La presidenta Keiko Fujimori pedirá al Congreso facultades legislativas para modificar las normas que regulan la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. En un primer documento al que La República tuvo acceso, no se incluye, hasta el momento, el detalle de los artículos que se cambiarán ni los criterios técnicos que sustentan la reforma.
Tres especialistas analizaron el alcance de la propuesta para La República: el abogado penalista Ciro Cancho, el también penalista Aarón Alemán y el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Los tres coinciden en que el anuncio carece de precisión. Ninguno cuestiona la facultad constitucional del Ejecutivo para pedir esta delegación. El reparo apunta al contenido y al método detrás del pedido.
Las críticas se concentran en tres ejes. El primero es la falta de especificidad sobre qué normas cambiarán exactamente. El segundo es la ausencia de sustento técnico y empírico detrás de la reforma. El tercero es el riesgo de que la delegación de facultades incluya, además de la reforma penal, cambios al sistema penitenciario sin un diagnóstico claro de sus verdaderos problemas.
Ciro Cancho, abogado penalista: "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad"
El abogado penalista Ciro Cancho cuestionó la falta de concreción en el pedido de facultades. Explicó que la presidenta habla "de forma bastante general" sin especificar qué artículos del Código Penal o del Código Procesal Penal se modificarán. Para Cancho, ese vacío convierte al anuncio en "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad" para emprender una reforma de esta magnitud.
El penalista insistió en que cualquier cambio a la norma penal debe sustentarse en criterios técnicos, no políticos. Señaló que las reformas de este tipo requieren la opinión de "un abogado penalista, aquel que esté relacionado fundamentalmente con el área de política criminal". Cuestionó, además, que no se conozca la identidad de los asesores que definen la orientación de los cambios anunciados por el Ejecutivo.
PUEDES VER: Keiko Fujimori: Quince ministros del gabinete ministerial tienen antecedentes por corrupción
Cancho planteó también un cuestionamiento de fondo sobre las motivaciones detrás del pedido. A su juicio, la falta de claridad "daría la impresión" de que el partido de gobierno buscaría aprovechar las facultades para "emitir normas que favorezcan a los intereses finalmente de ellos, con nombre propio", en lugar de responder a una necesidad de la sociedad peruana en su conjunto.
El especialista cerró su análisis con una advertencia sobre la frecuencia de las reformas penales en el país. Recordó que ya se aprobaron cambios recientes en crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Para Cancho, el Código Penal "no puede estar modificándose a cada rato" y cada ajuste debe responder a datos que aporte la criminología, no a decisiones políticas aisladas.
Aarón Alemán, abogado penalista: la reforma toca el núcleo del sistema de justicia penal
El abogado penalista Aarón Alemán planteó un análisis distinto, centrado en el alcance jurídico del pedido. Aclaró que la solicitud de facultades legislativas no es, por sí misma, inconstitucional. La Constitución permite que el Congreso delegue facultades sobre materias específicas y por un plazo determinado. El problema, dijo, está en la amplitud de lo que se anuncia.
Alemán detalló que las normas involucradas "constituyen el núcleo del sistema de justicia penal peruano". No se trata solo del Código Penal o el Código Procesal Penal. El pedido también alcanzaría al régimen de crimen organizado, lavado de activos, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos informáticos, ejecución penal y responsabilidad penal adolescente. Esa amplitud, advirtió, exige "un control especialmente riguroso" sobre el contenido de las futuras modificaciones.
PUEDES VER: Diputado de Juntos por el Perú es detenido por presunta agresión física a una mujer
El penalista subrayó que una reforma de este tamaño solo será legítima si responde a evidencia empírica sobre las causas reales de la impunidad y la criminalidad organizada. Advirtió que endurecer penas o ampliar facultades de investigación "no garantiza, por sí solo, una reducción de la delincuencia". La eficacia del sistema depende también del fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Alemán pidió, además, que cualquier cambio mantenga coherencia con los estándares internacionales que el Perú asumió en lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos, corrupción y derechos humanos. Concluyó que la delegación de facultades representa una oportunidad para corregir deficiencias del sistema penal, pero también un riesgo real de aprobar cambios de alto impacto sin el debate técnico necesario.
PUEDES VER: Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedidos de facultades de Fujimori
José Luis Pérez, exministro del Interior: "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión"
El expediente de reforma no se limita al plano penal. El paquete de facultades también contempla cambios al sistema penitenciario, según confirmó el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Dos puntos concentran su atención: la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman funciones administrativas dentro de los penales y la entrada de empresas privadas a la gestión carcelaria.
Pérez Guadalupe calificó la propuesta militar como parte de "una tendencia continental" de militarización de la seguridad ciudadana en la región. Comparó la medida con pedirle a un piloto de la Fuerza Aérea que dirija un submarino: "un militar no entiende y no tiene por qué entender las funciones de un director de penal". Advirtió que un director militar enfrentaría denuncias penales por desconocer trámites básicos, como la excarcelación de un interno dentro de las 24 horas que exige la ley.
PUEDES VER: Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedidos de facultades de Fujimori
El exministro fue enfático en identificar la raíz del problema penitenciario. Afirmó que "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión" y citó una cifra concreta: entre 2011 y 2016 se inauguraron diez penales nuevos en el país. Después de 2016, no se inauguró ninguno. Para él, la solución no pasa por reemplazar al personal actual, sino por gestionar mejor los recursos ya existentes.
Sobre la privatización, Pérez Guadalupe cuestionó el concepto mismo. Explicó que, a diferencia de servicios como electricidad o agua, no existe un modelo claro de rentabilidad para un privado que administre penales con más de 400% de hacinamiento, como Lurigancho o Castro Castro, mientras el Estado paga apenas ocho dólares diarios por interno. Aclaró, además, que la construcción de penales ya está en manos privadas a través de licitaciones, por lo que ese punto no representaría una novedad real dentro del proyecto.
Fuente: larepublica.pe
