“Llevamos casi cinco años con un crecimiento sostenido de este flagelo. Los negocios no están abriendo y muchos están cerrando por miedo”. Con esta frase, Leonidas Jiménez, comerciante del Cercado de Lima, resume una crisis que ya no se mide solo en denuncias, sino en calles cada vez más vacías de comercio y en una economía barrial que pierde terreno frente a la presión criminal.
La extorsión dejó de ser un delito puntual para convertirse en una práctica que condiciona la actividad económica. Comerciantes pequeños, bodegueros y dueños de negocios operan bajo una lógica de pago obligatorio, en la que negarse puede significar amenazas, ataques o el cierre definitivo.
“Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión, a algunos hasta tres veces los siguen extorsionando”, señala Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
Las cifras refuerzan esa percepción. En apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio como consecuencia de la inseguridad ciudadana pasó de 32% a 45%, según una encuesta de Ipsos hecha para el Observatorio del Crimen y la Violencia.
Lima es la región más golpeada (59%) y el efecto alcanza por igual a todos los niveles socioeconómicos. Así lo informa el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del reporte.
UN DELITO IMPUNE
Entre enero y mayo del 2026 se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, concentrados abrumadoramente en Lima y el Callao, y bastante por debajo en Piura, La Libertad e Ica.
La investigación identifica que la violencia sigue corredores metropolitanos específicos que conectan Lima Norte y Lima Este con un sur metropolitano –San Juan de Miraflores y Villa El Salvador– más castigado de lo que sugería una primera lectura, con clara concentración en horario nocturno.
Asimismo, según comentó Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte, “la extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido”.
“Muchos prefieren pagar. No denuncian porque los amenazan a ellos, a sus familias, a sus empleados. Hay casos en los que intentan incendiar los negocios o disparan contra las fachadas para presionar”, explica Luzmila Buendía, comerciante del emporio de Gamarra.
Este subregistro distorsiona cualquier intento de medir la magnitud real del fenómeno. Aunque las autoridades reportan una disminución en las denuncias durante 2026, la percepción en los barrios es distinta: la presión se mantiene y, en algunos sectores, incluso se intensifica.
La situación no solo implica cierres. También ha frenado la creación de nuevos negocios.
“Hoy en día tú no ves que se estén abriendo tiendas. La gente no quiere invertir porque sabe que va a tener que pagar. Y eso hace inviable cualquier emprendimiento pequeño”, señala Andrés Choy.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Para expertos en seguridad, la extorsión funciona hoy como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales.
Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal lo describe como un ‘impuesto criminal’ que no solo genera ingresos, sino que también permite sostener otras actividades ilegales como el sicariato y el control territorial.
Este sistema opera con múltiples actores. Aunque bandas como Los Mexicanos y Los Injernos del Cono Norte son señaladas como protagonistas, también hay otros delincuentes comunes que utilizan sus nombres para intimidar y extorsionar.
“Hay mucha gente que no pertenece a esas bandas, pero se hace pasar por ellas. El comerciante no tiene cómo saberlo y termina pagando igual”, advierte el oficial.
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El resultado es un esquema fragmentado, en el que un mismo negocio puede recibir exigencias de varios grupos al mismo tiempo, lo que eleva la presión económica y el riesgo.
El reporte dedica un informe especial a los transportistas, el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato.
IMPACTO EN SALUD MENTAL
El reporte muestra también un incremento significativo en el impacto sobre la salud mental: la proporción de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado –“algo” o “mucho”– como consecuencia de la inseguridad pasó de 75% en el 2025 a 78% en el 2026, con un crecimiento especialmente marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior.
El informe presenta, además, un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios –consumados y fallidos– para capturar también aquellos casos en los que hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera.
Entre enero y mayo del 2026, el IDCV registró 1.054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. Entre las regiones del interior, Ica aparece como la más afectada al combinar números absolutos y población. A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto.
Fuente: larepublica.pe
