La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo del magistrado Pavel Iván Vásquez Torres, sentenció a J. S. Y. E. (21) a 12 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio del menor de iniciales J. S. S. (15). Asimismo, fijó en S/ 1 500 el monto que deberá pagar por concepto de reparación civil.
De acuerdo con las diligencias actuadas, el adolescente se dirigía a reparar el mototaxi de propiedad de su padre cuando fue interceptado por un vehículo menor del que descendió el ahora sentenciado. El agresor intentó apoderarse de las pertenencias que el menor llevaba consigo y, al encontrar resistencia, lo golpeó en diversas partes del cuerpo hasta lograr arrebatarle su teléfono celular.
Tras cometer el ilícito, el sentenciado intentó huir abordando la mototaxi que lo esperaba a pocos metros del lugar. Sin embargo, el agraviado inició una persecución para recuperar su equipo, siendo auxiliado por un grupo de padres de familia que se encontraban en las inmediaciones de un centro educativo, quienes lograron retener al agresor y alertar de inmediato a la Policía Nacional.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales recogieron el testimonio de los testigos y del menor agraviado, quien identificó plenamente a J. S. Y. E. como el autor del robo. Durante el registro personal practicado al intervenido, se encontró en su poder el teléfono celular sustraído, procediéndose a su detención y posterior traslado a la dependencia policial para las diligencias de ley.
Con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público durante el proceso inmediato por flagrancia, el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad penal del acusado, imponiéndole la referida condena por el delito de robo agravado.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia oportuna y firme frente a los delitos que afectan la seguridad ciudadana, garantizando la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, en estricto respeto del debido proceso y la correcta administración de justicia.
Fuente: larepublica.pe
