Una iniciativa integral orientada a transformar la cadena productiva de la minería, fortalecer la formalización minera y recuperar para el Estado una actividad que actualmente estaría, en gran parte, capturada por economías ilegales fue presentada como estrategia en el foro social Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de la Minería.
En este evento participaron dirigentes de las comunidades, trabajadores y especialistas del sector minero.
El futuro de la minería en el Perú debe decidirse con las comunidades y los trabajadores, priorizando la protección de los ecosistemas, concluyeron durante la presentación de propuestas y demandas, que tiene como objetivo consolidar una cadena de minería legal, trazable y competitiva.
Algunos minerales, como el oro que se extrae en el país, tendrían origen informal o ilegal, una actividad que históricamente ha financiado grupos mafiosos, genera ingresos estimados en US$12.000 millones y constituye actualmente la economía ilegal más grande del país, por encima del narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal combinados.
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Esto equivale a más de 104 toneladas de oro de procedencia ilícita al año, igualando el volumen de las exportaciones formales.
NO ES SOLO UN PROBLEMA AMBIENTAL
La minería ilegal no es solo un problema ambiental, sino de seguridad nacional.
Así, los daños ambientales causados por la minería, la situación laboral de los mineros de las grandes empresas y una nueva mirada sobre el rol de la actividad minera en Perú se pusieron en debate durante el referido foro, que se realizó el 23 de junio en Lima.
La capital peruana fue la última semana escenario de otro foro: el Congreso Mundial de Minería, donde empresas del sector se reunieron en mesas y exposiciones sobre el futuro de la actividad.
El foro social Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de la Minería, en cambio, fue un evento paralelo que reunió a dirigentes sociales de Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Áncash, Cajamarca y La Libertad, así como a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).
Allí, expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles analizaron el futuro de la minería con la participación de las comunidades y los trabajadores de las operaciones mineras.
“Existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley”, señala Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
Además, considera que “el marco legal peruano está desfasado para enfrentar los nuevos retos de la minería informal y el avance del crimen alrededor de la minería”.
En ese sentido, señaló la importancia de reconocer que la heterogeneidad de las prácticas productivas en el territorio —minería formal, informal e ilegal— ha desbordado esta mirada centrada en la gran minería. El escenario va mucho más allá y se complejiza.
LLAMADO A UN DIÁLOGO NACIONAL
Las conversaciones concluyeron con un llamado al diálogo para pensar una minería que coloque en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo, además de una revisión de la legislación actual que considere los minerales estratégicos para la transición energética y la disputa geopolítica por el control de recursos.
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El Foro Social, organizado por CooperAcción y la Red Muqui, se realizó un día antes de que se iniciara el Congreso Mundial de Minería, del 24 al 26 de junio.
De esta forma, se hizo un llamado a un diálogo nacional sobre el rol de la minería en el país y a colocar en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo.
Diversas organizaciones sociales y sindicales señalaron que no se puede planificar el futuro de la minería sin definir una nueva gobernanza minera, que implica la participación efectiva de las comunidades, los pueblos indígenas y los trabajadores de las operaciones mineras.
Abel Gilvonio, director de CooperAcción, señaló que existe la necesidad de iniciar un debate sobre la Ley General de Minería, que data de la década de 1990 y ya ha quedado desfasada frente a desafíos como la minería informal o los nuevos minerales estratégicos.
Por su parte, Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, destacó que “este foro es una oportunidad para dialogar, compartir nuestras experiencias y generar propuestas colectivas” desde la población.
TRES PANELES TEMÁTICOS
En el evento se desarrollaron tres paneles temáticos en los que se abordaron: Los nuevos minerales estratégicos y la disputa geopolítica por el control de recursos; Los desafíos de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú; y Los desafíos para la gobernanza social y ambiental.
En la primera mesa, referida a los minerales estratégicos o críticos, el ingeniero Pavel Aquino señaló que nuevos metales estratégicos, como el indio, telurio, galio y germanio, son esenciales para fabricar baterías, paneles solares y semiconductores, y que estos son exportados como parte de los concentrados de cobre y zinc, pero no aparecen en ningún registro oficial del Estado peruano.
Los análisis químicos realizados en un estudio de CooperAcción permitieron identificar la presencia de diversos elementos asociados, entre ellos cobalto, níquel, selenio y otros minerales considerados críticos o estratégicos.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, si el Perú recuperara y valorizara adecuadamente estos elementos contenidos en los concentrados, podría generar ingresos adicionales de cientos de millones de dólares al año.
“La legislación minera ha quedado desfasada por la realidad”, señaló Pavel Aquino.
REALIDAD DE LA MAPE
Posteriormente, la siguiente mesa abordó los desafíos de la MAPE. La mesa contó con las exposiciones del Dr. Víctor Hugo Pachas, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gerente del Laboratorio de Economías de Pequeña Escala de Earth First; la Dra. Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico; y Neider Zárate, economista de la Alianza por la Minería Responsable.
A lo largo de las intervenciones emergió una idea común: la realidad actual de la MAPE ha cambiado profundamente y las políticas públicas vigentes no han logrado adaptarse a esa transformación.
Uno de los temas que generó mayor consenso durante el debate fue la necesidad de revisar el régimen de concesiones mineras, pues miles de mineros de la MAPE desarrollan actividades en territorios donde los derechos pertenecen a terceros, situación que genera relaciones de dependencia, conflictos permanentes e incertidumbre jurídica.
Resulta difícil avanzar hacia una formalización sostenible mientras no se aborde este problema estructural.
Finalmente, en la tercera mesa se dio a conocer el pronunciamiento elaborado por los líderes sociales presentes a lo largo de la jornada.
Yolanda Zurita, de la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana de Junín; Estela Rojas, del Comité de Salud del puerto de Huarmey (Áncash); y Teófilo Manzaneda, de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), leyeron el pronunciamiento público de las organizaciones sociales participantes en el Foro Social: Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería.
El pronunciamiento fue entregado a la diputada electa Gianina Avendaño, quien destacó las propuestas y demandas de las organizaciones y se comprometió a trabajar en esta agenda.
En el evento participaron también representantes de las organizaciones sociales y comunidades campesinas afectadas por la actividad minera de Cusco, Apurímac, Puno, Cajamarca y La Libertad.
El pronunciamiento de las organizaciones será entregado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entidad organizadora del Congreso Mundial de Minería; a instituciones del Estado; y a autoridades electas del próximo Congreso.
Fuente: larepublica.pe
