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El Niño Costero volvió a presentarse en el Perú en un contexto de transición política y fortaleza económica. Sin embargo, sus efectos ya amenazan a sectores clave para las economías del norte del país, la zona más expuesta a este tipo de eventos climáticos.
De acuerdo con el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), existe un 63% de probabilidad de que se registre un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo convertiría en uno de los eventos más intensos desde que existen registros, en 1950. Si bien el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) prevé un ligero debilitamiento durante noviembre, considera que este sería temporal y que el fenómeno volvería a fortalecerse durante el verano.
Alejandro Garland, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), sostiene que el escenario más probable es un fenómeno de El Niño Global muy fuerte a partir del cuarto trimestre del 2026, según las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, con lluvias intensas en el norte del país y sequía en la sierra central. A su juicio, la severidad de los impactos incluso podría superar la registrada durante los eventos de 1983 y 1997, afectando principalmente a la construcción, la agricultura y la pesca.
Las proyecciones climáticas ya empiezan a reflejarse en las estimaciones económicas del BCR. Según la entidad, el fenómeno restaría entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI este año y entre 0,8 y 0,9 puntos porcentuales el próximo. Asimismo, el BCR proyecta que el PBI primario retrocedería 1,6% este 2026, con un fuerte impacto en pesca (-28,3%), hidrocarburos (-6,2%) y manufactura (-6,2%). Para el 2027, minería metálica y el sector agropecuario serían los más comprometidos.
Los sectores más expuestos
El Niño Costero, o Niño del Pacífico Oriental, afecta la costa norte del Perú y se caracteriza por lluvias e inundaciones en esta región. Con ello, los principales efectos alcanzarían a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y parte de Ica.
De acuerdo con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), estas regiones en conjunto concentran el 29% del PBI agropecuario, el 60% de la pesca, el 25% de construcción y el 20% de comercio, sectores que serían los principales afectados por los eventos climáticos.
“Según el último informe de pobreza monetaria del INEI, en estas regiones había 7 millones de personas en situación de pobreza. Entonces, eso nos da una pauta de hacia dónde debemos dirigir las políticas para disminuir los efectos negativos del Niño Costero”, refiere.
Los embates de un Niño Costero no son nuevos para el país. El del 2023 provocó una contracción económica de 0,6% del PBI, según Comex Perú. En aquella ocasión, los sectores primarios fueron los más golpeados: agropecuario (-2,9%) y pesca (-19,7%), lo que restó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento anual.
La infraestructura preventiva
En abril del 2017, el Gobierno creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de liderar e implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) para la infraestructura dañada y destruida por el fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones del país.
Cinco años después, la ARCC fue absorbida por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada para ejecutar proyectos con montos de inversión iguales o superiores a S/200 millones que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y no tengan ejecución física.
Poco más de dos años después de la creación de la ANIN, y a pocos meses de los efectos más fuertes del fenómeno de El Niño, crece la preocupación por el presupuesto disponible para culminar las principales obras de prevención frente a lluvias e inundaciones.
Según información de la CCL, actualmente ls ANIN tiene una cartera de 61 proyectos, distribuidos en ocho regiones y valorizados en S/22.784 millones. Sin embargo, hasta el 19 de junio solo registraba un avance promedio de 51%, mientras que otros 44 proyectos presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos.
La CCL considera que dicho portafolio constituye uno de los principales instrumentos de inversión pública para defensas ribereñas, drenajes pluviales, control de inundaciones y soluciones integrales frente a desastres naturales.
Entre los proyectos que el gremio considera prioritarios a destrabar figuran la protección integral de la población frente a inundaciones en Lima, que mantiene S/1.550 millones pendientes de ejecución y apenas un avance de 3,7%; el drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo, con S/1.464 millones pendientes y solo 9,2% de avance; la protección frente a inundaciones del río La Leche, en Lambayeque, actualmente suspendida, con S/1.217 millones aún por ejecutar y un avance de 9,9%; así como el drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo, que apenas alcanza una ejecución de 14,1%.
