La Junta Nacional de Justicia decidió reincorporar a Carlos Loyola como postulante al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta decisión, el concurso —que había sido declarado desierto— queda reabierto para que pueda elegirse al nuevo titular de la institución electoral.
Loyola vuelve a ser postulante luego de que el Pleno de la JNJ aceptara el recurso de reconsideración que presentó. El aspirante al cargo argumentó que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.
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De acuerdo con la nota de prensa difundida por la propia JNJ, la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo votaron a favor de la reconsideración. En contra se pronunciaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.
Además, se informó que el Pleno decidió reestructurar el cronograma de las actividades pendientes del concurso para continuar con la evaluación del postulante. 'La reprogramación del cronograma permitirá continuar con el desarrollo del concurso público conforme a las disposiciones que apruebe el Pleno, garantizando el normal desarrollo del proceso de selección del futuro jefe de la ONPE', señaló la nota de prensa.
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Los procesos que habían alejado a Loyola y el pedido que lo trajo de vuelta
Como se sabe, la JNJ advirtió que, en su Ficha de Inscripción —documento que tiene carácter de declaración jurada—, Loyola consignó que no afrontaba procesos en los ámbitos penal, administrativo o disciplinario, ni había sido suspendido del cargo o demandado en la vía civil. Sin embargo, tras verificar la información, detectó que al momento de presentar su inscripción mantenía dos procesos judiciales en trámite.
Uno de estos procesos esta relacionado con su etapa laboral en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ya que se originó a partir de una investigación sobre las funciones que desempeñó en esa entidad. El otro corresponde a una demanda civil presentada por una cooperativa debido al incumplimiento oportuno de un pago durante la pandemia de la COVID-19. Según explicó el ingeniero, recién fue notificado oficialmente de este último caso en 2024 y optó por apelarlo al considerar que los intereses establecidos son desproporcionados.
Loyola, en su recurso, señaló que la omisión ocurrió durante el registro inicial y no hubo mala fe en ella: “Fue un error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva".
Fuente: larepublica.pe
