Estados Unidos confirmó la aplicación de un arancel adicional del 25% a miles de productos de Brasil a partir del 22 de julio, aunque excluyó exportaciones consideradas estratégicas. La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. tras cerrar una investigación iniciada hace un año.
El gobierno de Donald Trump argumentó que algunas políticas brasileñas “entorpecen o restringen” el comercio bilateral. Entre los puntos cuestionados figuran el sistema de pagos PIX, el acceso del etanol estadounidense al mercado brasileño, la regulación de plataformas digitales, la lucha contra la piratería y las normativas ambientales vinculadas a la deforestación ilegal.
La medida se adoptó bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington investigar prácticas consideradas desleales y aplicar represalias comerciales. Según la USTR, las negociaciones mantenidas durante el último año no lograron revertir las políticas que Estados Unidos considera perjudiciales para sus empresas y exportadores.
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Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, funcionarios sostuvieron que los principales puntos de fricción —PIX, etanol y una propuesta de moratoria enfocada en plataformas digitales— son asuntos internos y “no negociables”. Brasil también afirmó que la decisión estadounidense tiene un componente político, algo que Washington rechaza.
Washington justifica la medida con la Sección 301
La investigación comercial concluyó en junio y analizó si las políticas brasileñas generan barreras para las empresas estadounidenses. El informe final cuestionó el funcionamiento de PIX, el acceso al mercado del etanol, acuerdos preferenciales con países como México e India, además de aspectos relacionados con propiedad intelectual y combate a la corrupción.
La administración Trump aseguró que el objetivo no es eliminar el sistema de pagos brasileño, sino modificar condiciones que considera desventajosas para compañías estadounidenses del sector financiero. Expertos citados en el proceso señalaron, sin embargo, que no existen razones consistentes que permitan cuestionar técnicamente el funcionamiento de PIX.
Los productos afectados y exentos del impuesto
Entre los principales bienes que quedarán exentos figuran petróleo crudo, granos de café, aeronaves, carne de res congelada, celulosa blanqueada, jugo de naranja, ferroniobio, mineral de hierro y piezas de turbina. La decisión responde a consideraciones económicas y estratégicas, ya que muchos de esos productos son relevantes para las cadenas de suministro en EE. UU.
En cambio, el nuevo arancel alcanzará a maquinaria industrial, neumáticos, azúcar, etanol, tabaco, madera, calzado, papel, transformadores eléctricos, excavadoras y otros artículos industriales. Algunos artículos de acero y aluminio quedaron fuera de esta medida porque ya están sujetos a aranceles del 50% bajo la Sección 232, relacionada con seguridad nacional.
La USTR también mantiene abierta otra investigación sobre productos fabricados con trabajo forzoso. Si prospera, podría añadirse un recargo adicional del 12,5%, lo que elevaría el arancel total hasta 37,5% sobre parte de las exportaciones brasileñas.
Brasil analiza responder y mantener negociaciones
El Itamaraty respondió que las acusaciones no demuestran que las políticas brasileñas perjudiquen a empresas de Estados Unidos. El gobierno defendió que PIX es una infraestructura pública abierta a compañías nacionales y extranjeras, incluidas firmas estadounidenses que operan en el país.
Además de la defensa diplomática, Brasil coordinó acciones con sectores empresariales de ambas naciones. Entidades como la Confederación Nacional de la Industria, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo y representantes del agro participaron en audiencias públicas en las que pidieron que se prioricen las negociaciones y no nuevas barreras comerciales.
El senador Flávio Bolsonaro también intervino en las audiencias y pidió a Washington postergar la medida con el fin de abrir más conversaciones. Según el gobierno brasileño, las negociaciones continuarán incluso después de la entrada en vigor del arancel, mientras se evalúan eventuales respuestas bajo la Ley de Reciprocidad Económica.
Fuente: larepublica.pe