“ANIN recibió todos los proyectos de la ARCC. En esa cartera heredada tenemos 27 proyectos con un avance menor al 25% que requieren S/6.844 millones para culminarse. Pero, aun si hoy contáramos con esos recursos, no sabemos si podrán terminarse en el tiempo que queda”, señala Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.
En efecto, hace unos días la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó un crédito suplementario que autoriza hasta S/300 millones para acciones de preparación y respuesta frente al fenómeno de El Niño, con cargo a recursos provenientes del financiamiento contingente. El dictamen todavía deberá ser debatido y aprobado por la Comisión Permanente.
Al respecto, César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), sostuvo que es necesario asignar un mayor presupuesto a la ANIN, ya que los recursos con los que cuenta actualmente son insuficientes. Asimismo, expresó su preocupación por el limitado plazo que tendrían los gobiernos para ejecutar las obras financiadas con el crédito suplementario aprobado recientemente por la Comisión de Presupuesto.
“Le están asignando partidas importantes a los gobiernos regionales y municipales en el crédito suplementario aprobado. Esperemos que los alcaldes también se concentren en realizar labores extraordinarias para enfrentar como se debe el fenómeno de El Niño”, señala Candela.
Otro instrumento para financiar acciones de prevención frente a desastres naturales es el Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, cuyo avance promedio apenas supera el 38%, con mayor participación del Gobierno Nacional. Para este año, su presupuesto institucional modificado (PIM) asciende a S/3.048 millones, monto muy inferior al asignado en el 2017.
“La no ejecución de los proyectos de la ANIN, que heredó de la Reconstrucción con Cambios para la zona norte, es una muestra de cómo hemos bajado la guardia. Hemos pensado que no se va a repetir y ahora estamos más que preocupados”, sostiene Chávez.
Seguros multirriesgo y planes de contingencia
Pese a las recurrentes alertas por el fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos extremos, la contratación de seguros multirriesgo sigue siendo reducida en el país. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), solo entre el 3% y el 3,5% de los cerca de 8 millones de hogares cuenta con este tipo de cobertura, mientras que apenas 9 de cada 100 empresas están protegidas frente a eventos naturales. En el caso de la infraestructura pública, únicamente entre el 15% y el 20% está asegurada, y la mayor parte corresponde a obras concesionadas.
“Dos de cada tres empresas grandes tienen una protección frente a fenómenos de la naturaleza. Si hablamos de pequeñas empresas, vemos que solo una de cada siete pequeñas empresas la tiene, y si vamos al universo de las micro, ya empiezas a contarlas con los dedos”, precisa Eduardo Morón, presidente de Apeseg.
Si bien existen empresas de casi todos los sectores económicos con este tipo de cobertura, Morón aclara que las agroexportadoras y las pesqueras son las que generan mayor preocupación por el nivel de exposición que enfrentan ante estos eventos.
En el 2025, las grandes empresas pagaron cerca de S/78,3 millones por coberturas frente a lluvias, mientras que las pymes desembolsaron S/72,4 millones. Si bien ambos montos son elevados, difieren de los registrados en el 2024, cuando las grandes empresas destinaron S/145,3 millones a estas coberturas y las pymes apenas S/11,7 millones.
Más allá de los seguros, las empresas ya activan sus planes de contingencia para garantizar la continuidad de sus servicios. En ese sentido, Lima Expresa, subsidiaria de Vinci Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, detalla que sus acciones preventivas incluyen la limpieza y descolmatación del río Rímac, en la zona de influencia del Gran Túnel Lima Expresa, así como la activación de protocolos ante inundaciones.
“Solo en el 2025 realizamos el mantenimiento de 2,6 km del cauce del río Rímac, entre el puente Santa Rosa y el puente Huánuco. Los trabajos comprendieron el desbroce de 7.500 m² de área, la descolmatación y reacomodo de 11.000 toneladas de material del río y el mejoramiento de cerca de 1.000 m² de enrocado protector del túnel”, detalla Guina Ayora, directora de Operaciones de Lima Expresa.
