El Gobierno declaró el estado de emergencia en dos distritos de Junín tras los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5,1 registrado el último fin de semana. La medida comprende a Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
La decisión fue tomada luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtiera que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín fue sobrepasada, por lo que se requiere la intervención técnica y operativa de entidades del Gobierno nacional para atender la emergencia.
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El movimiento sísmico dejó seis personas fallecidas, además de daños en viviendas, infraestructura educativa y otros espacios afectados. Según el director ejecutivo del Indeci en Junín, general Julio César Gálvez, la cifra de damnificados aumentó a más de 2.000 personas, aunque el registro oficial aún se encontraba en proceso de validación por parte de las autoridades locales.
Daños requieren apoyo nacional
La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 111-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El documento establece que durante este periodo se ejecutarán acciones de respuesta y rehabilitación para atender las consecuencias del sismo.
El informe situacional elaborado por Indeci señala que el movimiento sísmico generó afectaciones en viviendas e infraestructura educativa, entre otros sectores. Ante esta situación, recomendó declarar la emergencia para facilitar la intervención de los organismos nacionales.
La norma establece que el Gobierno Regional de Junín y los municipios involucrados ejecutarán las acciones necesarias con la coordinación técnica y seguimiento de Indeci.
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Participarán varios ministerios
Como parte de la atención de la emergencia, se dispuso la participación de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.
Estas entidades deberán implementar medidas vinculadas con la atención de la población, recuperación de servicios afectados y rehabilitación de las zonas dañadas.
El Ejecutivo precisó que las acciones tendrán relación directa con los daños ocasionados por el sismo y podrán modificarse según las necesidades que se identifiquen durante la emergencia.
Habilitan donaciones para afectados
El decreto también autoriza la entrega de donaciones destinadas a la población afectada por el desastre. Entre los bienes considerados figuran alimentos, bebidas, medicinas, materiales de abrigo, carpas, artículos de aseo, equipos médicos, herramientas y materiales de construcción.
Además, se incluyen servicios gratuitos de transporte, atención médica, logística, traslado y almacenamiento, entre otros apoyos que puedan requerirse durante la emergencia.
La implementación de estas medidas será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.
Fuente: larepublica.pe
