La inversión privada acumula tres trimestres consecutivos creciendo a doble dígito y ha contribuido a impulsar el empleo formal privado, que en 2025 anotó su mayor avance en más de una década, excluyendo el rebote postpandemia. Sin embargo, las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) plantean rutas opuestas para impulsar el empleo y reducir la pobreza. FP parte reconociendo el rol de la inversión privada para ese fin, mientras que JPP se opone a esta y apuesta por un mayor rol empresarial del Estado.
Inversión en elecciones
Históricamente los periodos electorales suelen deteriorar la confianza empresarial y postergar las decisiones de inversión, por lo que esta podría moderarse hacia el segundo semestre. Así, cuatro de las diez caídas más pronunciadas de la confianza empresarial en la última década, excluyendo la pandemia, respondieron a eventos asociados al expresidente Pedro Castillo, incluyendo su pase a la segunda vuelta y el inicio de su gobierno. Este entorno magro para las expectativas empresariales y la inversión no fue gratuito, Castillo trajo consigo propuestas de convocatoria a Asamblea Constituyente y nacionalización de los recursos, entre otros.
Un nuevo escenario de incertidumbre motivado por promesas similares explica la caída de la confianza empresarial a terreno pesimista en abril. Esta ocurrió por primera vez luego de 23 meses, tras conocerse el posible pase de Sánchez a la segunda vuelta. Esta caída también se ubicó entre las diez mayores de la última década.
Posturas opuestas
FP y JPP muestran posturas marcadamente diferentes sobre la inversión privada. En el caso de FP, tanto el plan de gobierno como su equipo técnico reflejan una postura favorable a esta, con medidas orientadas a simplificar la tramitología y ampliar el acceso a financiamiento. No obstante, algunos incentivos tributarios propuestos elevarían los costos fiscales sin necesariamente garantizar impactos positivos.
Por su parte, el plan de gobierno de JPP se muestra explícitamente en contra de la inversión privada. Busca modificar la Constitución, renegociar los contratos y ampliar la actividad empresarial del Estado, entre otros. Si bien Pedro Francke, recién sumado al equipo técnico de JPP, ha señalado que respetarán los contratos y promoverán la inversión privada, Sánchez había declarado días antes que impulsará una Asamblea Constituyente y descartó suscribir una hoja de ruta. Esa inconsistencia aparenta una moderación de la postura de Sánchez; sin embargo, no hay ninguna garantía de ello.
Promoción del empleo
La informalidad continúa siendo el principal reto del mercado laboral: siete de cada diez trabajadores son informales y perciben, en promedio, salarios 62% menores que los trabajadores formales. Por ello, lejos de elevar las remuneraciones por decreto, urgen condiciones para que más empresas puedan contratar formalmente.
Parte del problema radica en incentivos mal diseñados. Los regímenes tributarios para las Mype y el enfoque de la fiscalización laboral vigentes no promueven la transición a la formalidad.
Sobre este punto, las propuestas de FP y JPP reflejan visiones opuestas. FP busca promover el empleo formal impulsando la inversión privada, simplificando trámites y estableciendo un rol para la Sunafil más enfocado en la formalización.
En contraste, JPP propone una nueva Constitución para modificar los regímenes laborales, sin precisar cómo esta contribuiría a promover el empleo formal. Además, plantea elevar el salario mínimo a S/1.500, un incremento de 31% respecto al nivel vigente, el más alto en 30 años. Este aumento carece de sustento técnico y coincide nuevamente con un periodo electoral. Además, beneficiaría a apenas 3% de los trabajadores. En su lugar, elevará aún más los costos laborales, afectando principalmente a las empresas más pequeñas, los jóvenes y los trabajadores más vulnerables.
Empleo juvenil
Los jóvenes han sido los más afectados ante el deterioro del mercado laboral. Entre 2019 y 2025 se perdieron 276 mil empleos juveniles, y de estos, 263 mil dejaron de buscar trabajo, según estimaciones del IPE. Además, 1,4 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, 90 mil más que en 2019; y entre quienes sí trabajan, el 76% son informales.
El plan de FP presenta propuestas más articuladas en este tema: un esquema subsidiado de aseguramiento en salud para jóvenes contratados por las Mype, formación técnico-productiva desde la secundaria y herramientas para vincular la oferta formativa con la demanda laboral. Por su parte, JPP propone crear un Instituto Nacional de Empleabilidad para centralizar orientación vocacional, capacitación y certificación, sin precisar por qué estas funciones no pueden fortalecerse desde las entidades ya existentes para esos fines. Plantea también 10 mil plazas de prácticas en el sector público, sin detallar mecanismos de implementación. Además, su equipo técnico anunció el programa “Mi Primera Chamba”, que otorgaría S/6.150 a 100 mil jóvenes para financiar su capacitación o su primer empleo, pero no figura en el plan de gobierno y representa un elevado costo.
Fuente: elcomercio.pe