El embarazo adolescente ingresó a la agenda del nuevo Gobierno con una promesa concreta: reducir su incidencia en el país. Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un programa multisectorial para el desarrollo integral de adolescentes y planteó como objetivo disminuir una problemática que afecta al 8,4% de mujeres de 15 a 19 años a nivel nacional. Sin embargo, el anuncio dejó abiertas varias interrogantes sobre la estrategia que se aplicará para lograrlo.
Aunque Fujimori señaló que el problema se agrava en zonas rurales, donde la cifra supera el 18%, no detalló cómo se intervendrá en los territorios con mayores brechas ni qué papel tendrán sectores clave como Salud, Educación y el Ministerio de la Mujer. En su discurso tampoco hubo referencias a educación sexual integral, prevención de violencia sexual o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
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Sin enfoque en derechos
Para Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, el principal desafío está en evitar que el embarazo adolescente sea tratado únicamente como un problema de prevención individual. La especialista considera que la política debe incorporar las condiciones que limitan la capacidad de decisión de muchas adolescentes, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad.
“Uno de los aspectos fundamentales es la autonomía reproductiva de las mujeres: poder decidir cuándo tener un embarazo, si quieren tenerlo y acceder a los servicios necesarios para ello”, explicó.
Chávez sostiene que una intervención efectiva requiere fortalecer el rol del sector Salud, no solo en la atención posterior al embarazo, sino en la prevención mediante acceso a métodos anticonceptivos y servicios diferenciados para adolescentes. También cuestionó que el mensaje presidencial no haya incorporado la educación sexual integral como parte de la respuesta estatal.
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Violencia invisible
Uno de los principales vacíos señalados por las expertas es la ausencia de la violencia contra niñas y adolescentes dentro del anuncio presidencial. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, advierte que hablar de embarazo adolescente sin considerar las agresiones sexuales invisibiliza una parte crítica del problema, sobre todo cuando se trata de niñas menores de 15 años. “Estos embarazos pueden ser producto de uniones tempranas, pero también de maternidades forzadas o violencia sexual”, señaló.
Para Miloslavich, el reto no pasa solo por crear nuevos programas, sino por recuperar y fortalecer políticas que ya existen dentro del Estado. Según explicó, la prevención requiere un enfoque de género e interculturalidad que permita responder a realidades distintas entre una adolescente de una zona urbana y otra que vive en comunidades rurales o amazónicas.
Las brechas territoriales reflejan esa diferencia. Según el plan de Gobierno de Fujimori, la tasa de embarazo adolescente llega al 28,6% en la selva rural, mientras que en la costa urbana alcanza el 5,1%. Para las expertas, estas cifras muestran que el problema está relacionado con factores sociales más amplios, como pobreza, acceso desigual a servicios y oportunidades educativas.
Infancias truncadas
Desde la perspectiva del desarrollo adolescente, la docente y antropóloga Nani Pease cuestiona que el anuncio presidencial haya presentado el embarazo como el único indicador a reducir, sin explicar cómo se acompañará a los adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida. “Cuando se habla únicamente en términos preventivos del embarazo adolescente, parece que fuera una situación que se resuelve solo con información, pero no con una mirada integral del desarrollo adolescente”, sostuvo.
La especialista explica que la educación sexual integral no solo busca prevenir embarazos, sino brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo, comprender los vínculos afectivos y prevenir violencias. En ese sentido, considera que excluir este componente debilita cualquier estrategia de largo plazo.
Un reto pendiente
El plan de Gobierno de Fuerza Popular sí desarrolla algunos lineamientos adicionales. Plantea un programa presupuestal para prevenir embarazo adolescente y VIH, fortalecer habilidades socioemocionales, promover una crianza positiva y crear un sistema especializado para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. No obstante, especialistas señalan que estos planteamientos requieren mayor precisión para convertirse en políticas efectivas.
Otro elemento pendiente es el financiamiento. Aunque el gasto público dirigido a niñez y adolescencia se duplicó entre 2013 y 2023, la inversión específica para protección frente a la violencia representa apenas el 1,4% del presupuesto total destinado a esta población.
El Ejecutivo enfrenta ahora el desafío de convertir una meta estadística en una política integral. Para las especialistas, reducir el embarazo adolescente no dependerá solo de campañas preventivas, sino de garantizar que niñas y adolescentes puedan estudiar, acceder a servicios de salud, vivir libres de violencia y tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Fuente: larepublica.pe