En caso de inundaciones, Ayora señala que sería necesario cerrar la Vía de Evitamiento en tres tramos: a la altura del trébol de Caquetá, del puente Huánuco y del puente del Ejército. En la vía expresa Línea Amarilla, se contemplan cinco cierres: la oreja de Huánuco con sentido al Callao, el peaje Ejército, el ingreso desde Evitamiento, el viaducto que conduce al peaje Estadio y el ingreso desde el Callao.
Por otro lado, en la Red Vial Nacional no concesionada, Provías Nacional mantiene un sistema de vigilancia a través de sus 19 Unidades Zonales. Para ello dispone de una flota de 383 maquinarias distribuidas en diferentes regiones del país y ha suscrito 38 contratos de conservación vial.
De manera complementaria, el Gobierno declaró en emergencia diversos tramos de carreteras en Amazonas, Huánuco, Junín y Ucayali, con el objetivo de acelerar las intervenciones y reducir los tiempos de atención.
Como parte del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados, se destinaron más de S/25 millones para la adquisición de 20 puentes modulares. Además, se incorporaron 32 puentes metálicos modulares de armado rápido para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante futuras emergencias.
Asimismo, Provías Descentralizado culminó la instalación de nuevos puentes en La Libertad y Cajamarca, y suscribió convenios con municipalidades para gestionar la construcción de 31 puentes definitivos de menores luces en siete regiones.
En términos generales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que los trabajos de prevención al mes de junio —conforme a la calendarización del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) 2026—, Provias Nacional tenía programada la ejecución de 10 intervenciones de mantenimiento, que comprendían 5.435,64 km. La ejecución física mensual alcanzó el 10%, logrando un avance acumulado de 39%. Por otro lado, se tenía programado como meta financiera S/. 2’786,426.67 (10%), logrando ejecutarse S/ 3’339,148.00 lo que equivale al 12% de la meta anual, alcanzando un acumulado del 36,8%.
Retail cambia de proyección
Ante el escenario climático, el sector retail ha reducido su expectativa de crecimiento de 5% a 4%, según el Gremio de Retail y Distribución de la CCL. Con ello, las ventas se reducirían entre 0,5 y 1 punto porcentual y bordearían los S/55.000 millones al cierre del año.
En ese contexto, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) señala que vienen actuando desde dos frentes: el comercial, recalibrando campañas; y el operativo, reforzando techos, limpiando drenajes y fortaleciendo los protocolos logísticos.
“El FEN 2023-2024 casi no dañó infraestructura, pero golpeó la demanda durante 12 meses. El invierno cálido impactó la campaña de abrigo; sin embargo, el sector retail creció cerca del 2%”, señala José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.
Aunque no hubo daños en infraestructura, sí aumentaron los precios de las bebidas (17%) y los alimentos (10%), mientras que cayeron los de las prendas de vestir (16%), los muebles (23%) y los electrodomésticos (14%). Según Contreras, con el fenómeno de El Niño previsto para este año, el sector observa que ese patrón vuelve a repetirse.
“Si el FEN se intensifica en el 2027, aumentarán las compras de emergencia y la priorización de productos esenciales. Tendremos una menor frecuencia de visitas en las zonas afectadas por lluvias o con vías interrumpidas. Se postergará el gasto discrecional, como moda, hogar y electrodomésticos, para luego registrarse un rebote ligado a la reconstrucción. Los supermercados y el formato de conveniencia serían, como en eventos previos, los que sostendrían el tráfico”, agrega Contreras.
