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A tres días de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella enfrenta la primera prueba de la política de seguridad con la que prometió, durante su candidatura, devolver la autoridad al Estado. El sábado, un atentado con explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cúcuta dejó 14 heridos —11 policías y tres civiles— y volvió a poner el foco sobre un país que, tras cuatro años de la política de “Paz Total” de Gustavo Petro, aún lidia con la violencia de los grupos armados. El ataque ocurrió apenas 48 horas después de que el mandatario electo lanzara un ultimátum a las guerrillas y organizaciones criminales: quienes no se sometan a la justicia antes del 7 de agosto, cuando asuma el poder, serán perseguidos por las Fuerzas Militares.
“Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. Luego no digan que no se los advertimos”, afirmó el jueves De la Espriella al término de una reunión con autoridades del departamento de Cundinamarca. El mensaje estuvo dirigido al ELN, a las disidencias de las FARC comandadas por alias “Calarcá” y al grupo Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. Con esa advertencia, el presidente electo dejó claro que su gobierno romperá con la estrategia de negociación impulsada por Petro y apostará por una política de confrontación respaldada por las Fuerzas Armadas.
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El atentado de Cúcuta pareció reforzar ese discurso. El ELN hizo estallar un camión cargado con explosivos junto a una estación policial, en una acción que también dejó graves daños materiales y que elevó la tensión a pocos días de una investidura inédita. Por primera vez en la historia reciente, la ceremonia presidencial no se celebrará en el Capitolio de Bogotá, sino en la ciudad de Cali, golpeada por la violencia armada y el narcotráfico. Allí, más de 11.000 militares y policías desplegarán un amplio operativo de seguridad por tierra, aire y agua para proteger tanto al nuevo mandatario como a las delegaciones internacionales.
Sin embargo, detrás de esa sucesión de hechos hay un debate más profundo sobre el verdadero estado del conflicto colombiano. Para Néstor Julián Restrepo Echavarría, analista político y catedrático de la Universidad EAFIT, el país no está regresando necesariamente a la realidad de hace dos décadas, sino que presencia una disputa por instalar una determinada lectura de esa realidad. En conversación con El Comercio, sostiene que el gobierno entrante intenta construir una narrativa que le permita presentarse como el encargado de restaurar el orden.
“Lo que estamos viviendo es tratar de imponer una agenda otra vez que sea a favor del gobierno que llega”, afirma el especialista. A su juicio, buena parte de los gestos políticos del presidente electo —desde el anuncio inicial de posesionarse en una guarnición militar hasta la decisión de trasladar la ceremonia a Cali— responden a una lógica de alto impacto simbólico. “La agenda la marca el espectáculo”, resume Restrepo, quien considera que el nuevo gobierno busca proyectar la imagen de un liderazgo fuerte incluso antes de asumir formalmente el poder.
Restrepo Echavarría sostiene que esa estrategia también responde a un contexto político complejo. De la Espriella, explica, llega al poder sin haber logrado consolidar plenamente su fuerza en el Congreso y tras cometer algunos errores en la conformación de alianzas durante la instalación del nuevo Legislativo como el de no contar con la presidencia del Parlamento.
“Es muy común que en Colombia el mandatario electo entra con el presidente del Congreso. Entonces, imagínante la fuerza que tendría con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, ¿qué pasó? De la Espriella no logró tener el presidente del Congreso, cometió un error ahí con el partido de derecha más importante del país que era el Centro Democrático, porque quiere montar otra fuerza política de derecha. Políticamente hablando, ha cometido errores sin entrar a gobernar», manifiesta.
En ese escenario, la apuesta por la seguridad y la recuperación de la autoridad puede convertirse en un elemento de cohesión política y de legitimación pública. Paralelamente, los escándalos que rodean al presidente saliente, Gustavo Petro —conocidos recién en el tramo final de su mandato y no meses atrás, como llama la atención Restrepo— también contribuyen a una disputa por controlar la agenda pública.
