En los próximos días empezará un nuevo gobierno y un nuevo Legislativo, este último compuesto por seis bancadas. El avance del país en los siguientes años será posible si existe una dirección clara y objetivos concretos sobre los cuales se puedan construir apoyos específicos de los diputados y senadores, además de la sociedad civil para estos propósitos. Sin objetivos claros, como sí los hubo en el gobierno de Alan García del período 2006-2011, la relación con los representantes del Congreso muta de la potencial colaboración y control a la prebenda inmoral o a la oposición obstruccionista.
En la primera vuelta expusimos algunas ideas fuerza que hoy tienen vigencia y que recordamos para el debate público y para que los tomadores de decisiones las consideren, sobre todo para mostrar avances en los dos primeros hitos comunicacionales importantes: los 100 primeros días y los seis primeros meses de funciones. Son cinco retos.
1) Atención al sur del país. Sería muy positivo desarrollar un gran programa de emergencia social en el sur, llevando inversión del Estado, programas sociales, salud, escuelas, pero de manera agresiva. Demostrar que, para el Estado, cuyas instituciones están en Lima, es fundamental generar bienestar allí. Además, sería importante tomar la bandera del gasoducto del sur. Justicia social en materia energética.
2) Prevención de los estragos del fenómeno de El Niño. Los cálculos oscilan alarmantemente entre 2% y 4% de afectación al PBI; planteamos hacer un gran programa nacional de defensas ribereñas, ya que las autoridades locales se han visto desbordadas para estas tareas. La articulación con las Fuerzas Armadas y los gobiernos regionales para afrontar esto es clave.
3) Formalización de la pequeña minería y combate a la minería ilegal. El fin del Reinfo es crucial. Un estímulo para la formalización de aquellos que sí quieran hacerlo podría ser la facilidad para la adquisición o importación de miniplantas procesadoras de minerales, ambientalmente amigables; ello a cambio de formalización y elevación de los estándares ambientales y laborales.
4) Un sistema nacional de garantías de parte del Estado –fortaleciendo Cofide, entre otras plataformas– para aplicar, a través del sistema financiero privado, crédito popular dirigido a mipymes, pescadores artesanales, transportistas, productores del campo y vivienda social.
5) Un gran ‘shock’ de seguridad ciudadana que implique la reforma del sistema penitenciario, la reforma del sistema de justicia, de la policía y el incremento de los efectivos dedicados a la investigación criminal.
Fuente: elcomercio.pe