Construcción e inmobiliario: compradores más cautelosos
El sector construcción figura entre los más expuestos ante un eventual fenómeno de El Niño de gran intensidad. Para Garland, presidente de Capeco, la ejecución de obras podría ralentizarse, especialmente aquellas que se desarrollan a la intemperie, mientras que las interrupciones en carreteras y otras vías de comunicación afectarían el abastecimiento de materiales. Ello incrementaría los costos de construcción y, eventualmente, esto podría trasladarse al precio de las viviendas.
No obstante, recuerda que, históricamente, los episodios de El Niño también suelen dar paso a un mayor dinamismo del sector por las inversiones destinadas a la reconstrucción. Tras el Niño Costero del 2017, por ejemplo, se aprobaron cerca de S/26.000 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas, aunque el costo total estimado prácticamente duplicaría ese monto.
“Aunque parte de este presupuesto se obtiene reduciendo recursos previamente asignados a este proyecto, el efecto neto suele ser un aumento de la inversión y, por tanto, de la producción en el sector construcción”, sostiene Garland. De repetirse un escenario similar, la inversión pública y privada para reparar infraestructura y edificaciones dañadas podría impulsar nuevamente la actividad constructora.
Sin embargo, Capeco considera que el país todavía mantiene importantes brechas de prevención. Garland sostiene que aún no se han construido los sistemas de drenaje pluvial previstos para las principales ciudades afectadas por el Niño Costero del 2017 ni se han ejecutado las intervenciones necesarias en las partes altas de los ríos para reducir el riesgo de inundaciones aguas abajo. “Hasta este momento no se cuenta con ninguno de los sistemas de drenaje pluvial que se debían construir en las principales ciudades afectadas por el Niño Costero del 2017”, advierte.
A ello se suma la necesidad de asegurar recursos para la emergencia, culminar las obras pendientes y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades y el sector privado. Asimismo, señala que el cambio de autoridades nacionales y subnacionales en los próximos meses podría afectar la eficiencia de la atención de la emergencia y de las labores de reconstrucción.
Desde el mercado inmobiliario, las empresas consideran que el principal impacto no necesariamente estaría en una caída de la demanda, sino en la forma en que compradores y desarrolladores enfrentarán un escenario de mayor incertidumbre. Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar, señala que el segundo semestre es un periodo clave para el cierre de ventas, la ejecución de obras y la planificación de nuevos proyectos, por lo que cualquier alteración en costos o cronogramas obliga a una gestión más precisa. Añade que las familias con negocios propios, incluso, podrían postergar temporalmente la compra de una vivienda si el FEN afecta sus ingresos o capacidad de pago.
Puga explica que uno de los principales riesgos para el sector es la continuidad de las obras, pues retrasos en una etapa pueden alterar todo el cronograma del proyecto. Asimismo, considera que los mayores incrementos de costos podrían concentrarse en materiales de alta rotación, como cemento, concreto, acero, agregados y algunos acabados, además de gastos asociados al transporte, fletes adicionales, almacenamiento preventivo, protección de materiales, horas improductivas y reprogramaciones. “El reto es cuidar el costo sin trasladar inestabilidad al cliente”, afirma.
Aunque Albamar no observa una reducción de la intención de compra, sí identifica un comprador más cauteloso, que compara más alternativas y presta mayor atención a la trayectoria y capacidad de cumplimiento de las empresas desarrolladoras. “La confianza se ha vuelto parte de la decisión; ya no basta con que el departamento guste, también tiene que dar tranquilidad”, sostiene Puga. Bajo ese escenario, prevé que el sector no dejará de invertir o lanzar proyectos, aunque sí evaluará con mayor detenimiento el momento adecuado para hacerlo y el nivel de riesgo de cada iniciativa.
Una percepción similar tiene Israel Ubierna, gerente comercial de Tale Inmobiliaria. Según explica, los compradores ya no solo preguntan por el precio, la ubicación o el metraje, sino también por la seguridad del entorno, la calidad constructiva y la capacidad de los edificios para responder a lluvias intensas u otros fenómenos naturales. También prestan mayor atención a aspectos como la infraestructura urbana, los sistemas de drenaje y el diseño de los proyectos, cada vez con un criterio más técnico, por lo que la resiliencia cobra un papel más relevante en la decisión de compra. “La resiliencia no se ve solo en una solución técnica, sino en cómo ha sido pensado el edificio”, señala.
