La Corte Penal Nacional es el tribunal que concentra los casos más complejos del sistema de justicia peruano, entre ellos Lava Jato, Odebrecht y Cuellos Blancos del Puerto. Esta semana entró en una crisis abierta por una disputa de poder entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los jueces recién nombrados por la JNJ. Las audiencias quedaron interrumpidas y las partes de los procesos no tuvieron certeza sobre quién presidía cada sala de un día para otro.
La corte funciona con cinco salas de apelaciones de tres jueces cada una, lo que suma 15 jueces superiores en total. Hasta hace poco, ninguno de ellos era titular de este tribunal especializado, así que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designaba directamente a quien lo presidía. Eso cambió con los nombramientos de la JNJ, que ya colocó a 11 de esos 15 jueces como titulares. La ley señala que, al llegar a ese número, los propios jueces pueden reunirse en una sala plena, es decir, una asamblea de todos los titulares, y elegir a su propio presidente. Quien presida decide cómo se organizan las salas y qué juez encabeza cada una, lo que, en la práctica, determina quién resuelve los casos más sensibles del país.
Para evitar que esa asamblea eligiera a un nuevo presidente meses antes de terminar el periodo, el Consejo Ejecutivo prorrogó de manera excepcional hasta diciembre el mandato del actual presidente, Jhonny Contreras, alegando que un cambio de liderazgo en medio de casos tan complejos generaría inestabilidad. Los jueces nombrados por la JNJ consideran esa prórroga un exceso que les arrebata una atribución que la ley ya les reconoce, y por eso convocaron su propia sala plena para disputarle el control.
La sospecha de que este proceso responde a algo más que a criterios técnicos tiene respaldo documental. En el primer grupo de jueces nombrados en mayo, la JNJ excluyó a postulantes que ocupaban mejores puestos en el cuadro de méritos, entre ellos Yeni Magallanes Rodríguez, quinta en la lista, mientras nombraba a otros que la seguían en la calificación.
Es plausible, entonces, que el objetivo de fondo no sea meramente administrativo, como aducen, sino de control.
Durante el fujimorato de los noventa bastó controlar ciertos tribunales y salas específicas para garantizar por años la impunidad de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. El nuevo Congreso y el próximo gobierno reciben un Poder Judicial cuya independencia corre el riesgo de quedar atrapada entre dos actores que compiten por el mismo poder, no por garantizarla.
Fuente: larepublica.pe
