La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional rechazaron la aprobación de las leyes que trasladan las investigaciones de abusos policiales y militares exclusivamente a los tribunales de su propia institución (fuero militar-policial) cuando ocurran en contextos de protestas u orden público.
Ambas organizaciones exigieron al presidente José María Balcázar que observe estas medidas aprobadas en segunda votación por el Congreso de la República con 52 votos a favor, en su mayoría de la bancada de Fuerza Popular, 43 en contra y cinco abstenciones.
Las instituciones advirtieron que esta norma debilita la protección de la ciudadanía, rompe tratados internacionales y permite que violaciones a los derechos humanos queden impunes.
Por un lado, la organización Amnistía Internacional alertó sobre el peligro del Proyecto de Ley 14337, que recorta y "desnaturaliza" el castigo para los delitos de lesa humanidad —como desapariciones o torturas—, yendo en contra de las reglas de la Corte Penal Internacional.
Sobre el Proyecto de Ley 7238, denunció que permite juzgar violaciones graves de derechos humanos dentro de la propia institución castrense. Según el organismo, esta decisión "compromete la independencia judicial y abre la puerta a la impunidad", hecho que obstaculiza que las víctimas y sus familiares consigan justicia.
Por otro lado, la CNDDHH alertó que estas propuestas pretenden aplicarse a casos del pasado que aún se están investigando. En esa línea, señaló que su aprobación genera "graves riesgos para el esclarecimiento de estos crímenes y la rendición de cuentas". Asimismo, el organismo advirtió que ambas normas van en contra de las reglas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y debilitan la respuesta del Estado frente a estos graves abusos.
La demanda de ambas organizaciones está dirigida al presidente interino, ya que él tiene la facultad de promulgarlas o hacer que retornen al Congreso para una mejor evaluación. "Instamos al presidente José María Balcázar a observar las leyes que favorecen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos".
Cuestionamientos a la aprobación de la ley
Delia Espinoza
Al analizar las implicancias de las nuevas normas aprobadas por el Poder Legislativo y el rol del Tribunal Constitucional, la exfiscal de la Nación alertó sobre un retroceso institucional en el país.
“Este proyecto que están aprobando de forma totalmente insconstitucional en el Congreso indica que la prioridad va a recaer en la justicia militar-policial. Lo tienen todo estructurado para que los casos anteriores, los que están todavía en juicio o investigación pasen a manos del fuero castrense. Por ejemplo, los casos del ochenta al dos mil y lo están haciendo de la mano con del Tribunal Constitucional que comete más inconstitucionalidades que nadie”, señaló la exfiscal de la Nación vía El Foco.
De igual manera, cuestionó la aprobación de la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad. “Es una aberración jurídca universal”. Además, indicó que los convenios internacionales, así como la jurisprudencia de la CIDH, señalan que cuando un “país se adhiere a un sistema de protección a los derechos humanos, sea el año que se haya cometido el asesinato, este entra a la imprescriptibilidad”.
Roberto Sánchez
A pesar de no haber participado durante el desarrollo de la sesión parlamentaria, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, también rechazó las decisiones del Poder Legislativo y aseguró que estas medidas solo buscan blindar a ciertos sectores del poder.
"Están garantizando con esta regulación la impunidad. Yo siempre he sostenido que este es el gobierno parlamentario de la señora K. Estas leyes proimpunidad y toda esta situación son una vergüenza".
César San Martín
El expresidente del Poder Judicial también cuestionó la viabilidad legal de la norma aprobada por el Congreso.
"No tiene fundamento; es anticonvencional. [La norma] habla de 'delito de función', un concepto que ya ha sido interpretado y canalizado. Ahora se da un giro copernicano que no tiene sustento en la propia concepción de lo que es un fuero real o de causa. Si el Ejecutivo no observa esta ley no habrá ninguna posibilidad de que intervenga la justicia ordinaria. Esto ya no es un control de disciplina ni de orden”, señaló vía Epicentro.
Indira Huilca
La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, criticó el contexto en el que se da esta votación y recordó recientes denuncias de abusos contra civiles, como la masacre de Colcabamba y la muerte de un menor de edad en Lima en manos de policías.
"Ahora en Lima otro caso de abuso policial termina con un joven de 17 años presuntamente asesinado en la comisaría de Manchay. Además, el padre del joven denuncia que intentaron cobrarle coimas para liberarlo. La corrupción e impunidad están carcomiendo a la Policía Nacional desde dentro. Ese es el vergonzoso contexto en el que se pretende aprobar una nueva ley de impunidad para que los policías y militares que cometan delitos como estos solo sean juzgados en el fuero militar", alertó Huilca.
Mirtha Vásquez
La senadora por Ahora Nación denunció que esta reforma vulnera por completo los derechos de la ciudadanía frente al actuar de las fuerzas del orden. “Nueva ley de impunidad: policías y militares que cometan delitos comunes irán al fuero militar. Menos justicia, más privilegios y más riesgo para los ciudadanos. El fujimorismo, más envalentonado que nunca, nos enrostra a qué intereses y aliados representa y para quién gobernará", manifestó Vásquez.
Llamado desde las Naciones Unidas
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a las autoridades peruanas para que den marcha atrás y no ratifiquen la ley que pretende juzgar a policías y militares en tribunales castrenses.
Desde el organismo internacional se remarcó que cualquier denuncia por presuntas violaciones a los derechos debe mantenerse bajo la justicia penal ordinaria para garantizar que los casos sean evaluados por magistrados independientes, neutrales y ajenos a las instituciones militares y policiales.
Fuente: larepublica.pe