La crisis climática ya no es solo un problema ambiental. Es una amenaza directa al derecho a la educación. En el mundo, cerca de 1.000 millones de niños viven en países con riesgo climático extremadamente alto y, solo en los últimos años, más de 242 millones de estudiantes en 85 países han visto interrumpidas sus clases por eventos climáticos extremos.
El Perú no es ajeno a sus efectos. Inundaciones, sequías, heladas, friajes y olas de calor afectan cada año a comunidades de la costa, la sierra y la Amazonía, interrumpiendo con frecuencia el servicio educativo debido a vías bloqueadas, infraestructura dañada o escuelas convertidas en refugios temporales. Las consecuencias comprometen las trayectorias educativas, incrementan el riesgo de abandono escolar y profundizan las desigualdades que afectan con mayor fuerza a los estudiantes más vulnerables. En este contexto, la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño de gran intensidad entre 2026 y 2027 constituye una advertencia que el país no puede ignorar.
En este contexto, resulta significativa la decisión del Ministerio de Educación de adelantar el cierre del año escolar en cinco COAR del norte del país con el fin de proteger a 1.373 estudiantes ante posibles emergencias climáticas. Sin embargo, esta medida plantea una interrogante necesaria: si existe evidencia suficiente para adoptar acciones preventivas en los COAR, ¿por qué no aplicar criterios similares a las miles de escuelas que enfrentan niveles comparables de exposición en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y otras regiones del país? La continuidad del servicio educativo no debería depender del tipo de institución, sino del grado de vulnerabilidad de los territorios y de las comunidades escolares.
La adaptación climática debe asumirse como una prioridad de la política educativa. Frente a eventos cada vez más extremos, garantizar la continuidad de los aprendizajes mediante infraestructura segura, sistemas de alerta temprana, planes de continuidad pedagógica y mecanismos de protección que beneficien a todas las comunidades educativas sin distinción no es solo una estrategia de gestión, sino un compromiso con la justicia educativa y una responsabilidad ineludible del Estado.
Colaboran Irma Mariño, de Fe y Alegría, y Martín Moya, de Foro Educativo.
Fuente: larepublica.pe
