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La Defensoría del Pueblo exhortó a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín a actuar con la máxima celeridad, objetividad y total transparencia en el desarrollo de las investigaciones en torno a la muerte de un adolescente de 17 años, quien falleció tras permanecer retenido por 48 horas en la comisaría de Manchay, en Pachacámac.
Luego de reunirse con los padres del menor, la Defensoría exigió que los procesos no se dilaten. Durante la entrevista, los progenitores ratificaron su denuncia sobre presuntos maltratos, tortura, actos inhumanos y degradantes. También mantuvieron su versión sobre el supuesto acto de corrupción por parte de los efectivos policiales que le pidieron dinero y alimentos a cambio de la libertad de su hijo.
Defensoría exige investigación por parte de la Inspectoría
La Defensoría del Pueblo demandó a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú que inicie una investigación en el ámbito administrativo disciplinario, con el objetivo de establecer posibles responsabilidades funcionales y verificar el cumplimiento de los protocolos de custodia aplicables a personas menores de edad.
El 15 de junio, la Defensoría intervino la sede policial de Manchay para inspeccionar la carceleta en la que permaneció el adolescente en estado crítico, y verificar posibles actos de tortura o vulneraciones graves.
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Para evitar retrasos en el proceso, la entidad ya requirió formalmente a la Policía Nacional la entrega inmediata de los libros de registro de detenidos, las actas de ocurrencias, la identidad de los custodios de turno y las filmaciones de las cámaras de seguridad de la delegación.
Asimismo, solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el envío rápido de los resultados oficiales de la necropsia para contrastar las denuncias físicas presentadas por los deudos.
Fuente: elcomercio.pe