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La pitahaya es una fruta tropical de alto valor en los mercados de exportación. Su rentabilidad creciente y la promesa de ganancias anuales sostenidas bastaron para convencer a cientos de peruanos de poner sus ahorros en manos de la empresa R COORP. Treinta y tres de esas personas han presentado una denuncia penal por presunta estafa agravada contra R Coorp e & D, su gerente general, Diego Rodríguez Valverde, y otras cinco personas vinculadas a la compañía.
La investigación se encuentra en etapa preliminar que inició el 10 de marzo de este año y que aún no concluye. El último viernes, peritos juramentaron para determinar si el suelo y agua del denominado Proyecto Terra, ubicado en Olmos, Lambayeque, son aptas para el cultivo de pitahaya y evaluar el estado de cada una de las parcelas vendidas. La abogada de los denunciantes, Claudia Noriega, manifestó que el gerente general ni su abogada se presentaron, y que la diligencia se realizará el martes 11 de agosto. Asimismo, manifestó que ha solicitado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo el reporte de los bienes de propiedad de R Coorp e & D y de R Coorp SAC (ambas trabajan a la par en el proyecto), así como los planos de las parcelas vendidas.
Según información de la Sunat, R Coorp e & D encargada de hacer el trato con los inversores, acumula una deuda coactiva superior a los S/ 100,000. Mientras R Coorp SAC, encargada del mantenimiento y exportación de las pitahayas, registra una deuda coactiva que supera los S/ 20 millones.
R Coorp opera a través de tres entidades: R Coorp e & D SAC, la inmobiliaria encargada de vender los lotes y dejarlos sembrados; R Coorp SAC, la empresa agrícola y exportadora; y la Cooperativa Agraria de Agricultores Terra, que agrupaba a los inversores. Ambas empresas tienen como gerente general a Diego Rodríguez Valverde.
El producto era una parcela de 1,000 m² con 350 plantas de pitahaya American Beauty en Olmos, valorizada en S/ 40,000, con una cuota inicial de aproximadamente S/ 28,000. El saldo se descontaría de las ganancias anuales de la cosecha. La propuesta llegaba a través de anuncios en Facebook, y los interesados eran contactados. En charlas mostraban un folleto que señalaba una rentabilidad de S/ 6,000 ganados el primer año como mínimo por parcela, con proyecciones crecientes hasta alcanzar cerca de S/ 42,000 anuales en el quinto año, cuando la planta llegaría a su máxima producción. La empresa se comprometía a encargarse de todo: siembra, riego, mantenimiento, personal y exportación. El inversor solo debía pagar y esperar.
Varios de los hoy denunciantes verificaron antes de comprar. Algunos consultaron con contadores, quienes confirmaron que la empresa figuraba en regla ante la Sunat. Otros revisaron que contaba con trabajadores en planilla. Todo parecía legítimo para los inversores, pero se llevarían una gran decepción.
Los denunciantes que declararon de forma anónima a El Comercio son personas de distintas regiones y perfiles. Todos llegaron al Proyecto Terra a través de las redes sociales y declaran bajo el anonimato porque temen represalias.
Una de las afectadas es adulta mayor. Es natural de Cajamarca y vive en Trujillo. Firmó su contrato en febrero de 2024. Narra que renunció a su trabajo de oficina por problemas de salud —artrosis en las vértebras cervicales y dificultades de visión— y utilizó el dinero de su AFP para invertir los S/ 28,000. Cuando fue a visitar Olmos junto a otros interesados, la empresa les mostró las parcelas de la etapa 1 y 2, con plantas de un metro de altura. A su regreso, llegó convencida. Nunca le mostraron la etapa 4, a la que pertenecía. Hasta ahora no ha habido siembra en esa etapa. Hoy, su única exigencia es recuperar el dinero. “Ya no deseo nada (del proyecto)”.
Otro de los denunciantes trabajó más de un año en Estados Unidos y sumó esos ahorros a los que había acumulado desde sus primeros empleos en Lima para invertir S/ 84,000 en tres parcelas. Era el dinero de toda su vida. Le prometieron en el primer año de producción una ganancia mínima y la recuperación total de su capital en los siguientes años. Promesas que nunca llegaron. Fue a la oficina de la empresa en el distrito de Surco, se reunió personalmente con Diego Rodríguez y le pidió que le devolviera, aunque fuera una parte de inmediato. La respuesta fue que la empresa estaba en un proceso de contracción. Siente que podría sufrir represalias y teme los vínculos de la empresa con personas de reputación cuestionada.
Un tercer denunciante adquirió más de 7 parcelas por más de S/ 250.000. No era un excedente, sino dinero que necesitaba. Desde que comenzaron los incumplimientos ha tenido daño psicológico. “Amanezco preocupado todos los días”, dijo. Fue expulsado del grupo de WhatsApp de la cooperativa —creado por la propia empresa— por reclamar su dinero. Le propusieron un acuerdo de devolverle todo en 19 meses, pero lo rechazó, ya que no tenía ninguna garantía real de cumplimiento y la credibilidad de la empresa ya era nula. Nunca recibió un pago.
