La detención de dos fiscales especializados en material ambiental y la expulsión de 103 malos policías no es un simple error administrativo ni un hackeo a los sistemas policiales o judiciales. Es un síntoma de algo mucho más profundo y alarmante: la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado peruano.
La semana pasada, el país ya se estremeció al conocer las redes de minería ilegal que operaban desde el interior de la PNP y del Ministerio Público, con funcionarios en servicio activo moviendo sus tentáculos para favorecer a mafias.
La fragilidad de nuestro sistema policial y judicial ha quedado expuesta. Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, fue detenido en Puerto Maldonado. La investigación comprende los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal.
Esta intervención estaría relacionada con dos pesquisas que Bautista habría intentado obstaculizar, según fuentes policiales. Una involucra a Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', y la otra a Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan'. En el teléfono incautado a este último se encontraron conversaciones que evidenciarían el presunto apoyo del fiscal.
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Ambos personajes estarían enfrentados por el control de La Pampa, la seguridad de las operaciones de minería ilegal y el cobro de cupos desde la muerte de Yvan Fernández, alias 'Tony', ocurrida el 28 de marzo de 2024.
Esta disputa volvió a quedar en evidencia el 7 de julio de 2026, cuando la Policía detuvo a 20 presuntos integrantes de Los Guardianes de La Pampa e incautó 18 fusiles AR-15, 15 pistolas y más de 30.000 municiones.
Las investigaciones también alcanzan a la comunidad de Lago Inambarillo. Allí, un video grabado en noviembre de 2025 muestra al fiscal durante un operativo en el que también aparece Antonio Cose Apaza, alias 'Antonio Quino', señalado como líder de la seguridad ilegal de la zona.
Personas vinculadas con ese grupo son investigadas por el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal, a quien habrían exigido S/ 20.000 mensuales antes de matarlo en mayo de 2026.
La última semana de julio fue detenido en Pucallpa (Ucayali) Carlos Alberto Chirre Ramírez, alias Doc, fiscal especializado en materia ambiental de Madre de Dios (Fema), y tres malos policías, presuntos integrantes de una organización criminal que se habría dedicado al tráfico ilícito y comercialización clandestina de combustible, destinado al abastecimiento de actividades de minería ilegal en dicha región amazónica.
Carlos Chirre había sido separado del Ministerio Público hacía dos meses pero sus delitos los habría cometido en funciones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización habría implementado una estructura criminal integrada por 27 investigados (ya hay 12 detenidos), entre proveedores, acopiadores, distribuidores y transportistas terrestres y fluviales, quienes presuntamente utilizaban almacenes clandestinos, cisternas, vehículos, bidones y embarcaciones para desviar y distribuir combustible hacia zonas de explotación minera ilegal.
Durante este operativo contra la red criminal denominada Los Lecheros del Puertose incautó más de S/ 1.8 millones en efectivo, vehículos, equipos y combustible presuntamente destinado a actividades de extracción ilegal de oro.
CRECE LA INDIGNACIÓN
Sin embargo, lo que podría ser un momento clave para reflexionar y asumir reformas estructurales está siendo convertido en un escenario más para la política efectista. Expertos en el tema no tardaron en aprovechar la indignación pública para lanzar un llamado a la presidenta electa Keiko Fujimori.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coinciden en que una de las principales omisiones del mensaje presidencial fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal.
Aunque la mandataria abordó diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, no se refirió al sector minero.
La ausencia de este tema es crucial. De acuerdo con información del IPE, en el 2024 actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal.
Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado.
En la superficie, la propuesta de que las fuerzas militares asuman el control interno en zonas en emergencia puede sonar contundente. En la práctica, es puro humo, sostiene Ricardo Valdéz, exviceministro del Interior.
Lo verdaderamente grave no es solo la captura de fiscales ni la de malos policías. Es la evidenciade que las instituciones peruanas —Policía Nacional y el Poder Judicial— están siendo permeadas por redes del crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación inquietante. La captura de dos magistrados de materia ambiental muestra un Estado con grietas que ya no son menores.
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Pero responder a eso con medidas teatrales como la acción de las fuerzas militares solo alimenta un clima de pánico y confusión. Y no existe ninguna capacidad ejecutiva real para fortalecer el control interno de las policiales, blindar los sistemas judiciales o reforzar la inteligencia estatal.
CIEN POLICÍAS DADOS DE BAJA
El inspector general de la PNP, general Gustavo Ríos Tiravanti, informó que en lo que va de este año han sido pasados al retiro 103 policías, entre oficiales y subalternos, que cruzaron la línea de la ley, infiltrados en la institución.
Dijo que son casi 30.000 casos de policías investigados por infracciones leves, graves y muy graves a nivel nacional. "De 806 casos administrativos disciplinarios, han sido resueltos 100", indicó.
Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, lo que se requiere son reformas profundas y sostenidas: modernizar los sistemas de verificación policial, profesionalizar y blindar a la Policía frente a la corrupción, invertir en contrainteligencia y reestructurar la estrategia de control fronterizo que ha expuesto a policías y militares a redes criminales.
El Perú necesita un Estado que se fortalezca desde adentro, con políticas de largo plazo capaces de cerrar las puertas al crimen organizado y a la corrupción.Eso requiere voluntad política real y no el uso oportunista que, como todos sabemos, solo sirve para las fotos, subraya finalmente el oficial en retiro.
Fuente: larepublica.pe