Ubierna agrega que la demanda de vivienda seguiría activa, aunque los compradores dedicarían más tiempo a comparar proyectos y buscar desarrolladoras que les transmitan mayor confianza. Asimismo, considera que, por ahora, el sector no registra un impacto generalizado en los costos, pero sí permanece atento a posibles presiones sobre la logística, el transporte de materiales, la productividad en obra y los plazos de ejecución si el fenómeno se intensifica. A su juicio, cualquier efecto sobre el precio final de las viviendas dependerá de la magnitud del evento y de las alteraciones que experimente la cadena de suministro.
Menor producción y mayores costos
En el sector agrario, las señales de impacto ya comenzaron a sentirse. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), sostiene que el Niño global viene afectando desde hace meses el desarrollo de los cultivos, con pérdidas de productividad y alteraciones en el tamaño de los frutos.
Añade que productos clave para las agroexportaciones peruanas, como el arándano, la uva de mesa y el mango, además del banano orgánico, podrían sufrir una reducción en su productividad y un incremento de costos si el fenómeno se intensifica durante el segundo semestre. Asimismo, señala que el sector viene impulsando medidas de adaptación, como el desarrollo de variedades más resistentes y otras estrategias para reducir los efectos del fenómeno sobre la producción.
Amaro advierte que la pequeña agricultura será la más vulnerable frente a las lluvias intensas, la activación de quebradas y el incremento del caudal de los ríos. Recuerda que en anteriores episodios de El Niño se perdieron más de 100.000 hectáreas de cultivos y cientos de kilómetros de canales de irrigación. “Los efectos no serán solamente sobre el productor agrario y las empresas del sector, sino también sobre los trabajadores, los consumidores y la población peruana en general”, afirma Amaro.
Según AGAP, las regiones del norte, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, serían las más expuestas, aunque también podrían registrarse efectos en Ica y en zonas de la sierra por cambios en los patrones de lluvia, deslizamientos y déficit hídrico. Los principales perjudicados serían los pequeños agricultores, quienes enfrentan una menor capacidad para responder ante pérdidas de productividad, daños en la infraestructura de riego y aparición de nuevas plagas.
A ello se sumarían los efectos sobre la infraestructura logística. La destrucción de carreteras, puentes y vías de acceso dificultaría el traslado de la producción hacia mercados mayoristas, puertos y aeropuertos, afectando tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los programas de exportación.
Amaro advierte que ello no solo reduciría el ingreso de divisas por agroexportaciones, sino también el empleo y el movimiento económico en las regiones. Asimismo, parte de la producción que logra salvarse no siempre llega a los mercados mayoristas debido a los daños en la infraestructura vial y las dificultades para el transporte hacia puertos y aeropuertos, lo que reduciría la oferta disponible. Como consecuencia, podría registrarse un incremento en los precios de algunos alimentos e, incluso, mayores presiones inflacionarias.
Para reducir esos riesgos, AGAP considera prioritario acelerar las obras de protección de ríos y quebradas, reforzar puentes y carreteras, priorizar los proyectos de infraestructura más urgentes, coordinar acciones entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y el sector privado, además de prever puentes aéreos y marítimos para garantizar el abastecimiento de personas, alimentos y maquinaria, y establecer mecanismos de apoyo económico para los productores afectados.
El gremio también plantea implementar un plan de rescate económico para el sector agrario y concentrar los recursos en las intervenciones más críticas, ante la proximidad del fenómeno. “No hay mucho tiempo. Estamos tarde y todos tenemos que colaborar en este sentido: el sector privado, el sector público, el Gobierno actual y el nuevo Gobierno que está entrando”, concluye Amaro.
Fuente: elcomercio.pe