Una cuarta afectada utilizó los ahorros de su negocio familiar —un taller de máquinas perforadoras vinculado al sector minero— para pagar S/ 28,000 de cuota inicial. Con el dinero inmovilizado, tuvo que pedir al banco un crédito de S/ 14,000 para adquirir una compresora que su negocio necesitaba. “Si ese dinero lo hubiera tenido, no me hubiera endeudado”, señaló. Está cansada. Quiere que le devuelvan su dinero más daños y perjuicios.
El patrón en estos casos es similar: pagaron, esperaron, recibieron aplazamientos y cuando reclamaron con firmeza algunos fueron retirados del grupo. La inversión era dinero que necesitaban. Además, según ellos, vieron la etapa 1 que ya estaba sembrado, pero no las otras etapas. Incluso no les permitían el uso del celular.
En un boletín de 2024 brindado por los denunciantes, R Coorp anunció el trasplante de más de 100,000 esquejes para las etapas 3 y 4, y proyectó exportaciones para el primer semestre de 2025. En otro boletín del mismo año indicó que la habilitación del pozo y el sistema de riego acelerarían los plazos de siembra para alcanzar ese mismo objetivo. No hubo siembra.
Las etapas 3 y 4, según el propio Diego Rodríguez, debían generar ganancias en 2025. La etapa 2 también falló: las plantas sembradas murieron por falta de presupuesto. De toda la operación de R Coorp, solo la etapa 1 llegó a producir. Y apenas 13 toneladas exportadas, en palabras del gerente general.
Los terrenos de las etapas 3 y 4 —los que corresponden a los denunciantes— no están independizados a nombre de R Coorp. Pertenecen a propietarios privados con los que la empresa mantiene un proceso de adquisición sin concluir. La autorización del uso de agua que otorga la Autoridad Nacional del Agua (ANA), según el propio gerente, se encuentra en un proceso administrativo. Es decir, aún no la tiene. Mientras tanto, R Coorp continúa promocionando en Facebook la venta de parcelas de la etapa 5.
Uno de los denunciantes asegura que le prohibían
Entre los elementos que llaman más la atención es la relación entre el abogado Zamir Villaverde con la empresa. Rodríguez reconoció en entrevista con El Comercio que el estudio Villaverde lo representó en al menos un caso. Explicó que, cuando la empresa tenía una deuda de S/ 130,000 con la empresa de seguridad Sentinel —deuda que el estudio adquirió—, acordó saldarla entregándole a Villaverde un auto Porsche Cayenne GTS. A raíz de esa transacción, según el propio Rodríguez, desarrollaron una afinidad que derivó en que el Estudio Villaverde lo patrocinara en la querella contra el creador de contenido Jorge Calmet.
Nos contactamos con la empresa y esta nos brindó el contacto de Diego Rodríguez Valverde. Nos atendió por llamada. En esa conversación admitió el incumplimiento contractual con las etapas 3 y 4: “He incumplido el contrato, me allano en principio de buena fe”, comentó que le expresó a los clientes el año pasado.
Reconoció que la etapa 2 no produjo porque las plantas murieron por falta de financiamiento para el sistema de riego. Admitió que la autorización del ANA está vencida y en proceso de regularización, y que los terrenos de varias etapas siguen en proceso de independización con sus dueños privados. “Definitivamente no lo tengo, pero eso no quiere decir que el negocio sea inviable”, dijo sobre la autorización del ANA.
El año pasado, la empresa ofreció a los denunciantes una transacción extrajudicial que consistía en la devolución del capital más un 15% de compensación en un plazo de 19 meses. En palabras del gerente general solo 250 personas firmaron ese acuerdo. Los 33 denunciantes lo rechazaron. “No había ninguna garantía de devolución”, resumió uno de ellos.
Consultado sobre por qué no devolvió el dinero de inmediato a quienes lo exigieron, Rodríguez fue directo: “La empresa no está en condiciones de hacer devoluciones”. Al preguntarle por qué no lo devuelve ahora respondió que “hacer una devolución sumaría una cantidad fuerte de dinero, cuyo flujo R Coorp lo dispone ahora para la operación”.
Además, sostuvo que una devolución masiva “ya puede tipificar un delito.” Anunció que la siembra de las etapas 2, 3 y 4 arrancaría el próximo lunes y que el negocio es sólido. “En eso va a terminar todo esto”, dijo, refiriéndose al proceso legal. “Que ese grupo de personas se siente conmigo y negociemos su salida”. Los 33 denunciantes, mientras tanto, siguen esperando.
El abogado penalista Mario Amoretti consideró que el caso puede ser considerado una estafa agravada porque hay varios agraviados. Indicó que esta modalidad ha incrementado y en algunos casos cuentan con el apoyo de malos policías, fiscales y jueces porque archivan estas denuncias, favoreciendo a los denunciados y yendo en contra de gente humilde.
“Se configura la estafa porque recurren al engaño e inducen al error, desde el momento en que prometen llevar a cabo la siembra de frutas y van a colaborar con la siembra y otras ayudas a fin de que al final obtengan ganancias y cada año se incremente. Pero bajo ese presunto engaño condujeron al error para beneficiarse con las sumas recibidas y que se niegan a devolver”, manifestó.
Fuente: elcomercio.pe