Los debates sobre la memoria histórica y los procesos de justicia transicional son complejos. Esos debates tienen razones válidas de todos lados en búsqueda de justicia. Pero hay un límite que un Estado moderno no debe cruzar, que es el respeto a la dignidad de las víctimas y el derecho de sus familias a que la justicia complete su trabajo. Cuando ese límite se cruza, el debate legítimo se convierte en operación política para garantizar impunidad.
Lo que Fernando Rospigliosi hizo al presentar ante la JNJ una denuncia pidiendo la destitución de la fiscal Rosario Quico Palomino es la continuación de un proceso que Fuerza Popular y sus aliados vienen ejecutando desde que tomaron el control del Congreso tras el intento fallido de golpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Desde entonces fueron construyendo pieza a pieza las condiciones para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes durante la dictadura de Alberto Fujimori.
La Ley 32107, la ley del fuero militar, la definición restrictiva de lesa humanidad y los procesos disciplinarios de la JNJ contra jueces y fiscales independientes son todas piezas del mismo rompecabezas. Esta denuncia es la más reciente.
La denuncia pide destituir a una fiscal que investiga a Juan Rivero Lazo, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército durante la dictadura de Alberto Fujimori, condenado a 25 años en 2001 por su responsabilidad en los crímenes del Grupo Colina, el destacamento que en 1991 mató a 15 personas en Barrios Altos, entre ellas un menor de edad, y en 1992 asesinó a nueve estudiantes y un profesor desarmados de La Cantuta.
El TC ordenó su liberación modificando el cómputo de su pena pero dejó vigentes otros procesos. La fiscal investiga uno de ellos.
Rospigliosi argumenta que eso viola la Ley 32107, la misma ley que los jueces de la Corte Suprema se negaron a aplicar y por la que hoy enfrentan procesos disciplinarios en la JNJ aplicando el convencionalismo.
La secuencia es la de siempre. El TC habilita, Rospigliosi ataca, la JNJ ejecuta.
Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los procedimientos disciplinarios de la JNJ generan un efecto intimidatorio sobre la independencia judicial.
Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta llevan más de treinta años esperando justicia completa. Lo mínimo que el país les debe es que quienes tienen la responsabilidad de investigar puedan hacerlo sin que nadie las persiga por ello. En ese sentido, si Keiko Fujimori realmente busca reconciliar al país, debería desistir de estas amenazas.
Fuente: larepublica.pe
