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La política exterior de una nación no se improvisa en las páginas de la contingencia, sino en una doctrina basada en la predictibilidad y el interés nacional. El Perú no puede construir su política externa sobre las realidades ajenas de otros continentes: con los candados correctos, dictados por nuestra propia soberanía y seguridad nacional, la diplomacia puede fluir sin obstáculos.
Durante décadas, Torre Tagle, fue un faro de excelencia jurídica y prudencia geopolítica en el hemisferio. Sus diplomáticos labraron una reputación de respeto y seriedad que convirtió al Perú en un socio predecible en el escenario internacional. Los vertiginosos cambios globales exigen que el país retorne a ese cauce de prestigio que nos distinguió en el exterior, defendiendo la soberanía con la misma elegancia con la que se honran los compromisos internacionales.
El Decreto Supremo que exonera del visado de turista a los ciudadanos de Marruecos bajo condiciones de seguridad, es un ejercicio de esa arquitectura diplomática que busca equilibrar las obligaciones globales con la protección territorial. Mirada bajo la legalidad estricta, la norma responde al Principio de Reciprocidad. Marruecos eliminó el visado para peruanos en el año 2017. Al responder con este beneficio casi una década después, el Estado peruano envía una señal de madurez institucional y de cumplimiento de la palabra empeñada.
Este acercamiento diplomático encuentra sustento material decisivo en el comercio exterior. En la última década, la balanza comercial bilateral ha mostrado un dinamismo notable. El Perú destaca como exportador de bienes agrícolas, pesqueros y mineros, mientras que Marruecos se consolida como nuestro principal proveedor de fosfatos esenciales para la industria de fertilizantes agrícolas, y la facilitación de viajes corporativos es un paso lógico para abrir mercados en el Norte de África.
La diplomacia, sin embargo, no opera en el vacío. En el sur de Europa se observa con preocupación la crisis migratoria que afecta a España. La presión demográfica irregular genera comprensibles alarmas sobre la seguridad de los flujos humanos. La flexibilización de visados no debe convertirse en la puerta trasera de una crisis migratoria que no nos pertenece.
Aquí es donde Torre Tagle demuestra su valía al incorporar un candado fundamental: la exoneración solo beneficia a ciudadanos marroquíes con visa vigente para Estados Unidos o el espacio Schengen. Con este mecanismo, el Perú delega el riguroso filtro biométrico y de antecedentes a las potencias occidentales, asegurando un perfil de viajero regular plenamente fiscalizado. El migrante irregular que arriesga su vida en el Estrecho de Gibraltar no cuenta con visado Schengen, quedando automáticamente excluido del beneficio peruano.
Este diseño normativo tiene una virtud adicional a destacar: Perú no asume el costo administrativo ni el riesgo político de construir su propio aparato de verificación migratoria frente a un país con el que mantiene vínculos consulares limitados. En cambio, subcontrata —de facto— la garantía de idoneidad del viajero a los sistemas de inteligencia fronteriza más sofisticados del planeta, los de Washington y Bruselas. Un ciudadano marroquí que ha superado el escrutinio consular estadounidense o europeo ha sido ya sometido a entrevistas, verificación de solvencia económica, antecedentes penales y control biométrico de alto estándar. El Perú, entonces, no abre una puerta sin vigilancia: se apoya en la vigilancia ajena para blindar la propia.
Sin embargo, para recuperar plenamente la rigurosidad que nos caracterizaba, existen espacios de mejora que elevarían los estándares de seguridad nacional sin quebrar la reciprocidad concedida. La perfección técnica de un documento emitido por Relaciones Exteriores debe ser la norma.
Una primera modificación esencial debería enfocarse en reducir el plazo de permanencia. La norma contempla un periodo de hasta 183 días calendario por año. Para los estándares modernos de turismo premium o viajes corporativos, seis meses resulta un plazo extenso que complica la fiscalización. Modificar el beneficio a un máximo de 90 días renovables, como hace Europea, agilizaría el control migratorio y desincentivaría la residencia informal encubierta.
En segundo lugar, el andamiaje legal podría robustecerse exigiendo un pre-registro electrónico obligatorio antes del embarque, similar al sistema ESTA estadounidense. Una plataforma digital donde el ciudadano registre su pasaporte, visa Schengen vigente, reserva hotelera y boleto de retorno con 72 horas de anticipación, permitiría a las autoridades realizar un cruce de información en tiempo real. De este modo, nuestro país ejerce soberanía activa sobre sus puestos de control fronterizo.
El decreto acierta en su fondo: honra la reciprocidad, abre comercio y blinda las fronteras con un candado inteligente que aprovecha el sistema de seguridad ajena sin ceder soberanía propia. Con los ajustes de plazo y registro digital aquí propuestos, el Perú no solo cierra cualquier resquicio de vulnerabilidad, sino que demuestra que la generosidad diplomática y la seguridad nacional no son fuerzas opuestas, sino dos caras de una misma doctrina de Estado.
(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”
Fuente: elcomercio.pe