“Colombia ya no es el país con un conflicto anacrónico que parecía un país del Medio Oriente en Sudamérica”, afirma. En su opinión, el país pasó a enfrentar problemas más similares a los del resto de América Latina, marcados por la inseguridad urbana, el crimen organizado, las economías ilegales y las crisis políticas, más que por una guerra interna protagonizada por grandes ejércitos guerrilleros. “Nos volvimos un país latinoamericano con muchos problemas”, resume.
Para Restrepo Echavarría, uno de los principales riesgos del nuevo gobierno es interpretar la violencia actual con las del pasado. Si bien reconoce que el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo siguen representando una amenaza para la seguridad del país, sostiene que Colombia ya no enfrenta el mismo conflicto armado que marcó las décadas de 1990 y 2000. “No son los mismos grupos al margen de la ley como las FARC de la década del 2000 o el 2010. Ya lo que hay son grupos territoriales controlando espacios”, explica. A diferencia de entonces, añade, las estructuras actuales tienen un carácter mucho más fragmentado y su principal objetivo es controlar economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el microtráfico, más que disputar el poder político al Estado.
Esa transformación, sostiene el académico, exige una respuesta distinta. “El Ejército colombiano tiene mucho más poder que muchos grupos irregulares. Lo que hay es falta de dominio del territorio por parte del Estado”, afirma. En su opinión, el desafío pasa menos por grandes operaciones militares y más por fortalecer la presencia institucional, la inteligencia y la acción policial en las zonas donde estas organizaciones mantienen el control. “Ya no hay esos grandes ejércitos irregulares; son grupos más pequeños, más movibles y no se sabe quién es quién”, advierte.
Bajo esa lógica, el atentado de Cúcuta tampoco le resulta un hecho excepcional. Restrepo recuerda que históricamente los grupos armados suelen incrementar sus acciones cuando se aproxima un cambio de gobierno para demostrar capacidad de presión. “Para estas fechas es muy común que los grupos al margen de la ley busquen confrontación con el gobierno que llega. Siempre ha pasado”, señala. Sin embargo, considera que el ataque también será utilizado para reforzar la idea de que Colombia vuelve a enfrentar un gran conflicto armado, una lectura con la que discrepa. “Lo van a magnificar para que se vea más grande, más poderoso y que hay otra vez un conflicto armado fuerte”, sostiene.
El especialista considera que la decisión de Abelardo de la Espriella de abandonar la política de “Paz Total” e iniciar una etapa de confrontación con los grupos armados era, en cierta medida, previsible. Según explica, las organizaciones ilegales también buscan demostrar que mantienen capacidad militar antes de cualquier eventual negociación. “Lo que le están demostrando es que tienen poder militar. Eso siempre pasa en los procesos de paz en Colombia”, afirma.
No obstante, Restrepo Echavarría duda de que una estrategia inspirada en la política de seguridad democrática aplicada hace dos décadas pueda responder a las amenazas actuales. “Si Abelardo de la Espriella quiere tomar la narrativa que tomó en algún momento Álvaro Uribe, yo no creo que funcione, porque es una guerra contra un actor totalmente diferente”, sostiene. A su juicio, el combate contra estas organizaciones pasa por identificar sus redes financieras, sus vínculos con el narcotráfico y sus economías ilegales, más que por una confrontación militar convencional. “Tendrían que empezar a atacar dónde están las redes clientelares y dónde está el dinero que generan esos grupos”, enfatiza.
El académico incluso cree que, después de una etapa inicial de endurecimiento, el nuevo gobierno podría verse obligado a retomar algún tipo de diálogo. “Abelardo va a empezar confrontándose con esos grupos, pero al final lo único que le va a tocar es volver a procesos de paz”, pronostica. La diferencia, advierte, es que cualquier negociación deberá partir del reconocimiento de que el conflicto colombiano ya no gira alrededor de grandes guerrillas, sino de organizaciones criminales con fuerte arraigo territorial y un funcionamiento mucho más flexible.
Fuente: elcomercio.pe