para el ingreso de su hija; y Ruly de la Cruz pagó S/12.000.
La investigación estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho.
El fiscal provincial, Jorge Nicolás Quispe, sustentó que al menos nueve personas fueron engañadas por el oficial, quien, aprovechando su cargo de capitán, aseguró mover influencias entre los funcionarios encargados del proceso de admisión de ambas escuelas de la PNP.
De ese modo, aseguraba el ingreso directo de jóvenes postulantes, al prometer aprobarlos en las distintas evaluaciones del proceso.
A los familiares de los aspirantes les solicitó entre S/12.000 y S/30.000. Unos pagaron más de la mitad y otros, la totalidad. Sin embargo, al comprobar que no consiguieron el ingreso, exigieron la devolución de su dinero.
Algunos padres dijeron que el imputado les habría hecho firmar contratos de supuestos préstamos para dar apariencia de legalidad a los montos percibidos de forma ilícita y eludir su responsabilidad penal.
El oficial se encuentra internado en el establecimiento penitenciario de Ayacucho, sentenciado a pena carcelaria efectiva, y deberá pagar más de S/43.000 de multa y S/230.000 de reparación civil, más devengados, en favor del Estado. También se le impuso la inhabilitación por 16 años.
Fuente: larepublica.pe
