Javier Navarro trabaja de noche con el fin de esquivar el sol inclemente de La Guaira. Con pico y pala, junto a otros familiares que se turnan para excavar, abre paso entre las toneladas de concreto de un complejo de viviendas en Caraballeda. Ahí busca a nueve parientes. "Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás", dijo a EFE este hombre de 36 años, que ya había encontrado los cuerpos de su madre y su abuela en avanzado estado de descomposición. La escena se repite en distintos puntos de la costa de Venezuela, donde vecinos y cuadrillas improvisadas cavan con herramientas de protección, o sin ellas, mientras la ciudadanía los apoya con comida y equipos.
Un mes después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la costa centro-norte del país un 24 de junio, la búsqueda de cuerpos convive con otra tarea igual de urgente, la reconstrucción de una nación que suma más de 5.500 muertos, cerca de 17.900 personas sin vivienda y pérdidas materiales que el Banco Mundial calcula en 19.600 millones de dólares. El proceso enfrenta tres obstáculos que se entrelazan: el elevado costo de reparar lo perdido, la falta de acceso a financiamiento externo por las sanciones vigentes y una economía que ya arrastraba años de contracción antes del desastre.
La cifra de daños físicos directos, difundida por el organismo multilateral a través de su evaluación rápida global (GRADE), pone en evidencia la magnitud del reto. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió a EFE que el proceso demandará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, un monto que calificó de "muy significativo" para una nación cuyo producto interno bruto ronda los US$110.000 millones. A su juicio, Venezuela "difícilmente podrá afrontar ese esfuerzo sola", ya que cuenta con un espacio fiscal reducido y un acceso casi nulo a los mercados de crédito internacionales.
Venezuela: millones en pérdidas por el sismo
Según la evaluación del Banco Mundial, el 47% de los daños se concentró en edificaciones residenciales, equivalente a unos US$9.300 millones, mientras que la infraestructura pública absorbió el 27% y las construcciones no residenciales el 26% restante. La Guaira y el Distrito Capital reunieron alrededor de la mitad del impacto total.
Un estudio de la consultora ANOVA detalló que 4.958 de las 38.798 estructuras habitacionales revisadas en siete de los once municipios de La Guaira, una de las zonas más afectadas, presentan algún nivel de daño. De ellas, 2.654 quedaron gravemente comprometidas o destruidas, viviendas donde residían 37.611 personas. El costo de reponer esa infraestructura habitacional se estima en 2.370,6 millones de dólares, entre el 2% y el 3% del PIB nacional. El economista jefe de ANOVA, Omar Zambrano, precisó que ese monto no incluye la reparación de infraestructura pública, vial, comercial ni de servicios.
La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló en un comunicado que los sismos "han alterado la vida de la población, han dañado infraestructuras críticas y han generado nuevos retos en la recuperación de Venezuela". Añadió que una reconstrucción eficaz "comienza con datos fiables" y que el organismo está comprometido a apoyar el proceso en cada etapa.
Miles de familias sin casa, empleo ni estabilidad
La agencia espacial NASA, con base en imágenes satelitales, elevó a más de 58.000 los edificios destruidos o dañados, una cifra que supera con creces el registro gubernamental de 856 estructuras afectadas y 190 colapsadas.
Frente a la magnitud de la devastación habitacional, el Gobierno inició la construcción de 1.875 viviendas nuevas, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El funcionario explicó que los terrenos fueron evaluados por geólogos, ingenieros y arquitectos con el objetivo de determinar su seguridad. La meta oficial es entregar 4.000 casas antes de fin de año, aunque los cálculos iniciales del propio Rodríguez estiman que se necesitarán 25.000 viviendas si es que se quiere cubrir la demanda.
Organizaciones como TECHO también se sumaron al esfuerzo. Su director ejecutivo global, Juan José Ayarza, confirmó a EFE que planean construir al menos 200 hogares prefabricados en el país. Paralelamente, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) inspeccionó más de 8.000 estructuras solo en Caracas y así determinar su seguridad. Más del 70% resultó habitable, mientras que cerca del 25% quedó clasificado con "habitabilidad con precaución" o como "no habitable". Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, indicó que unos 6.000 colegas prestaron el servicio de forma voluntaria y gratuita "para darle tranquilidad a la población".
