¿Cuántos límites está dispuesto a cruzar un Gobierno en nombre de la seguridad? En Ecuador, durante el mandato de Daniel Noboa, se ha deteriorado la situación de los derechos humanos con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de malos tratos en prisión y la declaración de un conflicto armado interno sin cumplir criterios objetivos, según diversas organizaciones de derechos humanos.
Pese a ello, Keiko Fujimori planea tomar como referencia las acciones de Noboa Azín para enfrentar la inseguridad en Perú durante un eventual gobierno. Así lo mencionó en una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo.
La lideresa de Fuerza Popular comentó que ha conversado con Noboa y considera que "existen muchas similitudes en la problemática" y, por lo tanto, espera compartir "muchas soluciones".
"Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos", declaró.
También mencionó que planea convocar a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, como las fronteras. "Que las FF.AA trabajen con la Policía Nacional en las cárceles, junto con el Instituto Penitenciario", dijo, aun cuando la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha vulnerado los derechos humanos en dicho país durante la gestión del mandatario ecuatoriano, quien asumió funciones el 23 de noviembre del 2023.
Deterioro de los derechos humanos en Ecuador
Así lo alertaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En enero de este año, la CIDH solicitó otorgar medidas cautelares para los presos en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, conocido como Penitenciaría del Litoral, pues identificó problemas estructurales en las instalaciones, acceso limitado a atención médica y severo hacinamiento. Sobre todo, casos de tuberculosis.
Antes de ello, el 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión tras la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio "Las Malvinas" en Guayaquil.
En enero de 2024, Noboa calificó a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de "terroristas" y declaró la existencia de un "conflicto armado interno". Además, ha prorrogado constantemente los estados de excepción.
Sobre esto, Human Rights Watch envió una carta al presidente ecuatoriano en la que mencionó que la existencia de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, "no depende de la declaración que haga un gobierno", sino que responde a criterios establecidos que, según consideran, no se cumplían.
La denominación, mencionaron, tiene "consecuencias en la vida de los ecuatorianos", pues cuando se trata de la existencia de un conflicto armado, el derecho internacional permite un uso más amplio de la fuerza, incluida en ocasiones la fuerza letal.
Además, la organización enfatizó que los resultados en materia de seguridad no han sido los mejores. "Como ha señalado su gobierno, el número de “muertes violentas” disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. Sin embargo, el aumento en los niveles de extorsión y secuestro, así como los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión, muestran que la situación de seguridad sigue siendo grave", indicaron y añadieron que aumentaron las detenciones en flagrancia, las cuales responden a delitos menores y no a gran escala.
Por su parte, Amnistía Internacional alertó que "la militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos".
Política represiva no sería eficiente en Perú
Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos e integrante del IDL, calificó de "desastroso" el escenario ecuatoriano y resaltó que no se han generado grandes resultados. En su lugar, indicó, se ha deteriorado la vigencia del Estado de derecho, se ha militarizado la seguridad pública y han disminuido las condiciones de gobernabilidad.
Por ello, emular las medidas de este país en Perú sería como "echarle leña al fuego" y no sería eficiente porque las características de la criminalidad son muy diferentes de las del país vecino.
"En Perú me parece que la criminalidad ha tomado otra dirección y es la de aproximarse a los grupos de poder. Por ejemplo, casos como la minería ilegal y organizaciones criminales que han sido vinculadas al poder", declaró a este medio.
Asimismo, mencionó la toma de TC Televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil y explicó que considera que un hecho similar no podría ocurrir en Perú porque "el crimen organizado no tiene la necesidad de hacer un acto de de tal envergadura" debido a que "las prebendas y los beneficios los ha obtenido desde la política".
De igual forma, resaltó que en Perú ya se han tomado ciertas medidas "represivas"; sin embargo, no han dado resultados. "La tipificación de nuevos delitos, la militarización de zonas como Pataz, el debate constante que hay de permitir a las Fuerzas Armadas tener competencia sobre asuntos de seguridad pública y demás. ¿Han dado resultado? Yo diría que no", dijo.
En ese sentido, considera que las políticas de mano dura, en lugar de reducir la criminalidad, van a afectar a la ciudadanía en temas de derechos humanos. "Lamentablemente el fujimorismo siempre está bastante vinculado a expresiones o a reacciones de militarización del tema de la de la de la inseguridad", anotó.
Escenarios de Ecuador y Perú son diferentes
Por su parte, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador.
"La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a este medio.
Mencionó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".
Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.
Sin embargo, no sería favorable incluir a las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas porque no están calificadas para esa labor.
"Yo creo que lo que más ha dado resultado en el Perú, incluso en la época del terrorismo y el conflicto armado que sostuvo el Estado contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, fue la inteligencia policial", expresó.
Por ello, enfatizó que "una política contra la criminalidad en el Perú debe tener un perfil propio. Se pueden recoger experiencias de otros países, pero no simplemente clonarlas o copiarlas".
Sobre todo, a fin de evitar a toda costa vulnerar inútilmente los derechos de las personas. "En el momento en que se cruza esa línea, ya es difícil volver", alertó.
En tanto, sobre la calificación de "terroristas" y "conflicto armado interno" que realizó Noboa, el abogado constitucionalista Rafael Rodríguez considera que a Keiko Fujimori no le conviene recurrir a ello, pues la ciudadanía recordaría lo sucedido durante la gestión de su padre.
"Ella, el fujimorismo y cierto sector del país siempre han sido renuentes a hablar de conflicto armado", anotó. Y agregó: "Creo que durante su discurso del 28 de julio ya podríamos conocer las estrategias concretas de carácter legislativo que el nuevo gobierno quiere implementar y, a partir de ello, estar atentos".
Fuente: larepublica.pe
