La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. El pedido busca que el magistrado permanezca recluido mientras avanza la investigación por su presunta participación en una red que habría operado dentro del sistema judicial de la región. La decisión final quedará en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar el requerimiento en los próximos días.
El caso contra Tinco Luján no es nuevo. En enero de este año, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya lo había suspendido por seis meses en el cargo. Sin embargo, el magistrado presentó un amparo ante el Primer Juzgado Civil de Andahuaylas y obtuvo una medida cautelar que lo devolvió a la presidencia de la corte. Esa reposición, según las investigaciones, le permitió mantener control sobre la institución mientras la presunta red seguía activa.
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La detención preliminar se ejecutó el pasado 2 de julio, durante un megaoperativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con la fiscal suprema provisional Lourdes Bernardita Téllez al mando y el fiscal adjunto supremo Iván Melgar en la coordinación. El operativo se desarrolló de forma simultánea en Apurímac, La Libertad, Puno, Abancay y Lima.
Junto a Tinco Luján cayeron otras cuatro personas. Entre ellas, su esposa, la abogada Elionora Yntusca Janampa; el coordinador de Servicios Judiciales, Alexander Puma Valer; el coordinador de Recursos Humanos, Marco Antonio Cerón Trujillo; y el exjefe de Imagen Institucional de la corte, Mario Ríos Anampa. Todos permanecieron bajo detención preliminar por 15 días y fueron trasladados a Lima para continuar con las diligencias.
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Las pesquisas apuntan a un esquema amplio. La organización habría ejercido presiones sobre magistrados para favorecer determinados procesos judiciales, promovido designaciones irregulares de jueces y personal administrativo, y manipulado expedientes mediante el direccionamiento del sistema informático. A esto se suman denuncias por cobro de cupos y represalias contra jueces que se negaban a seguir las directivas del grupo, según reportes periodísticos del caso.
Las autoridades no se limitaron a las cinco detenciones. El allanamiento incluyó 21 inmuebles y oficinas ubicados en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno, entre ellos la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y módulos judiciales de Abancay y Andahuaylas. Además, la investigación ya suma cuatro testigos protegidos y contempla, según la Policía, al menos 14 hechos delictivos distintos vinculados a la presunta organización.
Tinco Luján, por su parte, ha negado las acusaciones. Al ser consultado por la prensa durante su traslado a Lima, rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra y calificó como infundados la hipótesis de la fiscalía y los partes de detención de la Policía. Ahora, con el pedido de 18 meses de prisión preventiva ya presentado, el Poder Judicial fijará la fecha para la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.
Fuente: larepublica.pe