Más allá del techo, la falta de estabilidad se refleja en otros indicadores. El Banco Mundial proyecta que la oferta laboral caerá un 1% este año y advierte que 1,3 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria durante los próximos seis meses. El epidemiólogo Mauricio Cerpa, del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que el hacinamiento en refugios, la interrupción del agua y el saneamiento, y la baja cobertura de vacunación crean condiciones propicias para la propagación de enfermedades diarreicas, respiratorias y transmitidas por mosquitos.
La reconstrucción podría demorar más de una década
El propio Banco Mundial advirtió que, si la inversión pública y privada no aumenta, la evolución "probablemente tardaría más de 10 años", con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. Bajo ese escenario, el organismo proyecta que el producto interno bruto podría mantenerse por debajo de los niveles previos al sismo hasta 2036.
El financiamiento internacional comprometido hasta ahora resulta insuficiente frente a esas cifras. Estados Unidos anunció US$300 millones en ayuda financiera; Venezuela obtuvo 346 millones del Fondo Monetario Internacional, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió destinar a la reconstrucción; la Comisión Europea aportó 36,5 millones; el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU sumó 17 millones, y Alemania contribuyó con 9 millones. Pese a ello, el plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2026, que requiere US$931 millones, solo ha cubierto el 39% de esa meta, con un déficit cercano a los 566 millones.
Las sanciones económicas estadounidenses, vigentes desde hace años, complican el panorama. El congresista demócrata Chuy García pidió públicamente a la administración Trump "levantar las sanciones contra Venezuela y restablecer el acceso a los activos congelados a fin de apoyar la ayuda y la recuperación". A ello se suma la preocupación de organizaciones civiles por las restricciones legales locales que limitan el trabajo de las ONG, entre ellas la Ley de Supervisión, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales. Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), resumió el problema de fondo ante una comisión del Congreso estadounidense al señalar que "los terremotos no crearon la crisis de Venezuela, sino que la pusieron al descubierto".
Niñez venezolana, la más golpeada por la tragedia
Entre el grupo más vulnerable tras el desastre están los niños. UNICEF calcula que unas 470.000 personas requieren apoyo directo, entre ellas 169.000 menores de edad. Cerca de 23.100 permanecen en campamentos temporales distribuidos en La Guaira, el Distrito Capital, Miranda y Aragua.
El representante de UNICEF en el país, Manuel Rodríguez Pumarol, explicó que, más allá de los daños visibles, "el miedo, la incertidumbre y la interrupción causados por el desplazamiento pueden tener un impacto duradero en el bienestar de los niños y niñas".
En los refugios, UNICEF montó espacios orientados a la infancia, con apoyo psicosocial y actividades recreativas para más de 4.000 niños, adolescentes y cuidadores. Gabriela, una sobreviviente que ahora vive con su familia en el estadio César Nieves de Catia La Mar, contó que esos espacios "son lugares seguros que ayudan a los más jóvenes a expresar sus emociones, compartir experiencias y conectar con otros que han pasado por lo mismo".
Entre los casos más delicados están los menores que perdieron a sus padres y quedaron bajo el cuidado de otros parientes. Es lo que le ocurrió a D. T., de 13 años, que pasó a estar sin su madre cuando el edificio donde vivían en Caraballeda se derrumbó. Ahora reside junto a su hermana M. O. (10) en un refugio, al cuidado de su tía, Mercedes Osuna. "Mi sobrino no ha querido conversar sobre eso. Él lo que hace es puro jugar, jugar", contó a CNN.
La abogada especialista en derecho familiar Jeslia Vergara sostuvo que, ante la ausencia de los padres, la prioridad del sistema de protección venezolano es ubicar primero a otros familiares cercanos, como abuelos, tíos o hermanos mayores, que puedan hacerse cargo del menor de forma temporal en tanto se determina qué ocurrió con sus progenitores. Solo cuando se comprueba que ambos padres murieron y no existe familia de origen disponible, el Estado puede declarar al niño en condición de adoptabilidad e incorporarlo a un programa de acogida sustituta, precisó la especialista, quien remarcó que "la institucionalización o la adopción es el último recurso disponible en Venezuela".
El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), por su parte, rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas entregas de menores a desconocidos y aseguró que cualquier proceso de reunificación familiar se realiza solo después de verificar la identidad y el vínculo con los familiares.
Fuente: larepublica.pe
